Un expediente federal en Nueva York colocó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a funcionarios de alto nivel en el centro de una presunta conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, con apoyo directo del Cártel de Sinaloa. La acusación incluye a un senador en funciones, mandos de seguridad y autoridades municipales, a quienes señala por brindar protección, recibir sobornos y facilitar operaciones criminales.
El documento, radicado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, identificó a Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza Cázarez y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, entre los implicados en una red que posiblemente colaboró con la facción de Los Chapitos para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a territorio estadounidense.
- El Dato: La American Society of Mexico señaló que la confianza en nuestro país como socio estratégico depende de la celeridad y transparencia con la que se responda a las acusaciones.
La acusación también señaló al exsecretario de Administración, Enrique Díaz Vega; al vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra; a quienes encabezaron la Policía de Investigación. También a Marco Antonio Almanza Áviles y Alberto Jorge Contreras Núñez; al exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez; a José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado.
En el ámbito municipal, el expediente colocó bajo la lupa al comandante Juan Valenzuela Millán, conocido como Juanito, a quien vinculó con acciones operativas en favor de la organización criminal y un homicidio de alto impacto.
Autoridades estadounidenses sostuvieron que, además de facilitar el tráfico, los implicados proporcionaron protección institucional al Cártel de Sinaloa, especialmente a la facción de Los Chapitos, a través de filtraciones de operativos, liberación de detenidos y uso de corporaciones policiacas para resguardar cargamentos.
El caso apunta de forma central a un acuerdo político-criminal en la elección de 2021. Según la acusación, Los Chapitos apoyaron la campaña de Rocha Moya y ordenaron a sus operadores robar boletas, intimidar votantes y secuestrar a candidatos opositores.
El documento judicial señaló que, tras el triunfo electoral, el gobernador cumplió compromisos al permitir que la organización criminal operara “con impunidad” y colocara a funcionarios afines dentro de estructuras de gobierno.
Las pruebas citadas por la fiscalía incluyen registros de pagos periódicos que, según la acusación, muestran cómo este grupo criminal distribuyó sobornos entre autoridades estatales y municipales para sostener su red de protección.
- 76 años tiene el gobernador Rubén Rocha Moya
De acuerdo con esas listas, los pagos mensuales más altos se dirigieron a mandos de la Policía de Investigación, con montos de hasta 300 mil pesos.
El expediente también mencionó entregas de 200 mil pesos a funcionarios vinculados con áreas de procuración de justicia, así como depósitos o pagos de hasta 100 mil pesos para jefes operativos encargados de facilitar acciones concretas en campo.
En el ámbito municipal, la acusación apuntó a pagos de 30 mil pesos destinados a autoridades locales. En el caso de Culiacán, el documento señaló que Valenzuela Millán, Juanito, recibió dinero para él, sus comandantes y más de 40 elementos de la corporación, a cambio de permitir acceso al grupo criminal y utilizar recursos oficiales en apoyo a sus operaciones.
La acusación también describió acciones directas de autoridades para favorecer a la organización. Entre ellas, ordenar la liberación de integrantes detenidos por delitos de narcotráfico, impedir la ejecución de órdenes de aprehensión y advertir con anticipación sobre operativos contra laboratorios o rutas de transporte. En algunos casos, agentes estatales recibieron instrucciones de no acudir a casillas electorales pese a reportes de delitos durante la jornada de votación.
- El Tip: Activistas de Sinaloa consideraron que para Morena es más importante el proceso electoral de 2027, por lo que protegerán a su gobernador para evitar un impacto negativo.
Por su parte, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió que la red no sólo operó como estructura de protección institucional, sino que también ejecutó acciones directas de violencia para preservar las operaciones del cártel.
El expediente judicial describió que algunos de los implicados utilizaron corporaciones policiales para ubicar, detener y entregar a personas sospechosas de colaborar con autoridades estadounidenses.
La DEA señaló en particular a Valenzuela Millán, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán, como el presunto responsable del secuestro y asesinato de un informante confidencial de la administración, identificado como “CS”. De acuerdo con el documento, integrantes de Los Chapitos lo señalaron por colaborar con autoridades estadounidenses y ordenaron que fuera “levantado”.
La acusación sostuvo que Valenzuela Millán participó en el secuestro de la víctima, así como de un familiar menor de edad, a quienes entregó a operadores del cártel. Tras esa intervención, según el expediente, el informante y sus familiares fueron torturados y asesinados como castigo por la supuesta filtración a las autoridades del país vecino.
Sobre el volumen del tráfico de drogas, la acusación utilizó decomisos específicos para dimensionar la operación que, según la fiscalía, fue protegida por la red de funcionarios señalados. Entre los casos citados figura una incautación en Phoenix, Arizona, donde autoridades aseguraron 630 mil pastillas de fentanilo, 41.2 kilogramos de fentanilo en polvo, más de cinco kilogramos de heroína, una cantidad similar de cocaína y 22 mil dólares en efectivo.
La acusación también mencionó el aseguramiento de cinco mil kilogramos de metanfetamina en California y cargamentos valuados en más de 53.5 millones de dólares. Para la fiscalía, estas cifras muestran la escala económica y logística de la organización criminal que, de acuerdo con el caso, habría operado con respaldo de autoridades estatales y municipales señaladas en la acusación.
El expediente también describió la capacidad armamentista del grupo. Los sicarios emplean armas de alto poder, incluidas ametralladoras, rifles AK-47 y AR-15, lanzagranadas y vehículos blindados, con los que ejecutan homicidios, secuestros y actos de control territorial.
El fiscal estadounidense Jay Clayton sostuvo que el caso revela cómo la organización criminal se sostuvo mediante la ayuda de autoridades. “El apoyo de funcionarios corruptos permitió que estas redes operen con libertad; este caso envía un mensaje claro, que nadie está por encima de la ley”, afirmó.
La autoridades estadounidenses indicaron que todos los imputados permanecen en México y enfrentan cargos por conspiración para importar narcóticos y delitos relacionados con armas, que podrían derivar en penas de 40 años hasta cadena perpetua.
Solicitud de extradición, sin evidencia suficiente
› Por Elizabeth Hernández
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una revisión formal de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa y, en paralelo, inició una investigación propia para determinar si existen pruebas que sustenten las acusaciones.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, advirtió que el análisis se realizará con fundamento en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación vigente en México.
Tras recibir la notificación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la FGR asumió el control del expediente y dejó claro que no ejecutará ninguna acción sin sustento jurídico.
- El Dato: Fuerzas especiales de la GN y la Defensa detuvieron en Culiacán a Adrián “N”, Vicente “N” y Gustavo “N”, de La Mayiza; tenían roles en la producción de drogas sintéticas.
Lara López señaló que la Fiscalía debe revisar “con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios” para definir la viabilidad de las solicitudes. La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales quedó a cargo del estudio de la documentación remitida por el gobierno estadounidense.
Además del análisis técnico, el Ministerio Público federal integrará información propia para corroborar la solidez del caso. La institución buscará establecer “si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con fundamento legal”.
Subrayó que la legislación mexicana exige pruebas suficientes para solicitar órdenes de aprehensión ante un juez y recordó que el tratado bilateral de extradición obliga a valorar los indicios conforme al marco jurídico nacional.
En ese sentido, el portavoz advirtió una debilidad central en el expediente al señalar que “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
Además, el proceso contempla un elemento adicional cuando los señalados cuentan con fuero. Lara López recordó que en casos de gobernadores o legisladores se requiere un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de avanzar hacia una eventual orden de captura. Ese requisito añade una dimensión política y jurídica que puede prolongar la definición del caso.
Otro punto de tensión surgió por la difusión pública del expediente. La FGR cuestionó la divulgación por parte de autoridades de aquel país al señalar que la propia solicitud estadounidense pedía confidencialidad. El vocero citó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para sostener que la filtración puede afectar la naturaleza de los procedimientos penales en curso.
EXTRAÑAMIENTO. En el plano diplomático, la SRE confirmó que recibió los expedientes para la extradición el martes 28 de abril a las 18:00 horas, y los turnó de inmediato a la FGR. Desde su primera revisión, la Cancillería concluyó que los documentos “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas” incluidas en las solicitudes.
Fuentes diplomáticas precisaron que los requerimientos se relacionan con acusaciones por narcotráfico contra actores políticos y de seguridad en Sinaloa. Bajo ese contexto, el Gobierno mexicano activó los mecanismos legales previstos en la Ley de Extradición Internacional y en el tratado bilateral, que establecen filtros estrictos antes de cualquier entrega de personas a otro país.
La SRE respaldó el reclamo de la FGR por la difusión y anunció un extrañamiento formal a la embajada de Estados Unidos, al considerar que la exposición del caso en esta etapa contraviene los acuerdos internacionales y vulnera las reglas de reserva que rigen este tipo de procesos.
Embajada va contra la corrupción transnacional
› Por Elizabeth Hernández
TRAS LA acusación penal presentada contra el gobernador Rubén Rocha y otros implicados, la embajada de Estados Unidos en México fijó postura al subrayar que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituye una prioridad bilateral entre ambos países.
Desde la sede diplomática, el embajador Ronald Johnson destacó que la exigencia de justicia responde a una demanda social compartida: “Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”.
En el posicionamiento oficial, Washington dejó claro el alcance de su actuación al señalar que cualquier conducta ilícita ligada a redes criminales podrá investigarse y llevarse ante tribunales si cae dentro de su marco legal.
- El Tip: En Sinaloa, el embajador dijo el pasado 23 de abril que para promover la inversión se necesita seguridad y eliminar la corrupción.
El embajador Johnson advirtió que, en esos casos, la autoridad estadounidense procederá sin excepciones, al sostener que la corrupción que favorece a organizaciones delictivas “será investigada y procesada” siempre que exista jurisdicción de su país.
La representación de EU evitó entrar en detalles sobre el contenido específico de las imputaciones. La declaración insistió en que el proceso judicial debe avanzar conforme a la ley, sin interferencias externas, bajo los principios del Estado de derecho.
A la par, la embajada reiteró su disposición a mantener la coordinación con autoridades mexicanas en materia de seguridad. El mensaje subraya compromisos en transparencia, aplicación de leyes anticorrupción y fortalecimiento institucional como ejes de la relación bilateral.
Reafirmó que la cooperación con México se sostendrá sobre “la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho”, en un contexto donde la seguridad regional y el combate a estructuras delictivas mantienen alta prioridad en la agenda común.
Acusa una “estrategia perversa” contra la 4T
› Por Elizabeth Hernández
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechazó las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y anunció que enfrentará el caso en el ámbito legal. “Carecen de veracidad y fundamento alguno”, afirmó, al sostener que “demostrará con toda contundencia” la falta de sustento.
Las imputaciones provienen de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, instancia que lo coloca bajo investigación por narcotráfico. El mandatario aseguró que responderá con pruebas y que no se sustraerá del proceso, al señalar que enfrentará los señalamientos “hasta desmontarlos”.
- El Dato: El CEN de Morena consideró preocupante que se solicite una extradición sin elementos de prueba, y expresó su respaldo a la actuación del Gobierno sobre esa petición.
En un posicionamiento público, el titular del Ejecutivo estatal elevó el tono y vinculó el caso con un conflicto político de mayor escala.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos y a los mexicanos que representamos esa causa”, declaró.
Rocha Moya calificó las acusaciones como parte de una “perversa estrategia” que busca vulnerar la soberanía nacional y el orden constitucional.
Más tarde, en entrevista televisiva, el mandatario estatal evitó ampliar detalles sobre el caso y confirmó que no ha recibido notificación formal de autoridades estadounidenses.
“Yo ahora me enteré por el comunicado del gobierno norteamericano”, y añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya fijó postura sobre el tema.
Respecto a una eventual cancelación de su visa, el gobernador de Sinaloa descartó tener información oficial, y subrayó que ese tipo de decisiones suelen notificarse de manera directa.
“Yo no tengo conocimiento. Oficialmente no he recibido ningún comunicado del gobierno de Estados Unidos de que tenga retirada mi visa”, sostuvo.
El mandatario estatal también informó que mantiene comunicación con funcionarios señalados en el mismo contexto. Indicó que las actividades de gobierno continuarán sin modificaciones y reiteró: “No voy a cambiar, voy a tener mi agenda normal. Vamos a seguir trabajando tranquilos”.
Rocha Moya pidió a la población mantener la calma a través de un mensaje en redes sociales y llamó a continuar con las actividades cotidianas.
“El llamado que les hago es que estén tranquilos, que sigamos trabajando por Sinaloa y tratando de resolver nuestros problemas comunes”, expresó.
suma rechazo. El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también negó los señalamientos del gobierno de EU por presuntos nexos con el narcotráfico, y aseguró que su actuación se ha mantenido dentro del marco legal.
“Siempre nos hemos conducido con apego a la legalidad, dentro del Estado de derecho y conforme a lo que marcan las instituciones, con respeto a las leyes y a la ciudadanía”, afirmó.
En entrevista con medios, el funcionario insistió en que no ha detenido sus actividades y que mantendrá la agenda institucional sin cambios. Aseguró que su administración permanece enfocada en mejorar las condiciones de vida de las familias en la capital del estado.
El alcalde descartó solicitar licencia al cargo y dejó claro que continuará al frente del gobierno municipal. Señaló que redoblará las acciones en favor de la comunidad y que los proyectos en marcha seguirán su curso.
Al ser cuestionado sobre si los señalamientos tienen un trasfondo político, evitó emitir juicios y sostuvo que responderá con resultados. Indicó que su desempeño se rige por la ley y reiteró que no ha fallado a la ciudadanía.
FGE cierra filas con su vicefiscal y pide pruebas
› Por Elizabeth Hernández
LA FISCALÍA GENERAL del Estado (FGE) de Sinaloa salió en defensa del vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra, tras los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. El organismo exigió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, al recalcar que ninguna acusación tiene validez jurídica sin una resolución emitida por autoridad competente.
En su posicionamiento, la institución subrayó que todo requerimiento internacional debe ajustarse al marco jurídico mexicano, que incluye la Constitución, la Ley de Extradición Internacional y los tratados vigentes. Añadió que, en el ámbito interno, cualquier solicitud vinculada con estos señalamientos se atenderá conforme a lo establecido por la normativa aplicable.
La FGE también remarcó que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la viabilidad jurídica de eventuales solicitudes, con base en pruebas verificables. Añadió que en México prevalece el principio de presunción de inocencia y subrayó que ninguna persona puede considerarse culpable sin una resolución emitida por la autoridad competente.
- 5 años en el cargo de vicefiscal tiene Dámaso Castro
El posicionamiento surgió después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación contra Castro Saavedra, quien ocupa el cargo desde octubre de 2021. El expediente lo señala por presunta conspiración para introducir narcóticos a territorio estadounidense, además de posesión de armamento de uso exclusivo, incluidas ametralladoras y explosivos.
Autoridades estadounidenses atribuyen al funcionario pagos mensuales cercanos a 11 mil dólares por parte de la facción criminal conocida como Los Chapitos, a cambio de protección e información sobre operativos. De acreditarse los cargos, el vicefiscal enfrentaría una pena mínima de 40 años de prisión, con posibilidad de cadena perpetua.
Señala represalias por sus dichos en caso Chihuahua
› Por Tania Gómez
El senador de Morena Enrique Inzunza Cazárez rechazó las acusaciones que autoridades estadounidenses dieron a conocer en su contra, al calificarlas de “falsas y dolosas” y enmarcándolas como un ataque político contra la Cuarta Transformación y contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, afirmó el legislador originario de Badiraguato, Sinaloa, en un mensaje difundido en redes sociales.
Inzunza Cazárez señaló que la revelación de la supuesta investigación en su contra no es casual, sino que ocurre precisamente después de su posicionamiento en el Senado, el martes, en defensa del artículo 40 constitucional, que establece la soberanía nacional.
“Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación y de los valores y principios que enarbolamos”, sostuvo el legislador.
- El Tip: El martes, el legislador de Morena pidió desde la tribuna del Senado que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sea sancionada por el caso de agentes de la CIA.
El senador también rechazó lo que describió como un estigma hacia los oriundos de Badiraguato.
“Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”, afirmó.
Inzunza Cazárez calificó además las acusaciones como “un ataque y una insidia” dirigida directamente al partido Morena y a López Obrador, y advirtió: “No lo toleraremos”.
El legislador cerró su mensaje citando al expresidente Benito Juárez: “Los principios lo son todo; los hombres no somos nada.”
Oficialismo pide cautela por imputaciones de EU
› Por Tania Gómez y Claudia Arellano
Legisladores de Morena en las cámaras de Senadores y de Diputados pideron prudencia y respeto a la presunción de inocencia ante las acusaciones formuladas en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázares, al advertir que, hasta el momento, no existen pruebas contundentes que sustenten las imputaciones.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, afirmó que la solicitud enviada por la embajada de EU a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con fines de extradición de los políticos morenistas mencionados, carece de sustento probatorio en una primera revisión jurídica, conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales.
“En una primera aproximación de la revisión jurídica conforme a la legislación mexicana y a los acuerdos bilaterales, no traen sustento”, señaló, al subrayar que lo notificado por Washington no constituye aún una orden formal de extradición, sino solicitudes derivadas de una acusación presentada por un fiscal en Nueva York.
Mier Velazco explicó que será la Cancillería la encargada de turnar el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una opinión técnica de la solicitud, la cual deberá hacerse pública, motivo por el cual, llamó a evitar juicios anticipados: “Hay que esperar, hay que estar serenos. No hay que anticipar juicios”.
El morenista descartó que el senador Enrique Inzunza deba solicitar licencia al cargo, al insistir que debe prevalecer el rigor jurídico: “Tiene que haber rigor jurídico y rigor en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales”, sostuvo, al recordar que corresponde a quien acusa presentar las pruebas de las imputaciones.
Cuestionado sobre el paradero del legislador sinaloense, Mier Velazco indicó que estuvo presente en el Senado durante la mañana, mientras que, sobre el posible impacto político del caso en la llamada Cuarta Transformación, evitó emitir valoraciones: “Todo lo demás sería especular”.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, calificó el caso como “un asunto político”, al considerar que las acusaciones del Departamento de Justicia de EU no están acompañadas de pruebas contundentes.
“Mientras no se compruebe la responsabilidad penal, todos tienen derecho a que se aplique el principio de presunción de inocencia”, afirmó, al reiterar que es un derecho consagrado en la Constitución.
Monreal Ávila insistió en que no se puede emitir un juicio sin evidencia verificable: “Ante la ausencia de lo jurídico, es un asunto político. No conozco ninguna prueba contundente sobre la culpabilidad”, declaró, aunque matizó que su postura podría modificarse si surgen elementos probatorios sólidos.
Según información oficial, autoridades estadounidenses habrían formulado acusaciones contra ambos funcionarios por presuntos delitos de narcotráfico y colusión con el crimen organizado. Sin embargo, la SRE informó que las solicitudes recibidas no están acompañadas de pruebas.
Senador acusado falta a reunión de la Permanente
› Por Tania Gómez
Enrique Inzunza, senador morenista, no se presentó a rendir protesta en la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de la LXVI Legislatura, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Inzunza Cázares, quien ocupa el tercer lugar en la integración de la Comisión Permanente, no fue visible en la sesión del pleno desde el mediodía, pese a que por la mañana había pasado lista. En su lugar asistió la senadora Simey Olvera para participar en el órgano legislativo.
Encabezada de manera provisional por el senador Manuel Añorve, inició con la verificación de quórum, con 32 legisladores presentes, y la aprobación del acuerdo para integrar la mesa directiva.
El debate se complicó cuando el senador del PAN, Ricardo Anaya, advirtió sobre las implicaciones del caso: “El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación formal por el delito de narcotráfico en contra del hoy gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, afirmó, al tiempo que denunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió una solicitud de detención con fines de extradición “aquí no habrá más que dos posibilidades: impunidad o justicia”.
La panista Lilly Téllez lanzó señalamientos contra legisladores oficialistas: “Son unos mafiosos, el gobierno estadounidense lo acaba de confirmar”.
En respuesta, el diputado Arturo Ávila acusó a la presidencia de la Cámara de permitir un “espectáculo circense” y de violar el reglamento: “En menos de cinco minutos ha dado muestra de autoritarismo total, no estaba permitido abrir ese debate”.
La votación por cédula para elegir la mesa directiva fue aprobada con 35 votos a favor y uno en contra. La senadora Laura Itzel Castillo fue designada presidenta, acompañada por vicepresidencias y secretarías integradas por legisladores de distintos grupos parlamentarios. Al asumir el cargo, declaró instalada formalmente la Comisión y citó para el 6 de mayo.
Oposición pide a Rocha que se separe del cargo
› Por Tania Gómez y Claudia Arellano
Los partidos de oposición PAN PRI y MC coincidieron en exigir explicaciones inmediatas, investigaciones a fondo y, en algunos casos, la separación del cargo, como respuesta a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, quien fue señalado por presuntos vínculos con el narcotráfico y apoyo al Cártel de Sinaloa.
El Partido Acción Nacional demandó la desaparición de poderes en la entidad, renuncias inmediatas y extradiciones, mientras que el PRI advirtió que el caso coloca a México en una “crisis de credibilidad” internacional.
En un comunicado, el PAN sostuvo que un gobierno bajo este nivel de acusaciones “no cuenta con las condiciones para enfrentar la crisis ni para garantizar la tranquilidad de las familias”, por lo que solicitó la desaparición de poderes en Sinaloa.
En San Lázaro, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, insistió en que el país requiere autoridades que enfrenten al crimen organizado.
- El Dato: Jorge Álvarez Máynez, líder de MC, dijo a través de redes sociales que el Gobierno federal debe deslindarse de Rocha de forma inmediata y permitir que sea investigado.
“Ningún servidor público debe estar a favor de la delincuencia, de los laboratorios o de las drogas”, afirmó la panista, quien añadió: “Lo dije en la mañana y lo reitero: necesitamos gobernadores que detengan al crimen organizado… Gobernadoras y gobernadores valientes”.
No obstante, la panista subrayó que debe realizarse una investigación antes de asumir posturas definitivas y llamó a esperar la decisión del mandatario estatal sobre solicitar licencia al cargo.
El panista Federico Döring Casar aseguró que los señalamientos confirman posibles vínculos entre actores políticos y el crimen organizado, por lo que urgió a tomar medidas inmediatas al considerar que “Rocha Moya debería separarse del cargo y enfrentar las acusaciones, incluso, ante instancias internacionales”.
Asimismo, planteó que funcionarios sin fuero constitucional sean extraditados y advirtió que mantener al gobernador en funciones podría afectar la relación bilateral con EU y vulnerar temas clave como comercio y seguridad.
En la tribuna, la panista Lilly Téllez exigió la salida inmediata del legislador sinaloense Enrique Inzunza: “Exijo que el senador de Sinaloa se salga del Senado en este momento, pero que no se vaya a esconder y que no le den protección las autoridades de Morena”.
Además, expuso que los políticos señalados “deben ser extraditados Rocha Moya, este senador y los demás acusados” al tiempo que destacó que Morena bloqueó el debate en la tribuna y sostuvo que ello evidencia sus vínculos con el crimen organizado.
A las críticas se sumó el PRI cuando el senador y dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que los señalamientos de autoridades estadounidenses “confirman con mayor gravedad” lo que denunció su partido durante años sobre la situación en Sinaloa.
“Desde hace años lo dijimos, lo advertimos y lo exigimos”, señaló Moreno Cárdenas al resaltar que el gobierno de Morena “negaba, minimizaba o, simplemente, cerraba los ojos” ante la violencia.
Añadió que la acusación “no se trata de un señalamiento menor ni de un tema interno, sino de un caso internacional que coloca a Sinaloa y a México en una crisis de credibilidad”.
MC fijó su postura cuando su coordinadora en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega Pacheco, señaló “son gravísimas las imputaciones y no deben minimizarse, por lo que Rocha Moya debe separarse del cargo para enfrentar las investigaciones”.
- El Tip: Panistas en el Senado solicitaron el pasado miércoles la comparecencia del gobernador de Sinaloa para esclarecer las acusaciones.
En el Senado, el coordinador de MC, Clemente Castañeda, exigió al gobernador de Sinaloa dar una explicación de las acusaciones “puntual y exhaustiva” al afirmar: “Claro que tiene que dar la cara… No es un asunto menor”, sostuvo.
El líder naranja añadió que el caso es particularmente delicado por la presunta vinculación electoral: “Dicen algo así como ‘a cambio de favores electorales’. No es un asunto que deba soslayarse”.
Clemente Castañeda llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Gobierno federal a actuar con responsabilidad y señaló que cualquier solicitud de extradición debe seguir los protocolos legales, al tiempo que descartó que la petición sea un “linchamiento parlamentario”.
En tanto se define el curso de la investigación a cargo de la FGR, el caso ha escalado rápidamente en la agenda política nacional, con presiones de la oposición para esclarecer las acusaciones contra el gobierno de Sinaloa y se determinan las responsabilidades, tanto a nivel estatal como federal.
