Vaya voltereta la que ha dado en cuestión de meses la segunda versión de la reforma electoral conocida como Plan B. Resulta que después de que pasó por un calvario para que fuera finalmente aprobada —particularmente porque ni los aliados del oficialismo, que la impulsó, querían darle el sí—, ahora hasta parece que le sobran apoyos. Estamos hablando de la simpatía que, nos dicen, ya generó el proyecto de ley entre algunos miembros de la oposición. Ayer, en el contexto de la discusión de esta iniciativa en comisiones de San Lázaro, el diputado de Movimiento Ciudadano, Pablo Vázquez Ahued, declaró públicamente que incluso a pesar de las reservas que pudieran tener como buenos opositores, los legisladores naranjas no serán un obstáculo para “reducir privilegios y para reducir el gasto en las instituciones públicas”. Vázquez Ahued también reconoció que al retirarse de este plan de reforma el controversial apartado referente a la revocación de mandato, es la primera vez que una iniciativa presidencial constitucional es modificada de fondo por una de las cámaras, lo que a su juicio luce como un gran ejemplo democratizador. Qué tal.