El pleno del Senado de la República aprobó miércoles la reforma al artículo 127 constitucional para poner tope a las jubilaciones y pensiones de servidores públicos del sector paraestatal, aunque con críticas de la oposición a la retroactividad y sectores excluidos.
En lo general, la iniciativa fue aprobada por unanimidad de 116 votos, mientras que en lo particular recibió el aval de 109 legisladores, con cero votos en contra y únicamente seis abstenciones.
Tras su aprobación en el senado, la iniciativa fue remitida a la Cámara de Diputados, donde será sometida a discusión.
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La iniciativa, presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, establece que ninguna pensión o jubilación financiada con recursos públicos en empresas como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) o la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), podrá superar la mitad del salario presidencial, es decir, aproximadamente 70 mil pesos mensuales.
El senador Óscar Cantón Cetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, celebró el consenso desde la tribuna: “Cuando se trata de defender el interés público y de fortalecer la justicia en el uso de los recursos de la nación, este Senado demuestra que está a la altura del pueblo de México.”
El dictamen contempla un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos anuales. Los afectados suman poco más de 6 mil 200 exfuncionarios y extrabajadores: 3 mil 500 de LyFC, 2 mil de CFE, 544 de Pemex, y decenas más de Bancomext, Banobras y Nacional Financiera.
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cehr
