Dirigentes y legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acudieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) para dialogar con autoridades federales sobre el denominado “plan B” en materia electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y adelantaron que podrían coincidir con algunos de sus planteamientos, entre ellos la reducción del número de regidurías en los municipios.
A su llegada al Palacio de Covián, el coordinador de los senadores del PVEM, Manuel Velasco Coello, señaló que su partido acudió con disposición a dialogar y buscar coincidencias con el Gobierno federal.
- El Dato: El “plan B” concentra tres temas: reducción de privilegios en congresos locales, disminución de regidores en algunos municipios y fortalecer la consulta popular.
Por su parte, el coordinador nacional electoral del PVEM, Arturo Escobar y Vega, subrayó que su partido debe analizar con detenimiento el contenido del plan, particularmente temas como la posibilidad de someter a consulta popular asuntos electorales, entre ellos la eventual reducción del financiamiento a los partidos políticos.
Escobar expresó respaldo a medidas como la posible disminución del número de regidores en los ayuntamientos, al considerar que es necesaria una reingeniería en la administración pública.
“Creemos que tiene que haber una reingeniería de la administración pública del país, incluyendo los cabildos, los congresos locales y el Senado. En esa parte creo que todos estamos de acuerdo”, sostuvo.
En el mismo sentido, Velasco consideró positiva la propuesta presidencial que busca homologar costos de los congresos locales y destinar los ahorros a obra pública y programas sociales.
- El Tip: En la reunión fue planteada que la reforma al Poder Judicial no esté dentro del “plan B” y contemple la eliminación del fuero.
El senador afirmó que actualmente existe una gran disparidad en el gasto legislativo entre entidades, ya que en algunos estados un diputado local puede costar hasta 29 millones de pesos al año, mientras que en otros el gasto oscila entre 3 y 5 millones de pesos.
Por separado, el coordinador de los diputados del PVEM en la Cámara de Diputados de México, Carlos Puente Salas, coincidió en que primero deben conocerse los detalles de la iniciativa antes de fijar una postura definitiva.
No obstante, señaló que su bancada también ve viable analizar propuestas como la reducción de financiamiento a partidos políticos mediante consulta popular y la disminución del número de regidores en los municipios.
“Hay que revisar con cuidado la redacción, pero es algo que pudiéramos analizar y transitar”, indicó.
Siguen los desacuerdos. Un día antes, el jueves por la noche, dirigentes y legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) manifestaron desacuerdos con algunos puntos del denominado “plan B” de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, durante una reunión privada con líderes de la Cuarta Transformación.
De acuerdo con versiones de asistentes al encuentro, realizado la noche del jueves, el dirigente del PVEM, Arturo Escobar y Vega, y el líder nacional del PT, Alberto Anaya, expresaron su rechazo a que la mandataria federal sea incluida en las boletas de la elección federal de 2027 a través del ejercicio de revocación de mandato.
Ambos dirigentes también se pronunciaron en contra de que la eventual revocación de mandato se realice el mismo día de los comicios, al advertir que ello podría provocar que los votos se inclinen mayoritariamente hacia Morena. Como alternativa, plantearon incluir un artículo transitorio que prohíba llevar a cabo ese ejercicio en 2027.
Otro de los puntos de desacuerdo se centró en la reforma al artículo 35 constitucional relativo a la consulta popular. PVEM y PT propusieron establecer un “candado” para que cualquier consulta de este tipo deba ser aprobada previamente por mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Según lo expuesto en la reunión, el objetivo sería evitar que a través de una consulta popular se impulse la reducción del número de diputados y senadores, lo que podría afectar la representación de las fuerzas políticas en el Congreso.
La propuesta fue respaldada por Escobar, aunque fue rechazada por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, quien argumentó que si una mayoría legislativa no logra aprobar una reforma constitucional, tampoco prosperaría una consulta popular en ese sentido. Su postura fue respaldada por la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Durante la discusión, Anaya expresó inconformidad por lo que consideró un trato hacia el PT similar al de la oposición, al señalar que se les solicita el voto sin obtener acuerdos a cambio.
En la reunión también se planteó que la reforma al Poder Judicial no sea incluida en el “plan B”, sino en un paquete legislativo distinto que contemple, entre otros temas, la eliminación del fuero. La propuesta, vinculada con el ministro Arturo Zaldívar, buscaría que la elección de jueces y magistrados se realice en 2028 y no en los comicios federales del próximo año.
Otro punto de inconformidad fue la permanencia de Pablo Gómez como interlocutor con los partidos políticos. Dirigentes del PVEM y del PT solicitaron que ese papel lo asuma la titular de Gobernación para facilitar la construcción de acuerdos.
Ante las diferencias, la presidenta Sheinbaum dio un plazo de algunas horas a las dirigencias de Morena, PVEM y PT para alcanzar consensos sobre los puntos en disputa. La intención es contar con una propuesta conjunta que pueda enviarse al Congreso la próxima semana.
Oposición cuestiona y adelanta voto en contra
› Por Claudia Arellano
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, cuestionó la discusión del llamado “plan B” electoral y advirtió que su bancada votará en contra de cualquier propuesta que perjudique el futuro del país.
En entrevista, el legislador señaló que mientras México enfrenta problemas urgentes como la falta de crecimiento económico, inseguridad, desempleo e inflación, el debate legislativo se ha centrado en la reforma impulsada por Andrés Manuel López Obrador.
“Me preocupa que el país tiene grandes problemas y que no estamos discutiendo la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo y el crecimiento de la inflación, y ahora venimos con un ‘plan B’”, expresó.
Moreira consideró que las propuestas debieron presentarse de manera integral para permitir un análisis completo y evitar discusiones fragmentadas. Además, planteó que el país debe definir si quiere avanzar hacia un modelo centralista o mantener el federalismo.
“México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una República federada. Me llama la atención la construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales”, señaló.
Respecto a las propuestas para reducir el presupuesto del Senado y de los congresos locales, el legislador priista cuestionó que el Poder Ejecutivo busque intervenir en la organización de otros poderes.
“Me llama la atención por qué el Poder Ejecutivo quiere regir la vida de los otros dos poderes. Si hay algún exceso, en alguna parte se tiene que arreglar”, afirmó.
Asimismo, comparó el monto que se busca ahorrar con lo que, dijo, fueron sobrecostos en la construcción del Tren Maya.
“El monto que nos dicen es 240 veces más pequeño que el error que tuvo López Obrador en el diseño de lo que dijo que iba a costar el Tren Maya y lo que costó”, sostuvo.
El diputado también criticó que se plantee someter a consulta pública la integración de otros poderes, y propuso que, en todo caso, se discuta la distribución de recursos entre la Federación y los estados.