Ante el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, este domingo, la esperada reforma electoral permanece en el terreno de las negociaciones sin que exista un documento oficial que detalle su contenido definitivo.
Las conversaciones entre Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), continúan en desarrollo sin que se haya logrado un acuerdo final sobre los puntos más controversiales de la iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
- El Dato: Los panistas Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Jorge Romero acudieron el pasado 22 de enero al INE para presentar su propuesta de Ley de Reforma Electoral.
La propuesta original contempla cambios estructurales al sistema electoral: la eliminación o reducción significativa de diputados y senadores de representación proporcional, conocidos como plurinominales, así como un recorte sustancial al financiamiento público que reciben los partidos políticos, de acuerdo con lo delineado por el Ejecutivo federal.
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Estos temas aún son objeto de discusión, no sólo con los representantes de la oposición, sino a nivel interno, entre los partidos que integran la Cuarta Transformación (4T). En estos ámbitos hay quienes buscan encontrar un equilibrio entre la intención declarada de reducir costos en el sistema electoral y las preocupaciones sobre el impacto que estos cambios podrían tener en la representatividad y el pluralismo político del país, como también han señalado expertos consultados por este medio.
Los tres partidos que integran la coalición oficialista firmaron el pasado miércoles un pacto de unidad con miras a las elecciones intermedias de 2027, donde se renovará la Cámara de Diputados y se disputarán 17 gubernaturas. Luisa María Alcalde, de Morena; Alberto Anaya, del PT, y Karen Castrejón, del PVEM, avalaron el acuerdo que promete mantener el respaldo al Gobierno de Claudia Sheinbaum y dar continuidad al proyecto de la 4T.
- 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados se renovarán en las elecciones intermedias de 2027
Sin embargo, el documento signado no abordó reformas legales específicas, como la iniciativa para renovar el sistema de elecciones.
Karen Castrejón, del PVEM, subrayó la importancia del diálogo constante y la capacidad de resolver desacuerdos internos sin comprometer la gobernabilidad ni los logros obtenidos. La dirigente del Verde dejó entrever que mantener esta alianza requerirá negociación permanente ante las divergencias naturales entre las tres fuerzas políticas.
En las últimas semanas, el PVEM ha marcado sus límites en las negociaciones, al advertir que rechazará cualquier propuesta de reforma electoral que elimine o reduzca las diputaciones y senadurías plurinominales, o que disminuya los recursos públicos destinados a los partidos, por considerar que estas modificaciones afectarían a las fuerzas minoritarias y alterarían el equilibrio democrático.
Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del PVEM y vicepresidente de la mesa directiva del Senado, subrayó que no se trata de una posición reciente, sino de un planteamiento que el Verde ha mantenido de manera consistente desde el inicio de las discusiones sobre cambios al sistema electoral.
El legislador sostuvo que reducir estos recursos concentraría el poder en la fuerza política mayoritaria, al dejar en franca desventaja a las minorías: “No podemos permitir que se debilite la representación de las voces minoritarias en el sistema político mexicano”.
El Verde prepara su propia propuesta de enmienda para la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.
En el caso del Partido del Trabajo, su coordinador en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, informó que hasta el momento el Gobierno federal no cuenta con un documento oficial de propuesta. Añadió que ésta será construida al priorizar la unidad de la coalición y “en torno a las prioridades de México”.
El analista político Fernando Dworak Camargo señala que Morena es “muy poco conexo” en grupos políticos y, al contrario del PRI en sus años de hegemonía, requiere de una coalición para gobernar y mantener sus mayorías legislativas: “Una reforma como la que quiere la Presidenta implica que ambos sacrifiquen cosas. No es lo mismo retejer una alianza con un Verde y un PT más o menos aliados que con un Verde y un PT ofendidos o echados a un lado por la torpe operación política que ha tenido lugar”.
Para Dworak, la situación evidencia errores de cálculo político que pudieron evitarse con una mejor estrategia de negociación, especialmente al considerar que ambos partidos aliados han sido fundamentales para alcanzar la mayoría calificada necesaria para reformas constitucionales.
En el Congreso, tanto la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, como Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, han dejado en claro que, si no se alcanzan acuerdos con el Verde y el PT, no transitará la reforma electoral en los términos que anunció inicialmente la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Morena tiene como plazo hasta el 31 de mayo para aprobar, promulgar y publicar las modificaciones constitucionales y legales que se quieran aplicar en el proceso electoral de 2027, pues la Constitución prohíbe modificaciones en materia electoral 90 días antes de iniciar el año electoral, que arranca el primero de septiembre próximo.
Este calendario ajustado añade presión adicional a las negociaciones, pues cualquier retraso significativo podría comprometer la posibilidad de que los cambios entren en vigor para los próximos comicios, lo que obligaría a posponer su implementación hasta el proceso electoral de 2030.
Agenda del Senado prioriza jueces sin rostro y 40 hrs
›Por Tania Gómez y Claudia Arellano
El Senado de la República enfrentará en su próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero, uno de los temas más polémicos de la agenda legislativa: la figura de los “jueces sin rostro” para casos de delincuencia organizada.
La iniciativa, que busca proteger mediante el anonimato a juzgadores que atiendan casos de crimen organizado, fue modificada tras cuestionamientos por posibles violaciones al debido proceso y derechos humanos.
Originalmente programada para diciembre, la discusión se pospuso a febrero para reformular la propuesta. La nueva versión contempla un resguardo temporal que no oculta completamente la identidad del juzgador ante las partes involucradas, estableciendo que esta protección será excepcional, limitada en el tiempo y sujeta a controles estrictos.
El juez deberá solicitar formalmente esta medida al Órgano de Administración Judicial y se aplicaría únicamente durante el periodo estrictamente indispensable, al buscar equilibrar la seguridad del juzgador con el derecho fundamental del acusado a saber quién lo juzga.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha señalado que mantener en secreto la identidad de los jueces vulnera el derecho de los acusados a un juicio justo y transparente. Por esta razón, los legisladores ajustaron la propuesta para cumplir con estándares internacionales y evitar que los juicios sean anulados o impugnados posteriormente.
Al delinear las prioridades legislativas, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, destacó primero la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
Entre otros temas pendientes destacan la revocación de mandato concurrente, donde se propone cambiar la fecha de votación de agosto a junio de 2027 para empatar este proceso con las elecciones ordinarias, así como la eliminación del fuero constitucional para los legisladores.
La reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en materia de transferencia de tecnología para simplificar la protección de patentes y registros, se encuentra pendiente de discusión. Además de la actualización del Reglamento del Senado, proyecto que incorpora el lenguaje de género y busca modernizar los acuerdos, así como los debates y su organización.
