Los partidos políticos en México están obligados por ley a destinar al menos el tres por ciento de su financiamiento público ordinario anual a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y dar cuenta de sus avances.
Para acreditar cómo ejercieron ese gasto en 2025, debían presentar ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un diagnóstico de autoevaluación. De 249 partidos nacionales y locales obligados a entregarlo, 80 no lo hicieron. Los omisos a nivel nacional fueron Morena y el Partido del Trabajo (PT).
- El Dato: Ante irregularidades, el INE incluyó en su informe la resolución de siete procedimientos sancionadores en materia de fiscalización; tres tuvieron multa de 7.6 mdp.
Entre los 169 que sí cumplieron con la entrega, el 68 por ciento del total, el informe de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), presentado al Consejo General, revela que el dinero se gastó, pero sin que eso se tradujera en resultados demostrables.
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En varios casos, los partidos no sólo agotaron el financiamiento obligatorio —210 millones de pesos presupuestados a nivel nacional y más de 237 millones a nivel local— sino que generaron excedentes. La solvencia financiera, sin embargo, no acreditó impacto real sobre la participación política de las mujeres.
Los programas anuales de trabajo 2025 presentan inconsistencias entre los datos reportados por los partidos y los registros en el sistema de gasto programado, con omisiones de hasta el 60 por ciento de los proyectos. Los objetivos se formularon de forma general, con carencia de indicadores para medir resultados y metas poco claras.
Además, el 75 por ciento del gasto se concentró en capacitación y formación, 20 por ciento en divulgación y difusión, y apenas 5 por ciento en investigación, lo que el propio informe describe como una “pobreza relativa” en la elaboración de los programas de trabajo.
Las capacitaciones fueron casi siempre aisladas y de corta duración, sin evaluaciones de impacto ni mecanismos de seguimiento posteriores. Los partidos reportaron números de actividades o materiales distribuidos, pero no resultados.
La perspectiva de género, señala el documento, “suele ser superficial”: se declara en el discurso, pero no se acompaña de información suficiente sobre la población beneficiaria, los contenidos ni los resultados de las acciones. Las desigualdades específicas al interior de los partidos rara vez se analizan, y el problema de la violencia política contra las mujeres se aborda “de forma general o superficial”.
El informe detectó además un error conceptual que persiste dentro de algunos partidos: destinar el tres por ciento a actividades dirigidas a hombres, en lugar de exclusivamente a mujeres. El documento señala que ese error se reproduce incluso al interior de la propia Unidad Técnica de Fiscalización del INE.
En cuanto a los obstáculos estructurales, el informe documenta que las mujeres enfrentan límites estructurales por horarios incompatibles con sus jornadas y labores de cuidado, falta de apoyo para traslados a eventos presenciales y, en algunos casos, carencias de habilidades de lectura y escritura.
Algunos partidos justificaron la baja asistencia al argumentar que las mujeres no acudían por falta de interés o de tiempo, explicaciones que el informe identifica como encubrimiento de una mala planeación y la difusión de las actividades programadas.
Al ser presentado ante el Consejo General del organismo electoral, el informe fue aprobado en sesión y derivó en una propuesta de dar vista a la Secretaría Ejecutiva para iniciar los procedimientos y las sanciones correspondientes contra los 80 partidos omisos.
La consejera Carla Humphrey advirtió que el incumplimiento en la aplicación de esos recursos puede constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, conducta tipificada en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
Recordó que las sanciones por irregularidades en este rubro superaron los 57 millones de pesos en la revisión de informes anuales del 2023 y rondaron los 39 millones en el 2024.
Calificó como grave la omisión de Morena y el PT, dado que el Consejo General había vinculado expresamente a los partidos a presentar estos diagnósticos desde el 19 de febrero del 2025, mediante una resolución no impugnada y de carácter vinculante.
“Dejan de manifiesto su falta de compromiso real con los derechos políticos y electorales de las mujeres”, afirmó.
El consejero electoral Jaime Rivera Velázquez planteó la distinción entre cumplimiento formal y resultados reales, y advirtió que las deficiencias detectadas merecen ya algo más que exhortaciones: “Es una norma legal a la que todos los partidos están obligados y esta autoridad está obligada a darle seguimiento y a exigir que cumplan debidamente”.
La consejera Dania Ravel dirigió su crítica al propio instituto. El Consejo General había ordenado que el reporte fuera sometido a consideración en la primera sesión ordinaria de enero del 2026, pero no fue circulado sino hasta el 3 de marzo pasado: “El retraso en la presentación de este informe, afecta directamente el objetivo del propio informe”.
El análisis presentó recomendaciones para que los partidos transiten hacia una planeación basada en evaluaciones de necesidades reales: elaborar diagnósticos previos, definir objetivos medibles, incorporar indicadores de impacto, crear estrategias de seguimiento y aplicar una perspectiva de género interseccional.
El Consejo General del INE propuso, además, que en ejercicios subsecuentes los diagnósticos sean evaluados por las áreas de género y fiscalización, antes de que los partidos presenten sus programas anuales de trabajo.
Informe
Entrega de reporte de fiscalización del órgano electoral.
- 169 partidos si entregaron
- 80 partidos no entregaron
