Tras rendir protesta ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), las consejeras Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García, así como el consejero Arturo Manuel Chávez López, delinearon una agenda centrada en la imparcialidad, la legalidad y la reconstrucción de la confianza ciudadana rumbo al proceso electoral de 2027. Permanecerán en el cargo del 22 de abril de 2026 al 21 de abril de 2035.
Durante el acto oficial, Gómez Puga afirmó que “la confianza en las instituciones no nace de lo que decimos, sino de lo que hacemos”, y asumió el encargo como “un compromiso público que exige integridad, carácter, sensibilidad, legalidad y una profunda responsabilidad frente a la ciudadanía”.
Subrayó que “la función electoral no admite ambigüedades. La imparcialidad es una obligación”, al advertir que la legitimidad del INE “se construye lentamente, pero puede perderse en un instante”.
Por su parte, Blanca Yassahara Cruz sostuvo que el INE “nació del pueblo y para beneficio de este”. Llamó a conducirse bajo principios como legalidad, objetividad, independencia e imparcialidad, y propuso “un diálogo tolerante, respetuoso, abierto y fecundo para organizar de manera impecable las elecciones”.
Mientras que Arturo Manuel Chávez López reivindicó el origen ciudadano del instituto y señaló que debe “caminar al lado de las transformaciones”, al tiempo que pidió abandonar la confrontación: “No podemos seguir en lógicas de descalificación. No somos enemigos del gobierno”, sino parte del Estado, y se comprometió a garantizar que el voto sea respetado.
En su oportunidad, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, sostuvo que esta renovación abre “una nueva etapa” para el INE, que exigirá rigor técnico y profesionalismo para asegurar que “la voluntad ciudadana se exprese de manera libre y auténtica en las urnas”.
Las designaciones generaron reacciones encontradas entre exintegrantes del organismo. El exconsejero Marco Antonio Baños acusó que Morena “concluyó la colonización” del INE al impulsar perfiles cercanos a la llamada Cuarta Transformación, y criticó la opacidad del proceso: “No queda claro cuáles son los criterios que se aplicaron para la selección”.
Añadió que las designaciones se dieron en medio de un procedimiento “muy cuestionable” por la falta de transparencia en la elaboración, resguardo y evaluación del examen.
Aunque el exconsejero planteó dar “el beneficio de la duda” a las nuevas consejerías, Baños expresó reservas sobre la imparcialidad de algunos perfiles: “Yo en lo personal no creo que en el caso concreto del señor Chávez vaya a haber una actuación imparcial”.
En contraste, el también exconsejero Eduardo Huchim consideró que el proceso “cumplió la ley”, aunque lamentó la falta de consensos en la elección: “Lo deseable es que los nombramientos sean por unanimidad”.
A diferencia de Baños, Huchim consideró que el punto central no es la filiación política, sino la actuación que tengan en el Consejo General: “Lo que sí me importa es que a la hora de votar actúen realmente con imparcialidad”. Rechazó hablar de una “colonización” del instituto, aunque advirtió que “cualquier influencia, intromisión o colonización es reprobable y tiene que ser rechazada”.
Pese a los cuestionamientos, ambos exconsejeros coincidieron en que la legitimidad de los nuevos consejeros dependerá de sus decisiones en el cargo: “por sus votos los conoceremos”.
