El Senado de la República enfrentará en su próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero, uno de los temas más polémicos de la agenda legislativa: la figura de los “jueces sin rostro” para casos de delincuencia organizada.
La iniciativa, que busca proteger mediante el anonimato a juzgadores que atiendan casos de crimen organizado, fue modificada tras cuestionamientos por posibles violaciones al debido proceso y derechos humanos.
Originalmente programada para diciembre, la discusión se pospuso a febrero para reformular la propuesta. La nueva versión contempla un resguardo temporal que no oculta completamente la identidad del juzgador ante las partes involucradas, estableciendo que esta protección será excepcional, limitada en el tiempo y sujeta a controles estrictos.
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El juez deberá solicitar formalmente esta medida al Órgano de Administración Judicial y se aplicaría únicamente durante el periodo estrictamente indispensable, al buscar equilibrar la seguridad del juzgador con el derecho fundamental del acusado a saber quién lo juzga.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha señalado que mantener en secreto la identidad de los jueces vulnera el derecho de los acusados a un juicio justo y transparente. Por esta razón, los legisladores ajustaron la propuesta para cumplir con estándares internacionales y evitar que los juicios sean anulados o impugnados posteriormente.
Al delinear las prioridades legislativas, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó primero la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
Entre otros temas pendientes destacan la revocación de mandato concurrente, donde se propone cambiar la fecha de votación de agosto a junio de 2027 para empatar este proceso con las elecciones ordinarias, así como la eliminación del fuero constitucional para los legisladores.
La reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de transferencia de tecnología para simplificar la protección de patentes y registros, se encuentra pendiente de discusión. Además de la actualización del Reglamento del Senado, proyecto que incorpora el lenguaje de género y busca modernizar los acuerdos, así como los debates y su organización.
