La impunidad en el país tiene raíces también a nivel municipal, pues apenas dos de cada 10 funcionarios investigados por posibles faltas en ese nivel de gobierno recibieron sanción en 2024, principalmente los asociados a actos de corrupción.
Un análisis realizado por La Razón, con base en cifras del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), identificó 43 mil 340 indagatorias frente a siete mil 465 acciones de castigo, una proporción que dejó sin consecuencia la mayoría de los casos y colocó en evidencia la fragilidad del sistema de responsabilidades en el ámbito local.
- El Dato: Durante 2024 se recibieron 35 mil 472 denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios, de las cuales 12 mil 667 se registraron en Edomex.
Esa brecha no sólo refleja rezagos administrativos; también expone un problema de fondo en la capacidad del Estado para cerrar expedientes con resultados.
Cada investigación implica al menos a un servidor público, por lo que la distancia entre denuncias y sanciones confirma que miles de señalamientos no alcanzan una resolución efectiva. La recurrencia de cifras superiores a 40 mil indagatorias anuales apunta a una práctica extendida que no encuentra contención institucional.
Las autoridades iniciaron más de 14 mil procedimientos y concluyeron poco más de 12 mil, pero la mitad terminó en sanciones por faltas no graves. La abstención de castigo ocupó el segundo lugar. Ese patrón revela una tendencia a resolver sin consecuencias contundentes, lo que reduce el impacto disuasivo de la política anticorrupción.
- El Tip: En total, 11 funcionarios fueron castigados por cohecho, igual número por desvío de recursos, 8 por abuso de funciones y 6 por utilización indebida de información.
Tamara Delgado Salinas, doctora en Políticas Públicas y Desarrollo, sostuvo en entrevista con La Razón: “Cuando el sistema privilegia salidas administrativas de bajo impacto, envía una señal ambigua. No basta con cerrar expedientes, se requiere que las resoluciones tengan capacidad de modificar conductas”.
Incluso en los casos que sí derivan en castigo, el tipo de sanción limita su alcance. La amonestación privada encabezó las resoluciones, seguida de la pública y, en menor medida, la inhabilitación. Este predominio de medidas internas reduce la visibilidad de las faltas y diluye el efecto ejemplar frente a la ciudadanía.
Delgado Salinas advirtió que “las sanciones privadas cumplen una función correctiva, pero no generan presión pública ni fortalecen la rendición de cuentas. Sin transparencia, el castigo pierde parte de su sentido”.
El volumen de denuncias mantiene bajo presión a los gobiernos municipales. Durante 2024 se registraron más de 35 mil reportes por incumplimiento de obligaciones. Más de la mitad se consideró procedente, aunque una proporción similar quedó sin resolución durante el mismo periodo.
A pesar de una ligera disminución respecto a 2022, el número de señalamientos se mantiene en niveles elevados, lo que confirma la persistencia del problema. En ese contexto, la experta señaló: “La reducción en el número de denuncias no implica una mejora estructural. Mientras los niveles se mantengan altos y no exista una disminución sostenida acompañada de sanciones efectivas, el problema de fondo sigue intacto”.
La distribución territorial añade otra capa de análisis. Tecámac y Ecatepec concentraron el mayor número de denuncias por incumplimiento de obligaciones, con miles de registros en cada caso. Sin embargo, los castigos no superaron una fracción mínima del total de señalamientos, con niveles inferiores al cinco por ciento.
La especialista explicó que “las zonas con mayor densidad poblacional y carga administrativa tienden a registrar más denuncias, pero eso también revela debilidad en los mecanismos de control interno. No se trata sólo de volumen, sino de capacidad de supervisión”.
En cuanto a las investigaciones por responsabilidades administrativas, el municipio de Toluca encabezó la lista, seguida por Tecámac y Cuautitlán Izcalli, con más de mil 500 expedientes en cada municipio. A pesar de ese nivel de actividad, menos del dos por ciento de los casos derivó en sanciones, una proporción que evidencia la desconexión entre detección de irregularidades y aplicación de castigos.
Para la experta en políticas públicas, “cuando la ciudadanía observa que las denuncias no tienen consecuencias, se erosiona la confianza en las autoridades y se debilita la disposición a reportar irregularidades”. A su juicio, este fenómeno genera un efecto acumulativo que impacta directamente en la calidad de la rendición de cuentas: menos denuncias implican menor visibilidad de las faltas y, por lo tanto, una reducción en la presión pública para sancionarlas.
Delgado Salinas advirtió que este ciclo también favorece la normalización de prácticas indebidas dentro de las administraciones locales. “Si los servidores públicos perciben que el riesgo de sanción es bajo, la conducta irregular deja de verse como una excepción y comienza a integrarse en la operación cotidiana”, explicó. Bajo ese escenario, añadió, el sistema no sólo pierde capacidad de castigo, también debilita su función preventiva.
ESCALA PENAL. El ámbito penal ofrece un contraste en volumen, pero no necesariamente en efectividad. Durante 2024 se presentaron 324 denuncias contra funcionarios por posibles delitos en el ejercicio de sus funciones. El ejercicio indebido del servicio público concentró la mayor parte de los casos, seguido por abuso de autoridad.
Municipios como San Quintín, Baja California; San Francisco del Rincón, Guanajuato, y Santiago Yosondúa, en Oaxaca, registraron más reportes por abuso de autoridad, lo que apunta a prácticas recurrentes en contextos con menor capacidad de control institucional.
Para Tamara Delgado, las “regiones donde existen condiciones de violencia o debilidad institucional, el abuso de autoridad tiende a normalizarse. La falta de sanción refuerza ese comportamiento”.
El delito de uso indebido del servicio público también mostró una dispersión territorial significativa. Mazatlán encabezó los registros, mientras Mexicali y Chimalhuacán aparecieron entre los municipios con mayor número de casos. Esta distribución refleja que la irregularidad no se concentra en una sola región, sino que atraviesa distintos contextos administrativos.
Los delitos económicos, como el peculado, evidencian una de las brechas más críticas. A nivel nacional se registraron decenas de denuncias por este ilícito, con municipios como Nogales entre los más señalados, pero el número de sanciones resultó mínimo. La diferencia entre daño patrimonial y castigo efectivo revela dificultades para investigar y acreditar este tipo de conductas.
Para la doctora Tamara Delgado Salinas, se “necesita un rediseño institucional que garantice investigaciones sólidas, resoluciones oportunas y sanciones proporcionales. Sin esos elementos, la corrupción local encuentra un espacio para reproducirse”.
