Miles de mexicanos quedaron expuestos en una vitrina digital construida por el gobierno de Donald Trump. Aparecen con nombre, fotografía y acusaciones que los colocan ante el ojo público como parte de los criminales más peligrosos en Estados Unidos. Sin embargo, los propios datos del sitio revelan un contraste con la narrativa oficial de la Casa Blanca: una proporción relevante de los casos corresponde a delitos vinculados sólo con el hecho migratorio.
La plataforma, titulada “The Worst of the Worst”, apareció en el sitio oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 8 de diciembre del año pasado con 10 mil perfiles iniciales y en poco más de tres meses escaló hasta casi 31 mil. En ese universo, México concentró 14 mil 240 casos, la cifra más alta entre las 160 nacionalidades incluidas en este portal. De hecho, el número es siete veces más alto que el de Honduras, que aparece en segundo lugar con dos mil 634 detenidos.
- El Dato: El homicidio aparece en el lugar 29 entre los delitos más frecuentes ligados a los detenidos mexicanos en Estados Unidos, de acuerdo con una revisión de La Razón.
El texto que acompaña la plataforma acentúa el señalamiento sobre los migrantes exhibidos. El sitio, operado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, incorpora mensajes oficiales donde se refiere a los detenidos como “scumbags”, un término que se traduce como “escoria” o “basura”.
No se trata de expresiones aisladas: aparecen junto con los perfiles y forman parte del contenido que se difunde al público estadounidense, incluso con llamados a compartir estas imágenes, lo que amplifica su alcance.
Aunque el discurso gubernamental sostiene que la página sólo concentra a personas condenadas por ilícitos graves —como vínculos con pandillas, crimen organizado, tráfico de drogas, agresiones violentas y delitos sexuales—, un análisis elaborado por La Razón de los datos directos de esta plataforma mostró una realidad diferente. Entre los mexicanos detenidos, el delito más frecuente es el reingreso ilegal, con dos mil 871 casos, lo que representa cerca del 20 por ciento de los perfiles exhibidos.
- El Tip: Entre enero de 2025 y marzo de 2026, más de 189 mil mexicanos han sido repatriados desde EU bajo el gobierno de Trump.
El resto de los delitos vinculados a mexicanos presentó cifras relevantes, aunque menores en comparación con ese primer rubro. La agresión sumó mil 460 casos; el tráfico de drogas, mil 347; la conducción bajo efectos del alcohol, mil 309, y la agresión agravada, mil 297, de acuerdo con el registro oficial.
Teresa Peña Carrasco, abogada penalista y experta en Derechos Humanos, explicó que, a pesar de que el reingreso ilegal se clasifica como delito grave en la legislación de EU, no resulta equiparable con los ilícitos listados en esta plataforma. “Regresar sin documentos no corresponde a conductas que atenten contra bienes jurídicos como la vida, la integridad o la libertad”, señaló, al referirse a la diferencia con crímenes de alto impacto.
Desde esa perspectiva, la penalista explicó que los marcos internacionales en materia penitenciaria y migratoria refuerzan ese principio. “Las Reglas Mandela y la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan a garantizar la integridad física y moral de las personas detenidas”, afirmó.
También recordó que organismos internacionales han sostenido que la migración irregular no debe criminalizar y que las detenciones deben aplicarse de manera excepcional, proporcional y con respeto a la dignidad humana, lo que excluye su exhibición pública bajo categorías que los equiparen con delincuentes de alto impacto.
La especialista advirtió que la exposición pública de migrantes detenidos bajo etiquetas generalizadas de criminalidad contraviene estándares internacionales claros. “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona privada de la libertad debe recibir un trato humano y digno, sin excepción”, y subrayó que esa obligación se mantiene incluso frente a personas acusadas o condenadas por delitos graves.
Peña Carrasco añadió que la Convención contra la Tortura también prohíbe cualquier forma de trato degradante, lo que incluye prácticas que humillen o estigmaticen a quienes se encuentran bajo custodia del Estado. En ese marco, advirtió que la forma en que se presenta públicamente a las personas detenidas adquiere un peso determinante en la garantía de sus derechos.
Las observaciones de la abogada Teresa Peña Carrasco sobre los límites que imponen los estándares internacionales encontraron eco en el análisis social del fenómeno.
En ese mismo eje, el sociólogo Carlos Arvizú Gómez advirtió que la forma en que se construye y difunde el mensaje dentro de la plataforma no sólo plantea implicaciones jurídicas, también incide en la percepción colectiva al reforzar etiquetas que amplifican el estigma sobre los migrantes exhibidos.
El experto explicó que ese tipo de discurso institucional tiene efectos directos en la percepción social. “El lenguaje no es neutral; cuando el Estado nombra de esa forma, construye una categoría que se traduce en estigmatización”, afirmó. A su juicio, la reiteración de términos peyorativos consolida una narrativa que amplifica prejuicios y condiciona la lectura pública de los datos.
Arvizú Gómez explicó que la narrativa no sólo clasificó a las personas incluidas en el registro, también definió la forma en que se presentaron ante la opinión pública. Señaló que la etiqueta, reiterada en materiales institucionales, estableció un encuadre que vinculó a los migrantes exhibidos con una idea de peligrosidad extrema, sin distinguir entre los distintos tipos de delitos documentados dentro de la propia base.
Para el especialista, la plataforma no sólo difundió información, también articuló un relato donde cifras, imágenes y calificativos operaron en conjunto. La combinación de elementos colocó a miles de personas en un espacio de exposición donde el dato quedó acompañado por una carga simbólica que definió el sentido con el que se interpretó su presencia en el registro.
La distribución territorial confirmó la escala del fenómeno. Texas encabezó la lista con tres mil cinco mexicanos detenidos, seguido de California, con dos mil 169, y Florida, con mil 548. Ese mapa delineó una presencia focalizada en estados clave para la dinámica migratoria en Estados Unidos.
El registro también incluyó información institucional sobre el alcance de las detenciones. En total, tres mil 38 condados aparecieron vinculados con los casos, con dos mil 108 registros de mexicanos asociados a arrestos en esas jurisdicciones, dentro del total general.
México escala respuesta por muerte de paisanos
› Por Elizabeth Hernández
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo endureció la estrategia diplomática y legal de su Gobierno tras la nueva muerte de un mexicano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con acciones ante organismos internacionales y refuerzo de la vigilancia consular en las instalaciones de detención migratoria.
Desde Palacio Nacional, la mandataria fijó la postura oficial con un mensaje de alcance internacional: “Vamos a defender a los mexicanos en todas las instancias”, enfatizó, al confirmar el impulso de nuevas denuncias ante organismos multilaterales y rutas jurídicas para esclarecer los fallecimientos.
- El Dato: El fallecimiento de Alejandro Cabrera Clemente se reportó el 11 de abril, en el Centro Correccional de Winn, en Luisiana, EU, cuando estaba bajo custodia del ICE.
Como primera medida, la mandataria federal instruyó un refuerzo inmediato en la vigilancia consular dentro de los centros operados por autoridades migratorias en Estados Unidos.
“Se solicitó que los consulados visiten diario los centros de detención”, sostuvo, al explicar que antes las revisiones ocurrían una vez por semana.
El Gobierno federal formalizó un reclamo diplomático, ya que se envió una comunicación oficial al gobierno de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y se activaron contactos con el Departamento de Estado para garantizar acceso permanente del personal consular a las instalaciones de detención.
“Se hizo una carta muy fuerte, ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al gobierno de Estados Unidos”, afirmó la mandataria, al destacar que esta acción busca exigir información y una investigación clara sobre los decesos de connacionales en los centros de detención.
Sheinbaum Pardo reconoció que no ha planteado directamente estos fallecimientos con su homólogo estadounidense, Donald Trump, al señalar que el diálogo bilateral se ha centrado en la protección general de los derechos humanos de los migrantes mexicanos en ese país.
En el ámbito jurídico, el Gobierno acompañó a las familias en la presentación de recursos legales.
“Se ha apoyado a las familias para las denuncias”, indicó la Presidenta al explicar que los expedientes avanzan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se evalúa acudir a otras instancias internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sobre las causas de los decesos, la titular del Ejecutivo federal descartó conclusiones anticipadas: “En ningún caso hay presunción de que haya sido homicidio”, señaló, aunque exigió investigaciones exhaustivas para determinar posibles violaciones a los derechos humanos.
Sheinbaum Pardo aclaró que las investigaciones dependen de autoridades estadounidenses, lo que limita la intervención directa de su Gobierno en el proceso. También señaló que corresponde a ese país determinar las causas de cada fallecimiento, por lo que México centra su actuación en la vía diplomática.
La Presidenta cuestionó las detenciones migratorias y rechazó los operativos del ICE contra personas sin documentos en territorio estadounidense.
“No estamos de acuerdo con las detenciones que está haciendo esta institución”, ya que, añadió, muchos connacionales no enfrentan delitos graves: “su único delito es no tener papeles, pero son ciudadanos que trabajan allá”.