Tras una reunión con legisladores aliados en la Secretaría de Gobernación, senadoras y senadores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresaron su respaldo a una eventual propuesta de reforma electoral que “erradique privilegios y genere ahorros”.
Luego de que diputados del PVEM rechazaran la reforma electoral original impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coordinador del Verde en el Senado, Manuel Velasco Coello, afirmó que su bancada se sumará a Morena y al Partido del Trabajo (PT) para sacar adelante el llamado "Plan B“ de la iniciativa, que busca “disminuir los privilegios” a nivel estatal y municipal.
A través de la red social X, el exgobernador chiapaneco señaló que las y los senadores del PVEM están de acuerdo en la reasignación de recursos destinados a esos “privilegios” hacia programas sociales.
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“Las y los Senadores del Partido Verde respaldamos la propuesta de la Presidenta para un Plan B de la reforma electoral que erradique privilegios y genere ahorros para destinarlos a programas en beneficio de los mexicanos. Vamos unidos construyendo a favor de México”, escribió.
Al respecto, el grupo parlamentario destacó que “hay coincidencias” con la propuesta, aún en redacción, del “Plan B”, que contempla limitar el presupuesto de los 32 congresos estatales.
“Coincidimos con el planteamiento de la presidenta de México de hacer un manejo racional de los recursos públicos para aplicarlos a programas sociales en beneficio de la gente”, señalaron las y los senadores en su pronunciamiento.
El “Plan B”, que será presentado este lunes 16 de marzo, también busca reducir el número de regidurías municipales y abrir a consulta popular “algunos” temas electorales, como el financiamiento público a los partidos políticos. Asimismo, propone adelantar la revocación de mandato.
Todo lo anterior representaría un ahorro estimado de 4 mil millones de pesos, según la Presidenta, recursos que se quedarían en los estados y municipios.
El presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo, estimó que tras recibir la propuesta presidencial podría discutirse a finales de marzo o a inicios de abril para que “pueda aplicar pronto, para los siguientes procesos”.
“Nosotros tenemos hasta 45 días. (...) Tendría que ser un proceso que nos dé tiempo a discusión, pero no debería de pasar más de tres semanas a que pudiéramos tener una conclusión de consenso amplio para poderlo llevar a un posible dictamen”, señaló el pasado 12 de marzo en conferencia de prensa.
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cehr
