El Senado de la República analizará si proceden responsabilidades políticas, administrativas o penales contra autoridades del estado de Chihuahua por presuntamente haber permitido la intervención de agentes extranjeros en territorio mexicano, luego de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván declinara la invitación para comparecer ante las comisiones de Puntos Constitucionales y Seguridad.
El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó ante el Pleno un informe conjunto con la Comisión de Seguridad Pública en el que se señala que los hechos ocurridos en el municipio de Morelos, Chihuahua, el pasado 19 de abril —relacionados con el desmantelamiento de un narcolaboratorio— “constituyen una transgresión de carácter constitucional de gran magnitud al involucrar actos que presuntamente permitieron o toleraron la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional”.
Cantón Zetina advirtió que las autoridades estatales podrían haber actualizado “una posible invasión competencial respecto de atribuciones reservadas al Estado mexicano en su dimensión federal”, y no descartó que las conductas documentadas pudieran configurar el delito de traición a la patria, “previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal”.
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El senador fundamentó el análisis del Senado en el artículo 76 constitucional, que faculta a la Cámara alta para intervenir en asuntos que incidan en “la estabilidad del pacto federal, la seguridad interior y la preservación de la soberanía nacional”, así como en la Ley de Seguridad Nacional.
Determinaciones penales no corresponden al Senado
No obstante, aclaró que las determinaciones de naturaleza penal “corresponden exclusivamente a las autoridades ministeriales y jurisdiccionales competentes”
El informe, firmado también por la senadora Lucía Trasviña Waldenrath, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, precisa que, antes de renunciar, el fiscal de Chihuahua “admitió su responsabilidad en los hechos que motivaron la reunión de trabajo”, y que la unidad especializada creada por la propia gobernadora reconoció “la presencia de cuatro agentes extranjeros” en el operativo.
Acusan ‘violación contundente a la soberanía nacional’
Por separado, la senadora Lucía Trasviña describió el caso como una “violación contundente a la soberanía nacional”, y consideró “profundamente preocupante” la inasistencia de la gobernadora de Chihuahua a la reunión de trabajo convocada por las comisiones del Senado.
“Los hechos ocurridos en Chihuahua, por su naturaleza y sus posibles implicaciones, rebasan el ámbito estrictamente local”, sostuvo la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, al acusar presunta violación a los artículos 39, 40, 41, 89, 117 y 133 de la Constitución, así como a los artículos 3, 5 y 15 de la Ley de Seguridad Nacional.
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cehr
