La defensa legal de algunas de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del pasado 28 de diciembre de 2025, denunció públicamente este martes que servidores públicos adscritos a la Fiscalía General de la República (FGR) han obstaculizado de manera sistemática el acceso a la carpeta de investigación del caso y el reconocimiento de sus representados como víctimas.
En conferencia de prensa la defensa relató que presentó su querella ante la FGR el 5 de enero de 2026, pero no recibió respuesta sobre el número o estatus de la carpeta en el plazo legal de 10 días hábiles.
Por su parte, Juan Manuel Iglesias, víctima del descarrilamiento, explicó que viajó este martes desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México costeando él mismo su traslado, sin que ninguna autoridad le haya ofrecido apoyo para hacerlo, con el único propósito de exigir que las instituciones respondan. Este mismo martes acudirá con sus abogados a las instalaciones de la FGR en Santa Fe, donde los agentes del Ministerio Público deberán determinar si le reconocen o no la calidad de víctima.
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La defensa también denunció que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) contactó a Iglesias la víspera de la conferencia con una propuesta de solución, condicionada a prescindir de sus abogados. “Pasen a un lado a sus abogados y nosotros les solucionamos el tema”, habría sido el mensaje. La representación legal rechazó esa vía de plano.
Según informaron el 4 de febrero, la agente del Ministerio Público Adriana Santos Francisco les notificó que los promoventes “no contaban con la calidad de víctimas” porque, según la funcionaria, no habían presentado querella, no obstante, aseguran que la querella había sido entregada un mes antes.
Relataron que día siguiente, otra agente, Laura Gabriela Chang —identificada como la responsable de la denuncia original— emitió una respuesta en el mismo sentido, añadiendo que, como en esa carpeta solo se investiga a los tres conductores del tren y la defensa había denunciado también el delito de ejercicio abusivo de funciones contra servidores públicos, técnicamente no tenían acceso.
“Juan Manuel hoy vino justo para pedir que las autoridades reaccionaran y respondieran”, señaló el abogado quien calificó de indignante que una persona afectada por un accidente masivo tenga que financiar este proceso su traslado a la capital debido a que en Ciudad Juárez no lo han atendido.
Detallaron que en más de 40 días, el despacho presentó más de 20 escritos ante la Fiscalía, los centros de justicia y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunando a que paralelamente, enviaron escritos a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a la Secretaría de Gobernación y a la titular de la FGR, ninguna de las cuales fue contestada.
En este sentido, la defensa señala que la FGR ha centrado su investigación en la hipótesis de exceso de velocidad por parte de los conductores, sin explorar otras líneas que consideran igualmente relevantes: el estado del mantenimiento, la calidad de la construcción, la condición del material rodante y las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los contratos del tramo donde ocurrió el accidente.
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FGR
