Entre 2020 y 2026, al menos 35 alcaldes y cientos de funcionarios municipales han sido detenidos o vinculados a proceso por presuntos lazos con el crimen organizado en México, de acuerdo con una revisión elaborada por La Razón.
El fenómeno abarca desde Chiapas hasta Jalisco, revelando una estrategia sistemática de los cárteles por infiltrarse y controlar el poder local no sólo para el narcotráfico, sino para extorsionar, desaparecer personas y ejercer control territorial.
Expertos consultados señalan que la penetración del crimen organizado en los ayuntamientos mexicanos ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en una crisis nacional de gobernabilidad.
Estados como Michoacán, Veracruz, Jalisco, Chiapas y Estado de México concentran la mayor parte de los casos documentados, donde autoridades electas democráticamente operan bajo la sombra o en complicidad directa con organizaciones como el Cértel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana y el Cártel Chiapas-Guatemala.
- El Dato: El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar insistió en la necesidad de eliminar el fuero en todo el país, ya que ello permitió la captura del edil de Tequila, Diego Rivera.
El caso de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, detenido por extorsión y presuntos vínculos con el CJNG, es el más reciente. En esa misma entidad, en mayo de 2025, fue detenido el alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, luego de que se descubriera el Rancho Izaguirre, un centro de entrenamiento donde jóvenes eran cooptados para convertirse en sicarios de ese mismo grupo criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR) documentó que Murguía “no sólo conocía las operaciones del lugar, sino que habría facilitado la protección y logística a la organización criminal”, incluyendo colaboración directa con líderes del cártel.
En Chiapas, desde 2025, al menos tres alcaldes en funciones han sido detenidos. Ernesto Cruz Díaz, de Cintalapa, fue capturado en enero de 2026 por corrupción y presuntos vínculos con el CJNG y el Cártel Chiapas-Guatemala, mientras que José Antonio ‘N’, de Frontera Comalapa, enfrenta señalamientos por desaparición forzada, homicidio, extorsión y nexos criminales.
- El Tip: El operativo Enjambre es una estrategia de seguridad para combatir la extorsión que en meses pasados llevó a la detención de tres presidentes municipales en Edomex.
El caso más alarmante se registró en Michoacán, donde un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional, elaborado en septiembre de 2021, reveló que 29 de los alcaldes que habían tomado protesta ese año presentaban señalamientos de vínculos con la delincuencia organizada.
Entre ellos, Artemio Moriya Sánchez, de Tacámbaro, cuya hija fue detenida en Texas con casi 250 mil dólares y dos armas en agosto de 2022, vinculándolo con el CJNG.
Enrique Velázquez Orozco de Contepec, señalado por nexos con La Familia Michoacana, fue asesinado en febrero de 2022 tras apenas cinco meses en el cargo.
La “Operación Enjambre”, iniciada en noviembre de 2024, ha destapado redes de complicidad en múltiples estados. En el Estado de México, María Elena Martínez Robles, alcaldesa de Amanalco, fue sentenciada a 70 años de prisión en diciembre de 2025 por el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz, con vínculos probados con La Fami-
lia Michoacana.
En el mismo estado, María del Rosario ‘N’ y Pedro Luis ‘N’, ambos de Santo Tomás de los Plátanos, fueron detenidos por utilizar su poder político para extorsionar mediante la misma organización criminal.
Veracruz tampoco ha escapado a esta crisis. En 2020, Jorge Fabián ‘N’, alcalde de Lerdo de Tejada, fue detenido y permanece en un centro penitenciario federal en Durango acusado de secuestro agravado.
Guillermo García, analista en materia de seguridad, explica que los grupos delincuenciales intentan infiltrar y controlar administraciones municipales con el objetivo de garantizarse impunidad, ingresos ilícitos y respaldo operativo.
“Esta estrategia implica intervenir en la toma de decisiones sobre el gasto público y la administración de fondos gubernamentales. Cuando una organización criminal logra capturar el poder local, disminuyen significativamente las posibilidades de enfrentar acciones de las autoridades y se asegura el dominio de sectores estratégicos como la tesorería municipal y la adjudicación de proyectos de infraestructura, colocando en esos puestos a colaboradores leales o subordinados a sus intereses”, indicó.
Víctor Hernández, especialista en seguridad, explica que los municipios representan el eslabón más vulnerable en la cadena de gobierno: “Son la primera línea de contacto con la delincuencia. Conocen el territorio, las dinámicas sociales y a los actores locales, pero carecen de autonomía real para actuar”.
El problema, advierte, no radica necesariamente en la falta de voluntad local. “Durante al menos dos décadas, el Gobierno federal ha impulsado una estrategia deliberada de centralización en la toma de decisiones, especialmente en materia de seguridad. Esto ha relegado a los municipios a un papel secundario, casi decorativo, en una función que constitucionalmente les corresponde”.
Esta centralización, agrega Hernández, ha dejado a los gobiernos municipales expuestos y debilitados frente a grupos delictivos que operan con lógica territorial y visión de largo plazo: “En ese vacío de poder, el crimen organizado encuentra terreno fértil para cooptar autoridades locales, imponer sus propias reglas y disputar el control del espacio público”.
“Ningún partido, menos Morena, puede ser paraguas para delinquir”
Por Yulia Bonilla
A raíz de la captura del presidente municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, señalado de cometer extorsiones, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que Morena ni ningún otro partido político debe cobijar actividades delincuenciales.
“Es muy importante que sepan -porque además este alcalde es de Morena-, ningún partido político, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país”, declaró en su conferencia de prensa desde Michoacán.
- El Dato: El Gobierno de Jalisco informó que las labores de vigilancia en Tequila estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad, que designó un mando provisional y 50 elementos.
El edil fue capturado este jueves por parte de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridada y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes además detuvieron al director de Seguridad Pública, el de Obras Públicas y el de Catastro y Predial.
La mandataria explicó que la captura del edil de Tequila se dio a partir de las denuncias ciudadanas que se presentaron ante diversas instancias y que, aseguró, también recibió de manera personal de parte, incluso, de empresarios.
“No es que haya una investigación a funcionarios, sino que es a partir de las denuncias. Y en particular, en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas, de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal.
“Y a partir de ahí y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención”, declaró.
Con motivo de la presencia del secretario de Educación, Mario Delgado, expresidente nacional de Morena, fue consultada si no se tenían indicios de la actividad criminal del alcalde cuando fue elegido como candidato.
Sheinbaum Pardo explicó que en su momento, lo que hace el partido es preguntar a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre sus candidatos y si hay alguna carpeta de investigación que los involucre, ante lo cual la respuesta recibida entonces fue negativa en cuanto a Rivera.
“Lo que hace, en su momento —pues era candidata—, Morena es preguntarle a la FGR —todos los que fueron candidatos a diputados locales, diputados federales, diputados, perdón, presidentes municipales o gobernadores—: si ¿hay alguna carpeta de investigación —y a las fiscalías estatales— de alguna de las personas relacionadas para ser candidatos? Y en ninguno de los casos hubo, o sea, la respuesta fue negativa en todos los casos, de los candidatos”, explicó Sheinbaum Pardo.
Subrayó que no se contaba con otra forma de saber si desde entonces el edil contaba con vínculos delincuenciales.
“Entonces, en ese caso, tanto de las fiscalías estatales como de la Fiscalía General no había ninguna carpeta de investigación ni ningún indicio de que pudiera haber vínculo con la delincuencia organizada o que, al llegar a la presidencia municipal, iba a hacer actos de corrupción. Malo sería que, una vez que uno sabe, no actúe. Entonces, ya que hubo las denuncias se hace la investigación y vino la detención”, declaró.
En su oportunidad, el titular de la Secrtaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que con la llegada de la nueva titular de la FGR, Ernestina Godoy, “iniciamos la carpeta, y todo el Gabinete de Seguridad aportó información sobre este caso. Hubo un gran trabajo de recopilación de información, por parte de Inteligencia Militar, Inteligencia Naval, Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia”.
Añadió que para la detención del edil y dos funcionarios se realizó un despliegue donde participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina y de la Secretaría de Seguridad.
Celebran captura cortando prendas
Por Yulia Bonilla
Desgarrados y apilados en el centro del municipio, fue como dejaron los chalecos color guinda durante una protesta de promotores turísticos del municipio de Tequila para celebrar la captura del alcalde, Diego Rivera.
Según los trabajadores, el gobierno municipal los obligó a adquirirlos por 200 pesos. Expusieron que para laborar se les obligó a pagar 100 pesos por una pulsera y otros 800 para contar con un gafete, el cual debían renovar al menos cada medio año, o de lo contrario, no podían trabajar. Aunque fueron varios los que acudieron a manifestarse, hubo quienes prefirieron no sumarse por temor a represalias.
Los inconformes acusaron que durante la administración de Rivera hubo otras políticas que pegaron al desarrollo turístico del municipio, como la imposición de multas que redujeron la llegada de visitantes.
Por la noche, unas 100 personas realizaron la marcha “Por la paz y la libertad” en calles de este municipio, al grito de “Tequila, unido jamás será vencido”, en el que participaron las regidoras Luz Elena Aguirre (Morena), Evelyn Castañeda (independiente) y Alondra Romero (PRI), quienes denunciaron al alcalde por presunta violencia política en razón de género.
Lo acusan de secuestrar a aspirantes incómodos
› Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) imputó ante un juez federal a Diego Rivera Navarro, El Presidente, alcalde de Tequila, de haber secuestrado al precandidato de Morena Guillermo “C” y su suplente, Julio Alejandro “G” para que renunciaran a su aspiración.
Durante la audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, fiscales federales formularon la imputación contra el presidente municipal por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, derivado de estos hechos, así como el de extorsión.
De acuerdo con el pliego de consignación, se señala que Rivera, junto con los coacusados Juan Manuel “P”, director de Seguridad Pública, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial, se llevaron por la fuerza de un restaurante a Guillermo “C” y Julio Alejandro “G” en marzo de 2021, a quienes torturaron hasta obligarlos a firmar su renuncia a la candidatura, hecho que fue testificado por un notario de Jalisco, que trabajaba bajo las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
A decir del expediente, los tres imputados planearon levantar a las víctimas para impulsar Toribio Villarreal, quien le garantizaría lealtad a Diego Rivera y al CJNG, con quien tenían una estrecha relación.
El delito de secuestro agravado sólo se le imputó a Rivera y Pérez Sosa, pues ellos habrían ordenado secuestrar a un par de comerciantes de Tequila, tras negarse a pagar una extorsión para seguir vendiendo sus productos.
Durante la audiencia, Diego Rivera se reservó su derecho a declarar, y su equipo de abogados solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica. Por tal motivo, el juez de control, Mario Elizondo Martínez, ordenó la prisión preventiva oficiosa hasta el martes 10 de febrero, que será cuando se defina si el alcalde de Tequila y coacusados son vinculados a proceso penal.
Según la investigación federal, el alcalde y sus colaboradores habrían establecido un esquema delictivo dirigido principalmente a empresas cerveceras y tequileras de la región, actividades económicas emblemáticas del municipio.
La prisión preventiva oficiosa también fue impuesta al director de Obras Públicas, Isaac “N”.
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FGR
