La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó una red de fraude de tiempo compartido que estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo al complejo Kovay Gardens, en el estado de Nayarit.
La sanción estadounidense incluye también a cinco personas y 17 empresas mexicanas, muchas ubicadas en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El Tesoro de EU señaló que esta red criminal es evidencia de que el CJNG diversifica sus ingresos ilícitos más allá del narcotráfico, al incorporar fraude inmobiliario y robo de combustible.
Autoridades estadounidenses reportaron que miles de víctimas, principalmente adultos mayores, han perdido cientos de millones de dólares bajo estos esquemas fraudulentos.
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- El Dato: EL fiscal de Jalisco, Salvador González, dijo que desconocía la investigación de EU al complejo Kovay Gardens, pero que sí tienen “algunas carpetas” relacionadas con ello.
Las medidas también se tomaron desde México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó ayer que bloqueó a varias personas vinculadas con ese esquema de fraude.
En un comunicado, la dependencia detalló que la OFAC designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 morales— por su presunta participación en el esquema de fraude mediante “tiempos compartidos”, por lo que, de forma complementaria, incorporó en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a siete personas más: seis físicas y una moral, vinculadas con el núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación.
De acuerdo con la UIF, la acción anunciada por el Departamento del Tesoro se inscribe en los mecanismos de cooperación bilateral México-Estados Unidos orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que emplean esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto trasnacional, particularmente en zonas turísticas de Jalisco y Nayarit.
Las sanciones se enmarcan en una acción más amplia que el gobierno estadounidense dio a conocer el 13 de agosto de 2025, dirigida específicamente contra líderes del CJNG y una red corporativa utilizada para operar los fraudes de tiempo compartido en Puerto Vallarta.
En esa fecha, el Departamento del Tesoro describió el mecanismo del esquema: centros de llamadas atendidos por teleoperadores en inglés que se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o funcionarios gubernamentales para cobrar por adelantado falsas “comisiones” e “impuestos” a propietarios que buscan vender o cancelar sus contratos.
Según datos del Buró Federal de Investigaciones de EU (FBI) citados en ese documento, las víctimas estadounidenses perdieron casi 300 millones de dólares en fraudes de tiempo compartido en México entre 2019 y 2023, una cifra que dimensiona la escala del daño y que explica la prioridad que Washington ha otorgado al caso.
El comunicado también refleja el lenguaje que la administración estadounidense ha adoptado desde principios de 2025 para referirse al CJNG: lo designa como organización terrorista extranjera y a sus integrantes como terroristas globales especialmente designados, una clasificación que amplía el alcance de las sanciones y que ha sido fuente de tensión diplomática con México.
Bajo ese marco, los ingresos obtenidos mediante el fraude inmobiliario son descritos explícitamente como financiamiento a actividades narcoterroristas.
La participación del CJNG en el fraude de tiempo compartido no es nueva ni aislada, de acuerdo con un análisis de InSight Crime publicado en mayo de 2023, estas estafas son sólo una parte de la presencia del cártel en el sector turístico de Puerto Vallarta, donde hoteles, bares, restaurantes y desarrollos inmobiliarios han funcionado durante años como plataformas para el lavado de dinero, la trata de personas y el narcotráfico.
El modus operandi documentado es prácticamente el mismo que describe el comunicado de OFAC de 2025: ofertas no solicitadas de compra de propiedades en tiempo compartido, cobros anticipados por supuestos impuestos y comisiones, y posterior desaparición de los estafadores.
En otros casos, empresas vendían unidades en desarrollos que nunca se construyeron, ya fuera porque desaparecían o porque los proyectos se planeaban deliberadamente en zonas de reserva natural para ser cancelados, quedándose con el dinero de los inversionistas.
El perfil de las víctimas también es el mismo: personas mayores, confiadas, que buscan propiedades para el retiro o las vacaciones y que no siempre verifican la información pública disponible sobre los inmuebles.
Para ejecutar las estafas, el Cártel Jalisco hizo uso de testaferros —personas que prestaban su nombre o identidad para registrar empresas— y en algunos casos utilizó nombres de personas fallecidas o de individuos que desconocían que su identidad estaba siendo usada con fines ilícitos.
Ese mismo análisis advertía, sin embargo, sobre los límites de las sanciones internacionales como herramienta de contención. Una fuente consultada por InSight Crime con conocimiento del entorno criminal en Puerto Vallarta señaló que las intervenciones representan un daño mínimo para el cártel: por cada 10 empresas sancionadas, el CJNG tiene 100 más en operación.
Las sanciones de 2015 contra Los Cuinis —la facción histórica de lavado de dinero del CJNG— no impidieron que el grupo siguiera usando el sector turístico para blanquear capitales y extorsionar.
Aseguran al narco un submarino en Colima
› Redacción
Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron una Embarcación de Bajo Perfil (LPV por sus siglas en inglés) o semisumergible utilizado para el tráfico internacional de droga a más de 250 millas náuticas (463 kilómetros) al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima, en una operación conjunta con fuerzas federales.
De acuerdo con el comunicado oficial, la embarcación de bajo perfil —también conocida como narcosubmarino— transportaba 179 bultos de cocaína, equivalentes a varias toneladas cuyo peso exacto será determinado por la autoridad ministerial al arribar a puerto. En el operativo fueron detenidos tres tripulantes.
- 179 bultos de cocaína transportaba la embarcación
“Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y detuvieron a 3 personas”, detalló en sus redes sociales el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
El aseguramiento se realizó durante labores de vigilancia marítima mediante un despliegue que incluyó una patrulla oceánica, dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras. También se contó con información de inteligencia proporcionada por el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos.
“En la última semana, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga. Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, añadió el secretario de Seguridad.
Las autoridades señalaron que se trata del tercer semisumergible interceptado durante la actual administración. Este tipo de embarcaciones son empleadas por organizaciones criminales para el traslado de grandes cargamentos de droga en rutas internacionales.
Días antes, la Semar señaló que se había realizado el decomiso de cocaína más grande en lo que va del 2026, al oeste de la Isla Clarion, a unos 700 kilómetros del México Continental y ya fuera de la Zona Económica Exclusiva del país.
Estas acciones son parte de las operaciones de vigilancia marítima que efectúa la Semar para inhibir la acción delincuencial, añadió la dependencia.
