El número de ciudadanos estadounidenses en las cárceles mexicanas se incrementó de manera significativa en los cinco estados de la frontera norte en el periodo 2018-2025, de acuerdo con una revisión de La Razón a los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social.
Baja California experimentó uno de los incrementos más notables, al pasar de 77 detenciones en 2018 a 333 en 2025, lo que representa una escalada de 332.4 por ciento.
- El Dato: El pasado lunes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se reunió con el director de la DEA, con el objetivo de fortalecer la cooperación en el combate al narcotráfico.
La misma dinámica se observó en Chihuahua; esta entidad pasó de 92 detenciones en 2018 a 138 en 2025, un incremento del 50 por ciento.
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Aunque con variaciones menores, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila también presentan incrementos de entre 12 y 27 puntos porcentuales.
El peso de los ciudadanos estadounidenses dentro del sistema penitenciario mexicano guarda una relación con delitos relacionados con la delincuencia organizada. Autoridades federales han documentado su presencia en investigaciones por transporte de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero, así como en operaciones logísticas para organizaciones criminales.
La nacionalidad y movilidad de estos sospechosos les permite cruzar la frontera con mayor facilidad, lo que los convierte en perfiles útiles para redes dedicadas al trasiego de estupefacientes hacia y desde Estados Unidos, como lo señaló el investigador de la Universidad de Coahuila, Víctor Sánchez.
En entrevista con La Razón, el especialista consideró que la presencia de estadounidenses en las cárceles de nuestro país responde en muchos casos a trayectorias individuales.
“En el caso de los estadounidenses no se trata de una sola organización, sino de muchas personas que huyen y terminan escondiéndose en el país”, afirmó.
El investigador también explicó que “estas personas llegan como fugitivos y muchas veces siguen delinquiendo aquí, lo que termina con su detención”.
En varios expedientes judiciales aparecen como operadores de bajo y mediano nivel que facilitan rutas, resguardan cargamentos o participan en esquemas financieros ilícitos.
Las autoridades identifican que algunos ciudadanos estadounidenses no sólo actúan como enlaces logísticos, sino que también participan en redes de distribución en zonas fronterizas.
Esa intervención refuerza la conexión entre su presencia en México y el crecimiento de investigaciones por narcotráfico, donde su papel se vincula con operaciones binacionales que buscan mantener el flujo constante de drogas y recursos ilícitos entre ambos países.
Víctor Sánchez vinculó esta dinámica con la cercanía geográfica y la facilidad de cruce en la frontera. “Es muy común que cuando alguien se mete en problemas en California, huya hacia Baja California, o desde Texas cruce hacia el norte de México”, detalló.
Esa condición convierte a varias entidades fronterizas no sólo en puntos de entrada, sino en zonas de refugio, ya que estos fugitivos buscan protección dentro del entramado criminal del país.
“Encuentran refugio con grupos locales, que en muchos casos los protegen o los integran a sus operaciones”, sostuvo el experto.
La concentración de ciudadanos estadounidenses detenidos coincide con los principales puntos de cruce en la frontera norte, donde se registra el mayor flujo de personas y mercancías entre ambos países. Estados como Baja California, Chihuahua y Sonora, que albergan pasos estratégicos como Tijuana–San Diego, Ciudad Juárez–El Paso y Nogales (Sonora)-Nogales (Arizona), encabezan también las cifras de detenciones.
Los estados del norte concentran la mayor parte de los arrestos. Baja California lidera con 330 ciudadanos estadounidenses privados de la libertad, seguida por Chihuahua con 138 y Sonora con 103. Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila también figuran en los primeros lugares, cada uno con más de 40 casos.
Aunque no está en la misma dinámica fronteriza, Jalisco logró colocarse dentro de los primeros cinco lugares por número de ciudadanos estadounidenses encarcelados, una posición que no resulta casual. Su relevancia, de acuerdo con expertos y autoridades, obedece a su papel como eje estratégico del crimen organizado en el país, donde convergen rutas, centros de operación y estructuras con capacidad de expansión internacional.
Los datos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social ubican a los ciudadanos de Estados Unidos como el grupo extranjero con mayor presencia dentro de las cárceles federales en México.
Hasta abril del año pasado, el registro alcanzó mil 142 personas bajo proceso o con sentencia, una cifra que supera a cualquier otra nacionalidad.
La portación y el tráfico de armas encabezan las causas de encarcelamiento, con 347 carpetas de investigación dentro del total registrado. Este dato revela la magnitud del flujo ilegal de armamento que alimenta a las estructuras criminales en territorio nacional.
En segundo plano aparecen 235 carpetas por delitos contra la salud, categoría que abarca desde el narcomenudeo hasta la producción, comercialización y tráfico a gran escala de sustancias prohibidas, lo que reafirma la conexión directa con economías ilícitas de carácter binacional.
Más allá del narcotráfico y los delitos contra la salud, los datos oficiales también muestran la presencia de ciudadanos estadounidenses en otros crímenes de carácter federal. Entre ellos destacan operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos migratorios y participación en esquemas de fraude o extorsión, que en total suman 485 detenciones hasta febrero del año pasado.
