El crimen organizado ha convertido los procesos electorales mexicanos en una guerra contra la democracia, advirtieron expertos, y la reforma electoral aprobada en días pasados en el Senado, que ahora fue turnada a la Cámara de Diputados, no contempla el tema.
Desde 2018 y hasta 2025, la violencia política creció de forma sostenida y sin pausa, alcanzando su punto más alto en las elecciones de 2024, cuando 889 personas fueron víctimas de agresiones políticas y al menos 39 candidatos o aspirantes perdieron la vida.
Los datos, documentados por Integralia Consultores a través de una serie de informes anuales, dibujan un patrón que no depende del calendario electoral para manifestarse: la violencia se ha vuelto estructural y el silencio legislativo frente a ella, dijeron especialistas, la está volviendo permanente.
- El dato: por partido, Morena registró 109 casos de violencia política durante el año pasado; PRI, 36; PT, 36; MC, 27; PAN, 18; PVEM, 13; PRD, 9; no definidos, 107 y otros, 19.
El escalamiento es brutal si se observa en perspectiva. En el proceso 2020-2021, Integralia registró 239 incidentes de violencia política, con 299 víctimas, 179 de ellas asesinadas. Para las elecciones de 2024 esa cifra se había multiplicado de forma exponencial: las víctimas aumentaron 197.3 por ciento respecto a 2021 y 132.7 por ciento frente a 2018. El blanco preferido de los grupos criminales es siempre el mismo: el municipio.
En 2024, 75 por ciento de los ataques contra candidaturas ocurrió en el ámbito local y 92 por ciento de quienes fueron asesinados buscaban una presidencia municipal u otro cargo de ese nivel.
El patrón se repite en 2025, año sin elecciones federales, donde 79.3 por ciento de los 382 incidentes tuvo como objetivo a actores municipales.
- 239 incidentes de violencia política hubo en 2020-2021
La razón es estratégica: los grupos criminales buscan “controlar gobiernos locales, para acceder a información privilegiada, obtener el resguardo de las policías municipales y acceder a recursos públicos”.
Para Jorge Saulo Dávila, consultor especializado en seguridad de Integralia Consultores, la ausencia del tema en el debate legislativo no es un descuido, es una omisión con consecuencias directas sobre la validez misma del voto.
“En muchas partes del territorio nacional la gente va a votar por un candidato ya predispuesto o, en el peor de los casos, va a votar a punta de pistola por quien le dicta el crimen organizado”, afirmó.
“¿Cómo podemos hablar de democracia si en una parte del país está sucediendo este tipo de actos?”, cuestinó.
El especialista advirtió que la discusión sobre el Plan B de la reforma electoral ha ignorado sistemáticamente el problema. “Hubo oídos sordos en todos los involucrados por parte del oficialismo, tanto en la reforma electoral como en el Plan B, porque no hay nada”, señaló.
Para el especialista, la pregunta de fondo es: “¿Cómo podemos decir que vivimos en una democracia si la persona por la cual votamos no está actuando en función de lo que prometió en campaña, sino en función de lo que una organización criminal necesita?”
Y proyectó las consecuencias hacia 2027: “Vamos a tener los mismos niveles de violencia política o se van a incrementar. Como no se está poniendo el dedo sobre la llaga, como se está ignorando el tema, va a seguir sucediendo”.
Uno de los hallazgos más inquietantes es que en los municipios donde fueron asesinados candidatos a ayuntamientos durante 2021, los márgenes de victoria resultaron superiores al promedio nacional y, en la mayoría, el partido de la víctima no ganó.
En este sentido, Integralia advirtió que “no podría descartarse que ese margen de victoria más amplio sea resultado de actos intimidatorios o de acarreo por parte de grupos criminales”.
Lo que 2025 revela es que la violencia política ya no necesita elecciones para existir. Con sólo comicios locales en Veracruz y Durango, el país registró 382 incidentes, más de uno por día, convirtiendo al año en el segundo más violento para actores políticos desde 2018.
Los homicidios dolosos representaron 49.2 por ciento de todos los casos. Veracruz encabezó el conteo con 104 incidentes, más de la cuarta parte del total nacional, seguido por Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Guanajuato.
“A diferencia de otros años en que las amenazas eran el principal vehículo de violencia, ahora son los homicidios dolosos”, apuntó Dávila. “Esto nos dice que la violencia se está volviendo literalmente más violenta”, dijo.
La comparación entre Veracruz y Durango ilustra con precisión el vínculo entre fragmentación criminal y violencia política. Mientras Veracruz registró 104 casos, Durango reportó sólo uno. Para Dávila, la diferencia es estructural:
“En Durango una sola organización domina la entidad. En Veracruz tenemos acciones del Cártel del Golfo, del Cártel de Sinaloa, del CJNG, de La Barredora, de los Maras Salvatruchas, del Tren de Aragua, de una ‘N’ cantidad de organizaciones que buscan controlar el territorio, y eso hace que la entidad sea mucho más convulsa”, sostuvo el experto.
La situación municipal, subrayó Jorge Saulo Dávila, es un problema de soberanía que el debate público aún no dimensiona correctamente.
“Los municipios son presa fácil del crimen organizado que los supera en absolutamente todo: en presupuesto, en hombres, en poder de fuego. Muchos no les queda más que ceder.
“Allí donde el Estado no tiene presencia, sino que se ve sustituido por una organización criminal, es donde termina gobernando todo ese territorio, imponiendo su ley, extorsionando, cobrando impuestos, quedándose con los recursos públicos”, finalizó.
