El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, fijó postura frente a las críticas del gobierno mexicano y defendió la actuación del organismo internacional. En un mensaje público, el especialista aclaró el alcance jurídico del procedimiento activado y sostuvo que la decisión respondió a “indicios bien fundados” sobre la magnitud del problema en el país.
Albán recordó que los órganos de tratado forman parte del sistema de Naciones Unidas y cumplen funciones de supervisión acordadas por los propios Estados. “Somos mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, y nuestra función es supervisar su cumplimiento”, precisó. También enfatizó que quienes integran estos comités no operan al margen del sistema internacional, ya que su elección depende de los Estados parte.
Sobre el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el presidente del CED explicó que el mecanismo contempla acciones específicas ante escenarios graves. “Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló. Aclaró además que la determinación reciente no constituyó un informe dirigido a otra oficina, sino una comunicación al máximo órgano deliberativo de la ONU.
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El CED documentó más de 132 mil 400 personas desaparecidas hasta el 19 de febrero de este año, con una tendencia al alza sin señales de reversión. Albán subrayó que ese volumen “son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional”. Además, resaltó que el registro oficial reportó alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar al inicio de 2026, una cifra superior a los 52 mil contabilizados hace cinco años durante la visita del Comité.
Albán sostuvo que el análisis del CED no se limitó a un periodo específico, y explicó que la evaluación consideró la evolución de la situación desde 2012, con base en el diálogo sostenido con el Estado mexicano a lo largo de más de una década. Ese enfoque permitió identificar patrones persistentes y evaluar la eficacia de las respuestas institucionales.
Frente a las diferencias expresadas por autoridades mexicanas, el experto defendió la necesidad de mantener el respeto institucional. “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, advirtió. Añadió que las divergencias jurídicas o políticas deben resolverse dentro del marco de cooperación internacional previsto por la Convención, sin debilitar la credibilidad de los mecanismos de derechos humanos.
“El principio de independencia requiere que los miembros no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni a presiones del Estado del que sean nacionales”, citó, al recordar las directrices internacionales aplicables.
Albán planteó una agenda común que trascienda el conflicto discursivo. El objetivo central, afirmó, consiste en reforzar la prevención, intensificar la búsqueda de personas desaparecidas, investigar los casos y erradicar el fenómeno. Ese horizonte, subrayó, debe priorizar a las víctimas y sus familias por encima de cualquier diferencia política.
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LMCT
