La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una revisión formal de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición enviadas por Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa y, en paralelo, inició una investigación propia para determinar si existen pruebas que sustenten las acusaciones.
El vocero de la institución, Ulises Lara López, advirtió que el análisis se realizará con fundamento en la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación vigente en México.
Tras recibir la notificación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la FGR asumió el control del expediente y dejó claro que no ejecutará ninguna acción sin sustento jurídico.
- El Dato: Fuerzas especiales de la GN y la Defensa detuvieron en Culiacán a Adrián “N”, Vicente “N” y Gustavo “N”, de La Mayiza; tenían roles en la producción de drogas sintéticas.
Lara López señaló que la Fiscalía debe revisar “con toda exactitud si existen los elementos probatorios necesarios” para definir la viabilidad de las solicitudes. La Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales quedó a cargo del estudio de la documentación remitida por el gobierno estadounidense.
Además del análisis técnico, el Ministerio Público federal integrará información propia para corroborar la solidez del caso. La institución buscará establecer “si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuente con fundamento legal”.
Subrayó que la legislación mexicana exige pruebas suficientes para solicitar órdenes de aprehensión ante un juez y recordó que el tratado bilateral de extradición obliga a valorar los indicios conforme al marco jurídico nacional.
En ese sentido, el portavoz advirtió una debilidad central en el expediente al señalar que “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”.
Además, el proceso contempla un elemento adicional cuando los señalados cuentan con fuero. Lara López recordó que en casos de gobernadores o legisladores se requiere un juicio de procedencia para retirar la inmunidad procesal antes de avanzar hacia una eventual orden de captura. Ese requisito añade una dimensión política y jurídica que puede prolongar la definición del caso.
Otro punto de tensión surgió por la difusión pública del expediente. La FGR cuestionó la divulgación por parte de autoridades de aquel país al señalar que la propia solicitud estadounidense pedía confidencialidad. El vocero citó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para sostener que la filtración puede afectar la naturaleza de los procedimientos penales en curso.
EXTRAÑAMIENTO. En el plano diplomático, la SRE confirmó que recibió los expedientes para la extradición el martes 28 de abril a las 18:00 horas, y los turnó de inmediato a la FGR. Desde su primera revisión, la Cancillería concluyó que los documentos “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas” incluidas en las solicitudes.
Fuentes diplomáticas precisaron que los requerimientos se relacionan con acusaciones por narcotráfico contra actores políticos y de seguridad en Sinaloa. Bajo ese contexto, el Gobierno mexicano activó los mecanismos legales previstos en la Ley de Extradición Internacional y en el tratado bilateral, que establecen filtros estrictos antes de cualquier entrega de personas a otro país.
La SRE respaldó el reclamo de la FGR por la difusión y anunció un extrañamiento formal a la embajada de Estados Unidos, al considerar que la exposición del caso en esta etapa contraviene los acuerdos internacionales y vulnera las reglas de reserva que rigen este tipo de procesos.
Embajada va contra la corrupción transnacional
› Por Elizabeth Hernández
TRAS LA acusación penal presentada contra el gobernador Rubén Rocha y otros implicados, la embajada de Estados Unidos en México fijó postura al subrayar que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituye una prioridad bilateral entre ambos países.
Desde la sede diplomática, el embajador Ronald Johnson destacó que la exigencia de justicia responde a una demanda social compartida: “Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”.
En el posicionamiento oficial, Washington dejó claro el alcance de su actuación al señalar que cualquier conducta ilícita ligada a redes criminales podrá investigarse y llevarse ante tribunales si cae dentro de su marco legal.
- El Tip: En Sinaloa, el embajador dijo el pasado 23 de abril que para promover la inversión se necesita seguridad y eliminar la corrupción.
El embajador Johnson advirtió que, en esos casos, la autoridad estadounidense procederá sin excepciones, al sostener que la corrupción que favorece a organizaciones delictivas “será investigada y procesada” siempre que exista jurisdicción de su país.
La representación de EU evitó entrar en detalles sobre el contenido específico de las imputaciones. La declaración insistió en que el proceso judicial debe avanzar conforme a la ley, sin interferencias externas, bajo los principios del Estado de derecho.
A la par, la embajada reiteró su disposición a mantener la coordinación con autoridades mexicanas en materia de seguridad. El mensaje subraya compromisos en transparencia, aplicación de leyes anticorrupción y fortalecimiento institucional como ejes de la relación bilateral.
Reafirmó que la cooperación con México se sostendrá sobre “la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho”, en un contexto donde la seguridad regional y el combate a estructuras delictivas mantienen alta prioridad en la agenda común.
