Contratos de obra pública por casi 12 millones de pesos fueron asignados en Tabasco por Daniel Arturo Casasús, amigo cercano de Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, a empresas vinculadas a la red criminal de Hernán Bermúdez, según una investigación realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las adjudicaciones beneficiaron a tres empresas que forman parte de una red empresarial vinculada a factureras, dos de las cuales fueron declaradas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañías que simulan operaciones.
Según la investigación, Casasús autorizó recursos a favor de Construagregados Hopelchén, Comercio y Construcción de Tabasco y Coincisur SA de CV, compañías que forman parte de la red conocida como “La Barredora Guinda”, revelada por MCCI el pasado 1 de febrero.
Dos de estas empresas fueron incluidas de manera definitiva por el SAT en el listado de contribuyentes que simulan operaciones.
Los contratos se firmaron los días 5 y 6 de diciembre de 2024, cuando las empresas ya eran investigadas por la autoridad fiscal. Las adjudicaciones, por un monto total de 11 millones 914 mil pesos, se realizaron mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas y se financiaron con recursos federales del Ramo 33, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades.
MCCI documentó que las compañías beneficiadas mantienen vínculos con la familia Bermúdez Requena, cuyo integrante Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco, se encuentra preso por su presunta participación en el grupo criminal La Barredora.
Al momento de asignar los contratos, uno de los subordinados de Casasús en la SOTOP era Pablo Jiménez Pons, yerno del exfuncionario, quien dejó el cargo a mediados de agosto de 2025.
Las obras contratadas consistieron en la construcción de aulas en tres escuelas primarias de Tabasco: “Blancas Mariposas” y “Tomás Garrido Canabal”, en el municipio de Centro, y “Benito Juárez”, en la ranchería Arroyo Hondo, de Comalcalco.
De acuerdo con la investigación de MCCI, el SAT determinó que Construagregados Hopelchén y Comercio y Construcción de Tabasco carecían de la capacidad material para realizar las operaciones que facturaron. Las revisiones fiscales se concentraron en CFDI emitidos entre 2023 y 2024, periodo que coincide con la firma de los contratos de obra pública en Tabasco.
MCCI también constató que las tres empresas reportaron el mismo domicilio fiscal en Villahermosa, donde operan al menos siete compañías vinculadas a la red “La Barredora Guinda”.
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