Hay “indicios bien fundados” sobre desaparición en el país, refuta ONU

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Pablo Albán, fijó postura frente a las críticas del Gobierno mexicano y defendió la actuación del organismo internacional, al aclarar el alcance jurídico del procedimiento activado y sostuvo que la decisión respondió a “indicios bien fundados” sobre la magnitud del problema en el país.

Albán recordó que los órganos de tratado forman parte del sistema de Naciones Unidas y cumplen funciones de supervisión acordadas por los propios Estados. “Somos mecanismos creados por tratados internacionales adoptados en el seno de la ONU por los Estados miembros, y nuestra función es supervisar su cumplimiento”, precisó. También enfatizó que quienes integran estos comités no operan al margen del sistema internacional, ya que su elección depende de los Estados parte.

• El Dato: El jueves, la Secretaría de Gobernación rechazó el informe por considerarlo “tendencioso” y cuestionó la falta de rigor jurídico en su argumentación.

Sobre el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el presidente del CED explicó que el mecanismo contempla acciones específicas ante escenarios graves. “Cuando el Comité recibe información que contiene indicios bien fundados de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático, puede llevar urgentemente la cuestión a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló. Aclaró además que la determinación reciente no constituyó un informe dirigido a otra oficina, sino una comunicación al máximo órgano deliberativo de la ONU.

El CED documentó más de 132 mil 400 personas desaparecidas hasta el 19 de febrero de este año, con una tendencia al alza sin señales de reversión. Albán subrayó que ese volumen “son en sí mismos indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional”. Además, resaltó que el registro oficial reportó alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar al inicio de 2026, una cifra superior a los 52 mil contabilizados hace cinco años durante la visita del Comité.

Albán sostuvo que el análisis del CED no se limitó a un periodo específico, y explicó que la evaluación consideró la evolución de la situación desde 2012, con base en el diálogo sostenido con el Estado mexicano a lo largo de más de una década. Ese enfoque permitió identificar patrones persistentes y evaluar la eficacia de las respuestas institucionales.

• El Tip: La CNDH arremetió el sábado contra organizaciones de la sociedad civil, pues dijo que el informe se basó en opiniones parciales de dichas agrupaciones.

Frente a las diferencias expresadas por autoridades mexicanas, el experto defendió la necesidad de mantener el respeto institucional. “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable”, advirtió. Añadió que las divergencias jurídicas o políticas deben resolverse dentro del marco de cooperación internacional previsto por la Convención, sin debilitar la credibilidad de los mecanismos de derechos humanos.

“El principio de independencia requiere que los miembros no podrán estar sometidos a ningún tipo de dirección o influencia ni a presiones del Estado del que sean nacionales”, citó, al recordar las directrices internacionales aplicables.

Albán planteó una agenda común que trascienda el conflicto discursivo. El objetivo central, afirmó, consiste en reforzar la prevención, intensificar la búsqueda de personas desaparecidas, investigar los casos y erradicar el fenómeno. Ese horizonte, subrayó, debe priorizar a las víctimas y sus familias por encima de cualquier diferencia política.

La Presidenta critica que se extrapolaran datos pasados

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum ratificó el rechazo al informe expedido por el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas con el que señaló a México en días recientes, al apuntar que la información sobre la que se sacaron conclusiones dista del tiempo actual; sin embargo, afirmó que esto no significa que el Estado dejará de trabajar para acabar con las desapariciones.

En conferencia de prensa señaló que el análisis hecho por dicha instancia internacional únicamente evaluó la situación en cuatro de las 32 entidades federativas y del periodo de 2009 a 2017.

“Este comité hace un análisis de casos de cuatro estados de la República del 2009 al 2017. Los resultados que obtienen de ese análisis los extrapolan hasta el 2025: cuatro estados de la República, análisis del 2009 al 2017 y hay una extrapolación hasta el 2025”, remarcó.

• 132 mil 400 desaparecidos documentó el informe del organismo

Además comentó que las valoraciones tampoco corresponden a los propios lineamientos de la ONU, que definen la desaparición forzada.

“En los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es: aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier Estado de cualquier país del mundo, para desaparecer personas por motivos principalmente políticos; el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión”, dijo.

Afirmó que hace algunos meses las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación remitieron documentos para exponer los trabajos que se han hecho durante su administración y también los emprendidos desde el sexenio pasado, los cuales no fueron considerados al momento de emitir las conclusiones.

De esa manera rechazó que lo vertido por el informe del comité contra el Estado mexicano refleje la realidad que hoy se vive en el país, pues además aseguró que no se utiliza la desaparición como mecanismo de control.

“Todo esto no fue tomado en cuenta. Entonces, por eso se rechaza el informe, pero eso no quiere decir que no sigamos avanzando nosotros con el tema de los desaparecidos —como lo hemos venido informando— y como la secretaria de Gobernación ha venido haciéndolo junto con su equipo, con todos los colectivos de personas desaparecidas”, dijo.

De allí, comentó que se aprovechará la relación que se ha establecido con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que se le remita un informe propio sobre las acciones emprendidas por su Gobierno.

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LMCT