En México se respetan los derechos humanos, no sólo por obligación y mandato constitucional, sino por convicción y prioridad del Estado mexicano, expuso la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, durante un encuentro con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk.
Asimismo, la funcionaria refrendó la cooperación y el compromiso del Gobierno de México con el sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos y la protección de las libertades fundamentales de toda la población.
- El Dato: El titular del INPI presentó al funcionario de la ONU los avances de la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.
“Reiteramos el firme compromiso del Gobierno de México con los derechos humanos y que la atención a las víctimas y familias es el centro de toda acción pública. Coincidimos en que la cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas Derechos Humanos amplía nuestras capacidades para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación”, afirmó.
En el encuentro, se destacó que el respeto y la protección de los derechos humanos constituyen una política de Estado, respaldada por un sólido sistema institucional para enfrentar los retos. Añadió que desde el Gobierno no se reprime ni se persigue a nadie y que México tiene en la protección de las libertades su mayor orgullo frente al mundo.
La secretaria señaló que se combate la discriminación, el clasismo, la misoginia y el racismo; se garantiza el derecho a la salud y el derecho a la educación, mediante programas de becas; se avanza en la universalización del acceso a la salud, y se atiende el bienestar de jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes e indígenas, en todo el país.
El subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, reafirmó que la atención a las desapariciones es “una prioridad nacional” y mencionó entre las nuevas herramientas la alerta de búsqueda, la plataforma única de identidad y la obligación de abrir carpetas de investigación desde el primer momento de la desaparición, así como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la coordinación con autoridades locales de las 32 entidades del país.
En ese marco, la titular de Segob señaló que en México se combate la discriminación, el clasismo, la misoginia y el racismo; se garantiza el derecho a la salud y el derecho a la educación, mediante programas de becas; se avanza en la universalización del acceso a la salud; y se atiende el bienestar de jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, migrantes e indígenas, en todo el país.
Asimismo, dijo que entregó a las entidades federativas un protocolo de atención a la protesta social, el cual garantiza el derecho a la libre manifestación y expresión mediante un enfoque que salvaguarda los derechos humanos y refuerza las libertades en todo el país.
Finalmente, al recordar acciones como las realizadas en el programa Sí al desarme, sí a la paz, Rosa Icela Rodríguez destacó que México no está condenado a la guerra, está destinado a la paz.
A la reunión asistieron los titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y las unidades de Política Migratori y para la Defensa de los Derechos Humanos.
ALCANCES. Previamente, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia de prensa que el próximo miércoles recibirá a Türk en Palacio Nacional, y anticipó la entrega de un informe sobre desapariciones al que calificó como “un documento muy importante”.
Subrayó que la visita no se circunscribirá al tema de las desapariciones: “Él viene no solamente a ver el tema de desaparecidos, sino también a conocer cómo es todo el mecanismo de derechos humanos en nuestro país”.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de desagregar los registros por sexenio, la mandataria reconoció deficiencias en la plataforma heredada. Señaló que dentro de los más de 130 mil registros existen casos con información incompleta.
“Resulta extraño que haya un registro en donde solamente se ponga el nombre de pila, porque la plataforma era abierta, cualquiera podía incorporar nombres. No viene cuándo desapareció, en qué momento, no hay teléfono de contacto, no hay nada. No se hizo bien ese registro de esta plataforma abierta”, dijo.
La mandataria detalló que existe “otro porcentaje muy importante de personas que hay registros administrativos posteriores a su desaparición”, que facilita su localización, mientras que alrededor de 36 mil casos cuentan con datos completos pero sin rastros adicionales.
Destacó que se trabaja con familiares y en campo, además de reforzar la coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar personas fallecidas sin identidad.
“Es un trabajo muy intenso, pero que tenemos que hacerlo, porque es obligación, y además tenemos que ser siempre solidarios con todos los familiares. Seguimos avanzando no solamente en el registro, sino en la búsqueda, que es lo más importante”, expresó.
CIERRA EL DÍA. La agenda del Alto Comisionado incluyó también una reunión de trabajo con ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que también estuvieron integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ), en el marco de un convenio de colaboración que suscribieron la Oficina del ACNUDH en México y el máximo tribunal.
“Durante el encuentro (…) se destacó la importancia de considerar la pluriculturalidad del país como una forma de garantizar los derechos, incluso para quienes siempre han sido excluidos de la justicia, particularmente de los pueblos indígenas y el avance del reconocimiento de la justicia pluricultural”, destacó el máximo tribunal en un comunicado.
El ministro Irving Espinosa valoró el acuerdo como un paso para consolidar “una justicia más cercana, independiente y comprometida con la protección efectiva de los derechos humanos. Desde el Poder Judicial, refrendamos nuestra convicción de que la justicia debe ser un instrumento real para garantizar la dignidad de las personas, reducir brechas de desigualdad y responder con responsabilidad a los desafíos de nuestro tiempo”.
Oposición acusa polarización aquí
Por Claudia Arellano
Durante su participación como orador en la 152 Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP), organismo que colabora con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el diputado panista Ernesto Sánchez Rodríguez denunció ante legisladores de todo el mundo que la crisis de desapariciones en México es “insostenible” y pidió ayuda para visibilizar la situación a nivel internacional.
En el encuentro internacional se llevó a cabo en Estambul, Turquía, del 15 al 19 de abril, bajo el lema “Cultivar la esperanza, asegurar la paz y garantizar la justicia para las generaciones futuras”, el legislador por Quintana Roo alertó que actualmente hay más de 132 mil personas desaparecidas en el país, la mayoría jóvenes, y aseguró que denunciar esta problemática desde la oposición requiere valentía.
Asimismo, criticó al Gobierno federal, encabezado por Morena, al acusarlo de negar la crisis de seguridad y fomentar la polarización en lugar de atender los problemas estructurales del país.
“La situación de los desaparecidos en México es insostenible y les pido me ayuden a que el mundo se entere. El Gobierno llegó con promesas de justicia social, pero en lugar de resolver los retos, los niega y se dedica a polarizar a los mexicanos”, dijo.
Exigen al Estado aceptar crisis por desapariciones
Por Claudia Arellano
Amnistía Internacional informó que colectivos de familiares de personas desaparecidas entregaron una carta al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Volker Türk, en la que solicitan el reconocimiento de “una crisis de desapariciones en México”, que, advierten, podría constituir un crimen de lesa humanidad.
La misiva fue firmada por 104 colectivos de víctimas de México y Centroamérica; 78 organizaciones civiles, albergues y redes de México y otros países; 315 familiares de desaparecidos, así como 149 personas solidarias, las cuales pidieron al funcionario internacional pronunciarse a favor del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU.
En el documento, los firmantes señalaron que un posicionamiento claro de la Oficina del Alto Comisionado fortalecería la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y enviaría un mensaje contundente sobre la gravedad del fenómeno en México.
“Un pronunciamiento de su parte fortalecería la autoridad de la Convención y enviaría un mensaje inequívoco sobre la integridad del sistema universal”, dijeron.
Los colectivos también solicitaron que, en su próxima reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Alto Comisionado del organismo impulse cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada para realizar investigaciones exhaustivas sobre desapariciones forzadas y posibles vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado. Entre las peticiones, se incluye la creación de un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad, así como medidas de protección y asistencia para familias buscadoras y organizaciones defensoras de derechos humanos.
“Que en su próximo diálogo con la Presidenta Sheinbaum, le haga ver que, más allá del desacuerdo con el Comité contra las Desapariciones en la caracterización del contexto de las desapariciones en México, hay puntos de convergencia con lo expresado hasta ahora por su Gobierno para llegar a acuerdos ante la Asamblea General”, señala la carta.
Las organizaciones destacaron la necesidad de aceptar “cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada” en las áreas de búsqueda de personas, análisis forense e investigación de desapariciones forzadas, así como de posibles vínculos entre servidores públicos y grupos del crimen organizado. Asimismo, pidieron que la ONU exhorte al Estado mexicano a alinear sus políticas públicas con las recomendaciones reiteradas del CED y otros organismos internacionales.
De acuerdo con los colectivos, el informe del Comité representa una oportunidad clave para avanzar en la búsqueda de más de 132 mil personas desaparecidas en México, así como en la identificación de más de 70 mil restos humanos que permanecen sin reconocimiento.
El pronunciamiento fue respaldado por organizaciones como Artículo 19, Asylum Access México, Impunidad Cero y otros colectivos y asociaciones civiles que acompañan a familias de personas desaparecidas.
En paralelo, familiares del colectivo Hasta Encontrarles realizaron actividades simbólicas en la Ciudad de México, como la “Cascarita para no olvidar”, en la Glorieta de las y los Desaparecidos, para visibilizar la crisis y mantener viva la exigencia de búsqueda y justicia.
