Gabriel Arturo Castillo, originario de Monterrey, Nuevo León, aceptó su responsabilidad penal en Estados Unidos por su participación en una red internacional que lavó millones de dólares provenientes del narcotráfico mediante operaciones comerciales aparentemente legales entre ambos países.
El empresario mexicano de 52 años admitió ante una corte federal su papel en una red que operó durante al menos dos años y que permitió transferir ganancias ilícitas sin cruzar físicamente el dinero por la frontera. Las autoridades detallaron que el esquema utilizó el comercio de mercancías como mecanismo para ocultar el origen ilícito de los recursos.
El caso reveló una estructura compleja basada en el sistema conocido como Intercambio de Pesos del Mercado Negro (BMPE por sus siglas en inglés), un sofisticado sistema de lavado de dinero en el que organizaciones criminales reciben grandes cantidades de dólares en distintas ciudades de Estados Unidos y los “convierten” en moneda nacional sin cruzar la frontera.
¿Cómo va la Ley Trasciende en el Senado este abril? Iniciativa que busca la eutanasia legal en México
Los fondos recolectados en Estados Unidos se depositaban en cuentas bancarias locales o se trasladaban a Laredo, Texas, donde empresarios mexicanos los adquirían a un precio menor del oficial para comprar productos en territorio estadounidense, incluidos artículos como perfumes.
Posteriormente, la mercancía cruzaba hacia México, donde se vendía a un costo fijo, mientras que los grupos delictivos recibían pagos en pesos dentro del país.
Funcionarios del Departamento de Justicia subrayaron que este tipo de esquemas fortalece las operaciones del narcotráfico.
El fiscal adjunto A. Tysen Duva afirmó que “durante años, Gabriel Arturo Castillo aceptó lavar millones de dólares en ganancias de drogas a través de un sistema intrincado”, y advirtió que estas redes “promueven el tráfico mortal de drogas y ponen en riesgo vidas, negocios legítimos y el comercio”.
Desde la fiscalía del Distrito Sur de Texas, John G.E. Marck señaló que el acusado y sus colaboradores desempeñaron un papel clave en la operación financiera de los cárteles.
“Este acuerdo de culpabilidad representa otro paso para desmantelar las redes económicas que alimentan la violencia y el tráfico de narcóticos en la frontera sur”, sostuvo.
Las agencias federales también destacaron el alcance de la investigación. Miguel Madrigal, agente especial de la DEA en San Antonio, explicó que Castillo “jugó un papel clave durante años al ocultar ganancias del narcotráfico mediante esquemas complejos”, aunque la indagatoria permitió identificar las actividades y llevar el caso ante la justicia.
Por su parte, Rodrick Benton, del área de Investigación Criminal del IRS en Houston, describió la mecánica financiera del esquema: “Pudimos seguir el rastro del dinero y entender cómo se compraban mercancías en negocios estadounidenses para luego venderlas en México a un precio predeterminado”.
Añadió que ninguna estructura de este tipo logra evadir a las autoridades cuando existe seguimiento financiero.
El imputado enfrentó el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y podría recibir hasta 20 años de prisión. La sentencia se definirá el próximo 7 de julio, cuando un juez federal evalúe los lineamientos legales correspondientes.
La investigación también evidenció la coordinación entre agencias estadounidenses y autoridades mexicanas, que permitió la detención y extradición de Castillo en agosto de 2025, en un esfuerzo conjunto por desarticular las redes financieras del crimen organizado.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL
