Morena y el PAN en el Senado protagonizaron un choque político luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no acudiera a la invitación para explicar la presunta participación de agentes estadounidenses en operaciones de seguridad en el estado.
El coordinador de los legisladores guindas en la Cámara alta, Ignacio Mier, sostuvo que la mandataria estatal incurrió en “desacato”, tras declinara asistir, y dejó abierta la posibilidad de un eventual “juicio político”. En conferencia de prensa, sostuvo que el pleno fijará una postura, pero será la Fiscalía General de la República (FGR) la que dé cauce legal al caso.
El senador advirtió que existen indicios de irregularidades graves por parte de autoridades estatales y criticó la creación de una unidad de investigación en Chihuahua fuera del marco legal.
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- EL DATO: EL MORENISTA Javier Corral cuestionó la ausencia de Campos: “Su ausencia retrata el desdén político y el fracaso de su gobierno. La farsa terminó en un acto de cobardía”.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, advirtió que la actuación de autoridades estatales podría configurar el delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, al considerar que se permitó o toleró la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional.
El legislador sostuvo que la invitación a la mandataria y el análisis del Senado sobre eventuales responsabilidades políticas, administrativas o penales se sustentan en el artículo 76 de la Constitución, que faculta a la Cámara alta para intervenir en asuntos que incidan en “la estabilidad del pacto federal, la seguridad interior y la preservación de la soberanía nacional”.
No obstante, aclaró que las determinaciones de carácter penal corresponden exclusivamente a las autoridades ministeriales y jurisdiccionales competentes.
Cantón Zetina no detalló mecanismos específicos en manos del Senado, pero subrayó que cualquier actuación de autoridades locales que “comprometa la soberanía, invada competencias federales o ponga en riesgo la seguridad nacional debe ser investigada exhaustivamente”.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña, calificó la inasistencia como un “desacato político institucional y republicano” y consideró jurídicamente inválidos los argumentos de la gobernadora.
Sostuvo que la creación de una unidad especializada por parte de la Fiscalía estatal podría constituir una invasión de competencias, al tratarse de delitos del orden federal que corresponden a la Fiscalía General de la República (FGR).
En la misma línea, el senador Enrique Inzunza afirmó que la gobernadora de Chihuahua incurre en una nueva ilegalidad que refleja la gravedad de los hechos. Señaló que la creación de dicha unidad “vulnera el orden constitucional de competencias” al involucrar hechos en los que participaron agentes extranjeros en territorio nacional.
En tanto, la senadora guinda Malú Mícher fue más allá al plantear la posibilidad de desafuero y acusar a la mandataria de “traicionar a la patria”.
Durante la discusión en el pleno, el panista Mario Vázquez defendió que “el camino correcto es el de la investigación” y rechazó una “condena mediática anticipada”. A su vez, Ricardo Anaya criticó el cambio de tono de Morena.
“Se cansaron de decir que era una invitación cordial. Cuando la gobernadora decide no asistir, actúan como si fuera un mandato”, sostuvo.
El vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó a Morena de utilizar el caso con fines electorales.
“No podemos perder de vista que es un tema eminentemente político y que le está sacando Morena raja política con toda la intención de la elección que se tiene ya en el 2027”, sostuvo.
Además, el senador insistió en que la gobernadora no tiene la obligación de acudir al Senado: “Esto no es un tema de obligatoriedad jurídica, fue una invitación”, y agregó que existe un interés de prolongar el conflicto.
La legisladora tricolor Claudia Anaya lamentó que el debate derivara en “politiquería” y acusó que se pretendía hacer escarnio político de la gobernadora.
