Con el objetivo de acabar con la impunidad en los asesinatos cometidos en contra de las mujeres, homogeneizar su atención en todo el país y para que toda muerte violenta contra ellas sea investigada como feminicidio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, este martes, la presentación de una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
“El objetivo es erradicar el feminicidio en México, que ninguna mujer muera en manos de nadie por el solo hecho de ser mujer y que, nunca más, un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de su muerte violenta. Entonces, es muy importante esta ley. Y tienen todos los estados que modificar sus leyes para asumir esta ley, porque es ley general”, explicó Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa.
En inicio, el proyecto, que será enviado al Senado, propone una reforma al artículo 52 de la Constitución para facultar al Congreso a emitir tal ley.
La mandataria se dijo confiada en que este proyecto será respaldado por todos, al cuestionar que haya alguien que se oponga a garantizar la justicia ante un delito que arrebata la vida a las mujeres y daña a las familias.
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, subrayó que este delito demanda la reconfiguración de procuradurías y fiscalías, entre otros entes, para erradicar este “ciclo de violencia”, que representa una grave violación a los derechos humanos y exige respuestas estructurales de parte del Estado.
Además, destacó que, para el tipo penal, penas y agravantes, se establecen nueve razones de género como signos de violencia sexual, estereotipos, relaciones de poder o subordinación.
Para este delito se propone una pena de 40 a 70 años de prisión; se sanciona la tentativa con la mitad hasta dos terceras partes y se fijan 21 agravantes, como el que la víctima sea menor de edad, de la tercera edad, que pertenezcan a pueblos originarios o tenga alguna discapacidad.
También buscarán homologar los protocolos en todo el país para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, para incorporar la perspectiva de género en todo el proceso.
Quienes sean encontrados como culpables, no sólo enfrentarán prisión, ya que se propone que para la reparación del daño, que será imprescriptible, perderá derechos sucesorios que pudiera tener por cualquier concepto; perderá patria potestad de hijos y anula cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas directas e indirectas, entre otras consecuencias.
- EL DATO: PARA EXPEDIR esta ley se requiere modificar el inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución, con lo que este delito se clasificaría como tipo penal homologado.
La unidad o fiscalía especializada que inicie la investigación, así como el Ministerio Público, deberán intervenir de manera continua en todo el proceso para dar protección a los derechos de las víctimas.
En la operación de las instancias responsables, se determina que habrán de integrarse por personas especializadas en todas las áreas para las indagatorias.
Ya que el proyecto propone derecho de las víctimas a la reparación del daño, se establecen los derechos de los afectados colaterales y la reparación integral del daño, lo cual incluye, el apoyo a las familias directas, desde lineamientos para atención médica y psicológica de urgencia hasta la asistencia jurídica gratuita, seguridad social para menores que queden en orfandad, restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida.
Contempla medidas en las plataformas digitales para evitar que se difundan contenidos amarillistas y que revictimice a quienes resulten afectados por este delito. Además, crearán un registro nacional de niños en orfandad por feminicidio para garantizar la restitución de sus derechos.
