Derivado de gastos sin comprobar, obras pagadas y no concluidas, así como otras anomalías identificadas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), más de 100 mil millones de pesos, que representan un presunto daño al erario, permanecen perdidos por no haber sido devueltos o cuyo gasto aún no ha sido justificado.
- EL DATO: LA ASF señala que el 83.1% de las irregularidades se debe a omisiones o inacciones de los servidores públicos responsables de ejercer y supervisar el gasto
Este martes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública del 2024, el último año del sexenio pasado, en el que se advierte un monto por aclarar de 59 mil 345 millones 549 mil pesos, solamente en ese periodo.
De acuerdo con datos del propio ente fiscalizador, en suma y considerando las aclaraciones que sí se hicieron de otras observaciones hechas en ese año, el monto total de irregularidades en 2024 es de 65 mil 92 millones de pesos.
- 6 Años desde el 2000 en que aparecen montos sin aclarar
Esto ubica a ese año como el que registró el mayor monto de anomalías cometidas en el ejercicio presupuestal en todo el sexenio, el cual acumula 101 mil 242 millones de pesos por recuperar.
No obstante, de estos, 284 millones son responsabilidad del Poder Judicial de la Federación (PJF), mientras que el Poder Legislativo no cuenta con pendientes por aclarar.
Además, 88 mil 809.9 millones, equivalentes al 87.7 por ciento, corresponden al Gasto Federalizado, es decir, de los recursos transferidos de la Federación a las Entidades Federativas.
En 2023, la suma de inconsistencias que aún no se esclarecen es de 21 mil 311 millones; en 2022, de dos mil 281 millones; en 2021, de tres mil 718 millones; en 2020, de seis mil 648.6 millones y en 2019 (primer año completo de López Obrador), de dos mil 189 millones.
Además, el monto total de observaciones del sexenio obradorista representa 99.7 por ciento del monto faltante por aclarar desde el inicio del siglo; sin embargo, es importante aclarar que también durante ese periodo de Gobierno se practicaron más auditorías en relación con las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Y es que la suma de anomalías desde el 2000, año desde el cual están disponibles los registros de las auditorías y su actualización, el total de anomalías es de 101 mil 467 millones de pesos.
A la fecha, los únicos años que aparecen con montos sin aclarar son el 2000, con 184.2 mdp; 2001, con 10.4 mdp; 2004, con 14.4 mdp; 2011, con 14.2 mdp; 2012, con 1.2 mdp; y 2014, 2017 con menos de un millón.
En cuanto al reporte de acciones emprendidas a causa de las inconsistencias en el ejercicio presupuestal del sexenio pasado, se han presentado 30 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales 16 fueron contra el organismo creado por el exmandatario López Obrador con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria del país: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), así como una de sus filiales: Diconsa.
Sobre Segalmex, por ejemplo, las primeras seis denuncias corresponden a la auditoría 283-DE, practicada en 2019, su primer año de operación, en donde se expusieron anomalías como no presentar evidencias que ampararan el pago de 516 millones 115 mil pesos a productores de trigo panificable, así como pagos en exceso por 51 millones 120 mil pesos a mil 520 productores.
A esto se suman varias otras observaciones como realizar pagos por insumos no recibidos como tarimas, costales de polipropileno; así como tampoco aplicar penalizaciones que tendría que haber implementado a proveedores que se retrasaron en las entregas, o por el adeudo superior a 29 millones 650 mil pesos por no comprobar recursos que se dieron a servidores públicos para, supuestamente, atender gastos de operación por concepto de maniobras y pago de personal.
- EL TIP: PARA la Tercera En trega de la Cuenta Pública 2024, la ASF realizó 1,566 audito rías de un total de 2,264realizadas en todo el ejercicio.
En cuanto a Diconsa, la denuncia responde a una auditoría practicada en 2020 en la que se advirtieron hechos como carencia de confiabilidad en el control de asistencias que derivó en que no se consiguiera acreditar la prestación de servicios por más de 170 millones de pesos, entre otras causas.
- 157 Mdp tiene aún pen dientes Segalmex por aclarar
En su momento, las anomalías cometidas en Segalmex y sus dependencias filiales, Diconsa y Liconsa, llegaron a superar los 15 mil millones de pesos, lo que hizo que el organismo creado como uno de los proyectos bandera del expresidente se convirtiera en uno de los mayores escándalos del sexenio.
Sin embargo, la Auditoría ha reportado la aclaración de las observaciones, de manera que a la fecha únicamente Segalmex tiene pendientes por 157.8 millones de pesos, de los que 146.4 corresponden a la Cuenta Pública de 2023 y 11.4 millones de pesos a la de 2020.
No obstante, el monto mayor correspondiente a las anomalías que aún no se subsanan es de Liconsa, por mil 53 millones de pesos, mientras tanto, Diconsa registra pendientes por subsanar equivalentes a 117.9 millones.
En el balance general de la base de datos de la Auditoría Superior de la Federación, se expone que de 2019 a 2024 hubo anomalías por 459 mil 429.7 millones de pesos, 146 mil 208.2 millones de ellas sí fueron justificadas, pero sólo una proporción mucho menor, 13 mil 585.3 millones de pesos, fueron recuperadas.
De estados y municipios mayor monto por aclarar
Por: Claudia Arellano
El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, informó que en la Tercera Entrega de Informes Individuales de la Cuenta Pública 2024 se detectaron montos por aclarar que superan los 59 mil millones de pesos, derivados de presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos federales.
Al comparecer ante la H. Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalló que en esta etapa se practicaron mil 566 auditorías, como parte de un total histórico de dos mil 264 revisiones, la cifra más alta en la historia del órgano fiscalizador.
- EL DATO: EL PRESIDENTE de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Octavio Herrera, subrayó que, en la Cuenta Pública 2024, se reportó el ejercicio de más de nueve billones de pesos.
El auditor superior explicó que, en el ámbito federal, más de cinco mil millones de pesos quedaron pendientes de aclaración por parte del Poder Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y entidades de la Administración Pública Federal, siendo las empresas del Estado las que concentraron la mayor parte del monto observado y a estados y municipios corresponde más del 90 por ciento de gastos sin aclarar.
En el sistema subnacional, las presuntas irregularidades superan los 54 mil 344 millones de pesos. De ese total, 36 por ciento corresponde a gobiernos estatales y más del 59 por ciento a municipios y alcaldías, principalmente por falta de documentación que acredite el destino de los recursos federales.
“Desafortunadamente, más del 59 por ciento del monto por aclarar fue determinado en auditorías a alcaldías y municipios, y la principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación”, dijo .
Tan sólo en auditorías integrales a municipios se determinaron observaciones por 35 mil 74 millones de pesos.
Enfatizó que la presentación de los informes no representa el final del proceso, sino el inicio de una etapa de seguimiento.
Añadió que “la mayor proporción del monto por aclarar se determinó en las auditorías integrales a municipios con 35 mil 074.7 millones de pesos, es decir, 59.1por ciento del total. Seguidas de las participaciones federales a entidades federativas y los recursos transferidos a las universidades públicas estatales”.
Colmenares Páramo mencionó que “en más del 85 por ciento de las auditorías a municipios se emitieron observaciones de responsabilidades administrativas y por el uso indebido de recursos de origen federal, lo cual representó un incremento de más del 147 por ciento en relación con la Cuenta Pública de 2023”.
Resaltó que “en el Sistema Subnacional (municipios), se detectaron presuntas irregularidades por más de 54 mil 344.2 millones de pesos, de los cuales, 36 por ciento correspondió a los gobiernos de las entidades federativas, en el ejercicio de los recursos de las participaciones federales”.
El auditor federal agregó que las irregularidades se presentaron en “aquellos (recursos) destinados a temas de Salud, así como a los correspondientes a Fondos de Aportaciones Federales como el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE), el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), entre otros”.
David Colmenares, quien cumple su último año como titular de la ASF, con la posibilidad de reelegirse, subrayó que “La principal irregularidad fue la falta de entrega de documentación que acreditara el destino y ejercicio de los recursos de origen federal”, y aclaró que “en menor medida, las obras efectuadas sin acreditar el beneficio a la población objetivo, fue otra de las irregularidades detectadas en este orden de gobierno”.
El titular de la ASF dijo que “más de dos mil millones de pesos fueron observados a universidades públicas estatales”.
La Auditoría Superior informó este martes que ha recuperado sólo dos mil millones de pesos para reintegrarlos a la Tesorería de la Federación.
Cabe recordar que dependencias, municipios, instituciones educativas y el resto de las dependencias tienen un plazo de 30 días para solventar las observaciones y la ASF cuenta con 120 días más para revisar las aclaraciones.
Además, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos otorga un plazo de siete años para llegar a una resolución final, en este caso, hasta el 2030.
La cifra corresponde al consolidado de las tres etapas de revisiones hechas por la ASF, según las cuales, hasta el momento, sólo se han recuperado cinco millones de pesos y los entes han logrado justificar solamente 71.5 millones de pesos, por lo que la mayor parte de esos montos se mantienen como un probable daño al erario.
Alistan elección del nuevo titular de la ASF
Por. Claudia Arellano
El proceso para elegir a quien encabezará la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante los próximos ocho años se realizará con transparencia y apertura pública, aseguró el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda.
El legislador afirmó que la designación del nuevo auditor superior se llevará a cabo “de cara a la nación”, con reglas claras y bajo los principios de rendición de cuentas, dada la relevancia del órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.
Herrera Borunda subrayó que la Comisión de Vigilancia garantizará un procedimiento abierto, en el que se privilegie el perfil técnico, la experiencia en fiscalización y la independencia de quien resulte designado.
La Cámara de Diputados abrirá este jueves el registro de candidatos a encabezar la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y la Comisión de Vigilancia de la Cámara baja aprobará la terna final el 11 de marzo, cuando también se prevé que el pleno elija a quien dirigirá el órgano de fiscalización en los próximos ocho años.
En medio de las críticas a la forma en que condujo la ASF desde 2018, el auditor entregó ayer el tercer informe de la cuenta pública del último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el miércoles (hoy) la comisión se reunirá para aprobar y emitir la convocatoria al proceso.
Más de 1,400 mdp en irregularidades en desarrollo social
Por: Claudia Arellano
LA AUDITORÍA Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de mil 409 millones de pesos en el área de desarrollo social como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2024, de los cuales más de 585 millones 754 mil 600 pesos corresponden a un posible daño al erario en el sector salud.
- EL TIP: LA ASF indicó que si las irregularidades no son aclaradas, podrá promover acciones resarcitorias, sanciones administrativas o denuncias ante la autoridad competente.
De acuerdo con los resultados de fiscalización, las observaciones derivan de presuntas deficiencias en la comprobación del gasto, pagos improcedentes y recursos cuyo destino no fue plenamente acreditado durante las auditorías.
En el rubro de Salud, la ASF identificó inconsistencias relacionadas con el manejo de recursos federales transferidos a entidades y dependencias, lo que coloca a este sector como el de mayor monto observado dentro de desarrollo social.
El órgano fiscalizador dijo que las cantidades señaladas aún pueden ser solventadas por las instancias responsables, conforme a los plazos legales establecidos.
Desde la oposición en la Cámara baja, legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) señalaron que las cifras evidencian fallas graves en el manejo de recursos destinados a programas sociales y de salud.
“El dinero que no se comprueba en salud es dinero que deja de traducirse en medicamentos, atención y servicios para la población”, advirtió Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado panista, quien exigió que, de confirmarse el daño, se finquen las responsabilidades correspondientes.
Por su parte, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como Carlos Mancilla, pidieron una revisión exhaustiva de los convenios federales con los estados y mayor transparencia en la ejecución de recursos.
Diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llamaron a no anticipar conclusiones, al recordar que las observaciones de la ASF forman parte de un proceso técnico que aún no concluye.
- 585 Millones es el desfalco reportado al sector Salud
Señalaron que la Cámara de Diputados dará seguimiento puntual a los informes a través de la Comisión de Vigilancia.
INE pagó 793 mdp por materiales inexistentes
Por: Tania Gómez
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un conjunto de irregularidades en el manejo de recursos públicos del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y del Instituto Nacional Electoral (INE) durante el ejercicio fiscal 2024: viáticos sin comprobar, pagos por servicios inexistentes, equipos sin paradero y hasta boletas electorales cobradas antes de ser producidas, según los resultados de fiscalización de la Cuenta Pública 2024 dados a conocer por el organismo fiscalizador.
En el caso del INE, la ASF detectó en 2024 el pago de 793.9 millones de pesos por boletas y materiales del proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial como si hubieran sido recibidos “en tiempo y forma y a entera satisfacción” ese mismo año, cuando en realidad fueron producidos, suministrados y entregados en 2025.
PAGOS SIN acreditar la totalidad de la documentación requerida para comprobar las comisiones nacionales e internacionales de los comisionados del pleno, y servidores públicos del Inai, así como de personas invitadas externasAUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Cuenta pública 2024
La auditoría revisó una muestra de mil 978.9 millones de pesos equivalente al 27.8 por ciento del universo de 7 mil 127 millones reportados como pagados.
Detectó además que el INE efectuó pagos por 63.2 millones de pesos por materiales de simulacro para capacitación electoral que “no cuentan con la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la prestación del servicio”, señalamiento que se extiende al proveedor, quien tampoco pudo acreditar cómo llevó a cabo el trabajo contratado.
Los auditores también documentaron la ausencia de registros que acrediten la recepción, uso y destino de más de un millón 197 mil materiales didácticos relacionados con la elección extraordinaria del Poder Judicial, valuados en 1.1 millones de pesos, distribuidos entre distintas áreas del INE.
El organismo pagó 2.3 millones de pesos por dos mil 171 días de renta de automóviles que fueron utilizados “para propósitos distintos al único fin autorizado”, denominado Módulo de Atención Ciudadana.
En el caso del Inai, cuyo mandato constitucional era precisamente garantizar el acceso a la información y la rendición de cuentas, la auditoría abarcó un universo de mil 33.2 millones de pesos, de los cuales se analizó una muestra del 68.5 por ciento y arrojó irregularidades cuantificadas por más de 7.3 millones de pesos en erogaciones sin respaldo documental suficiente.
La ASF detectó “pagos sin acreditar la totalidad de la documentación requerida para comprobar las comisiones nacionales e internacionales de los comisionados del pleno, y servidores públicos del Inai, así como de personas invitadas externas”, por un monto de tres millones de pesos.
El instituto tampoco pudo demostrar con documentos suficientes el destino de esos viáticos y gastos de representación.
La auditoría también señaló que “servidores públicos obtuvieron beneficios económicos no comprendidos en su remuneración y utilizaron recursos humanos para fines distintos a los establecidos en la normativa aplicable al Inai”, sin que el informe precisara los montos exactos de dichos beneficios, lo que podría derivar en presuntas responsabilidades administrativas.
A eso se suman cuatro millones 200 mil pesos pagados por un año completo de servicio de limpieza sin poder acreditar que este fue efectivamente prestado; 100 mil pesos destinados a once equipos informáticos cuya ubicación dentro del instituto es desconocida; y 600 mil pesos por un servicio de mantenimiento de octubre de 2024, sin documentación que acredite la entrega de materiales.
UAM se embolsó más de 173 mdp y no los regresa
Por: Yulia Bonilla
DURANTE 2024, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizó inversiones bancarias con el presupuesto que se le asignó, que derivaron en ingresos financieros por arriba de los 173 millones de pesos que después se negó reintegrar a la Tesorería de la Federación (Tesofe), señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En la presentación de la tercera entrega de la Cuenta Pública de dicho año, el ente fiscalizador advirtió un presunto daño al erario por 229 millones 21 mil pesos en el rubro educativo, de los cuales 173 millones 59.2 corresponden a la institución académica mencionada.
En el informe se expone que los ingresos financieros de la Universidad fueron por 172 millones 107.6 mil pesos, correspondientes a rendimientos generados en 11 cuentas bancarias por la administración de los recursos fiscales; sin embargo, se encontró que los rendimientos financieros totales fueron por 173 millones 59.2 mil pesos, los cuales no se devolvieron a la Tesofe, como lo marca el artículo 54 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
- 229 Millones es el desfalco en el rubro educativo
La UAM respondió que esto significaba que dicho dinero podía ser administrado de manera libre por sí misma, ya que derivaron de la suscripción de contratos de inversión con instituciones financieras y son distintos a los subsidios que recibe de la Federación.
Ante esta situación, la ASF acudió a consultar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya Subsecretaría de Egresos determinó que la UAM, al ser una paraestatal o un ente con autonomía presupuestaria está sujeta a reintegrar los rendimientos financieros que deriven de los subsidios o apoyos fiscales que reciba.
