Académicos, abogados y especialistas en derecho electoral coincidieron en que la iniciativa de reforma electoral impulsada desde el Ejecutivo Federal carece de consenso, transparencia y coherencia, y que lejos de fortalecer la participación ciudadana, la complica.
En un foro llevado a cabo en el ITAM, seis especialistas en materia electoral analizaron los alcances de la reforma electoral anunciada por el Gobierno Federal, conocida hasta ese momento únicamente a través de una presentación en PowerPoint, y concluyeron, desde distintos ángulos, que la propuesta responde más a los intereses del partido mayoritario que a los de la ciudadanía.
Reforma “diseñada desde una visión de poder central”
Luis Enrique Pereda, de la Barra Mexicana de Abogados, abrió el debate cuestionando la naturaleza de la iniciativa. “Esta iniciativa está diseñada desde una visión de poder central, de conveniencia de un partido político mayoritario”, afirmó, y agregó que la reforma no puede calificarse ni de ciudadana ni de federalista, pues concentra decisiones que constitucionalmente corresponden a los estados.
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“El 124 dice que lo que no le corresponde a la federación expresamente le corresponde a las entidades federativas. Ellas tienen las facultades legislativas originarias y cada vez más se les arrebata más”, señaló.
Cuestionan recorte al presupuesto del INE
Mariana Calderón, del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, calificó la propuesta de “esquizofrénica” por sus contradicciones internas. “Hay que ahorrar, pero démosle más funciones y más obligaciones”, resumió, en referencia al planteamiento de reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) en 25 por ciento mientras se le asignan nuevas tareas como el voto migrante y mayor fiscalización de redes sociales.
Calderón también advirtió que no existen condiciones políticas para una reforma de este calado: “No hay condiciones de diálogo, no hay condiciones de debate democrático, no hay condiciones para generar acuerdos y consensos políticos.”
Advierten uso de “acordeones”
César Hernández González señaló que la propuesta de listas abiertas generará una boleta con hasta 114 nombres por candidatura, lo que en la práctica obligará a los partidos a repartir acordeones como ocurrió en la elección de jueces y magistrados. “Yo quiero que me diga quién va a leer esas 114 propuestas”, cuestionó. Advirtió además que la paridad de género en el Congreso podría estar en riesgo: “Tal vez en 2027, después de la elección, ya no tengamos un Congreso paritario.”
Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, denunció la opacidad del proceso. “Esta es una iniciativa que se está discutiendo en secreto, de manera confidencial”, dijo, y subrayó que se trata posiblemente de “la primera reforma constitucional en la que no hemos tenido ni siquiera condiciones mínimas de transparencia para la deliberación.”
Añadió que la situación actual en materia de financiamiento electoral equivale a “una absoluta simulación”, citando estudios que estiman que por cada peso reportado ante la autoridad electoral circulan 15 de origen ilícito.
Arturo Espinosa, del Laboratorio Electoral, puso en perspectiva el riesgo de que la reforma, aun siendo deficiente, termine aprobándose. “Al final vamos a tener elecciones y van a tener los cargos las personas que ellos quieran”, advirtió, recordando el precedente de la elección judicial: cuestionada, plagada de irregularidades, pero validada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los participantes coincidieron en que, independientemente de si la reforma avanza o no, pues su viabilidad depende en buena medida de los votos del Partido Verde y del Partido del Trabajo, el statu quo actual ya favorece al oficialismo, y cualquier modificación que se apruebe sin consenso ni transparencia profundizará el deterioro de las condiciones de competencia electoral en México.
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cehr
