Los grupos parlamentarios del PAN y PRI en el Congreso coincidieron este martes en rechazar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a cancelar cuentas bancarias por simple denuncia y sin orden judicial, al advertir que viola el principio de presunción de inocencia y consolida un patrón autoritario impulsado por Morena.
En este contexto, diputados de Acción Nacional anunciaron una iniciativa de reforma para limitar ese poder, que ven como herramienta de represión del oficialismo contra opositores.
- El Dato: La ministra Yasmín Esquivel fue la única que votó en contra, al argumentar que la norma sigue siendo imprecisa en cuanto a los supuestos que justifiquen el bloqueo de cuentas.
El diputado federal albiazul Héctor Saúl Téllez advirtió que la medida “viola la presunción de inocencia, destroza el debido proceso, resta seguridad y certeza jurídica” y convierte una simple sospecha en un castigo inmediato “que puede dejar en la ruina a familias, empresarios y ciudadanos honestos”.
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Calificó la resolución como “un golpe serio a nuestros principios jurídicos y al derecho de propiedad” y alertó que “abre la puerta al abuso político y al uso selectivo contra quien piense diferente o sea incómodo al Gobierno”.
En el Senado de la República, el panista Raymundo Bolaños Azocar coincidió en el diagnóstico. “El gran problema de todo esto es la discrecionalidad, es el hecho de que a unos sí y a otros no. ¿Con el criterio de quién?”, cuestionó.
El legislador advirtió que las consecuencias pueden ser “a veces irreparables” para pequeñas y medianas empresas: “El que haya una discrecionalidad de este tamaño con ese criterio puede ser inclusive terrorismo político”.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, rechazó la resolución, al considerar que es un despropósito. “Ésa es la construcción del Estado autoritario que Morena ha venido confeccionando desde el sexenio pasado”, advirtió.
Además, comparó la medida con prácticas de regímenes no democráticos: “Ya sabemos cómo funciona, igual que en Venezuela, sólo por sospecha”. Añorve atribuyó la decisión a la captura del máximo tribunal: “Ahí está lo que esta Corte que es de Morena, la mayoría de los ministros y ministras, resolvieron en contra del Estado de derecho y en contra de la Constitución”.
Ante la certeza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no revertirá el fallo, el diputado panista Federico Döring anunció, junto con Héctor Saúl Téllez, una iniciativa de reforma para imponer límites a la UIF. La propuesta contempla una definición legal de qué constituyen “indicios suficientes” para activar un bloqueo; un plazo máximo de 72 horas para que un juez ratifique o levante la medida; notificación inmediata y reparación del daño a quienes resulten inocentes.
Döring Casar exigió, además, reportes públicos mensuales sobre las decisiones de la UIF. El diputado advirtió que, sin esos controles, el mecanismo queda abierto al uso político: “Congelar cuentas porque a algún político de Morena se le ocurre o tiene sospecha de otra persona y denuncia, es violar los procesos legales existentes. Sin pasar por un juez, basta que diga el Gobierno que sospecha de alguien y sin probar nada, van a entrar a nuestras cuentas y congelarlas”.
El legislador aclaró que la oposición no se opone al combate al lavado de dinero ni al crimen organizado, siempre que se realice “con una actuación responsable y apegada a derecho, sin efectos negativos que creen incertidumbre jurídica para todos”.
Bolaños Azocar, por su parte, advirtió que el asunto podría derivar en una sanción internacional: “Debe acabar en instancias internacionales”.
Reconoció, sin embargo, los límites de esa vía: “Va a llegar, te lo garantizo, va a llegar la sanción para el Gobierno mexicano con este tipo de criterios, pero va a tardar mucho en que ocurra”.
