De acuerdo con el New York Times (NYT), la acusación contra Rubén Rocha Moya en Estados Unidos generó para Claudia Sheinbaum un conflicto con un alto costo político, diplomático y partidista. El diario advirtió que la Presidenta enfrenta una decisión que puede marcar su gobierno ante Washington y ante Morena, pues el caso la obliga a definir si rompe con figuras señaladas por presuntos vínculos criminales o si mantiene la protección política dentro del movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con la prensa estadounidense, la mandataria decidió contener el golpe dentro del sistema mexicano después de que EU reveló una acusación contra el gobernador de Sinaloa con licencia y otros nueve políticos, exfuncionarios y mandos de seguridad. La postura oficial, según el análisis citado, consiste en que los señalados enfrentarían procesos en México si existen pruebas creíbles, no en territorio vecino.
- El Dato: Además de Rocha, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, también figura en la acusación estadounidense. Ambos solicitaron licencia temporal a sus cargos el viernes.
La acusación contra el gobernador incluye señalamientos por presunta protección a jefes del Cártel de Sinaloa vinculados con tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia EU, además de compra de votos e instalación de funcionarios corruptos. Rocha Moya negó los cargos, al igual que otros personajes mencionados en el expediente.
Para el NYT, la decisión de Sheinbaum Pardo abre un frente delicado con Washington en un momento clave para la relación bilateral. La revisión del T-MEC se acerca, el futuro del acuerdo resulta central para la economía mexicana y el presidente Donald Trump ha elevado la presión contra los cárteles, incluso con amenazas de acciones militares en territorio mexicano.
- 40 años de cárcel es la pena mínima que enfrentaría Rocha en EU
Arturo Sarukhán, exembajador de México en EU, describió el tamaño del dilema político. “Está entre la espada y la pared, porque entiende claramente lo que está en juego para su gobierno, para Estados Unidos y para la revisión del T-MEC. Pero Sheinbaum sabe que si entrega a Rocha, eso toca todo y a todos, incluido su mentor político”, dijo al diario.
El texto también planteó que la mandataria ha cedido en otros temas ante Trump, como el refuerzo migratorio, el envío de 10 mil elementos de la Guardia Nacional (GN) a la frontera y la entrega de casi 100 presuntos integrantes de grupos criminales a Estados Unidos. Sin embargo, en este expediente optó por una ruta distinta al rechazar la entrega inmediata de un gobernador en funciones.
Según el Times, la mandataria federal prometió que no habrá encubrimientos, aunque exigió pruebas “irrefutables” para vincular a Rocha Moya con delitos del crimen organizado. La Presidenta sostuvo que, de existir esos elementos, el caso tendría que procesarse en México.
Otro punto central del análisis apuntó al riesgo de que los acusados, si llegan a enfrentar cargos en Estados Unidos o procesos en México, aporten información que complique al poder político. Duncan Wood, del Wilson Center, advirtió que “el mayor riesgo para Sheinbaum es que haya personas extraditadas a Estados Unidos o encarceladas en México y empiecen a hablar como forma de negociar su libertad”.
La presión externa también coincide con tensiones internas. El diario señaló que Morena no opera como un bloque bajo control total de la jefa del Ejecutivo, pues conserva grupos leales a López Obrador, quien mantiene influencia política pese a su retiro. En ese contexto, el caso Rocha Moya aparece como una prueba de fuerza para la Presidenta frente a su partido y ante Washington.
El NYT subrayó que el caso llega con la popularidad de Sheinbaum bajo presión. Según el diario, una encuesta de Bloomberg ubicó su aprobación en 51 por ciento, el nivel más bajo de su mandato hasta ese momento, mientras la economía mexicana registró una contracción en el primer trimestre.
Lila Abed, directora del programa México del Inter-American Dialogue, afirmó al diario estadounidense que una de las principales exigencias de la Casa Blanca consiste en que México aparte a políticos con presuntos vínculos con el crimen organizado. “Creo que si no extradita a Rocha, Estados Unidos continuará presentando acusaciones contra otros políticos”, explicó.
El New York Times también conectó el caso con la incertidumbre empresarial rumbo a la fase decisiva del T-MEC. Pedro Casas, director general de la American Chamber of Commerce en México, resumió el ambiente de cautela ante el riesgo de que la tensión política contamine la negociación comercial. “Todos están nerviosos, pero es un poco cruzar los dedos para que la parte política no explote”, señaló.
Acusan presión de EU sobre el T-MEC
› Por Elizabeth Hernández
La exembajadora estadounidense en el país y exsubsecretaria para América Latina y el Caribe del Departamento de Estado, Roberta Jacobson, advirtió que la acusación de Estados Unidos contra funcionarios en activo de Sinaloa puede leerse como parte de una estrategia de presión hacia México antes del inicio formal de la negociación del T-MEC.
En entrevista televisiva, Jacobson sostuvo que las acciones del gobierno estadounidense frente a México deben analizarse dentro de un escenario más amplio, marcado por el arranque del proceso comercial. “Tenemos que mirar a todo como parte de ese juego que el gobierno quiere usar para presionar a México en áreas dentro del tratado y afuera”, afirmó.
- El Tip: Para Jacobson, el reto ahora es encontrar una forma de cooperación que proteja la soberanía de cada país, pero que al mismo tiempo permita avanzar en su beneficio.
Además, señaló que este caso representa un nivel distinto de presión, debido a que los señalamientos no recaen sobre exfuncionarios, sino sobre actores políticos con cargo vigente. “No podemos decir exactamente que el gobierno de Estados Unidos va a presionar a México sobre más y más políticos, pero es un nivel distinto que en el pasado”, aseguró.
Respecto a la exigencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum para que los fiscales estadounidenses aporten pruebas contundentes e irrefutables, Roberta Jacobson señaló que, aunque la evidencia completa se presenta durante el juicio, una solicitud de extradición sí exige que se entreguen “cosas muy explícitas” para sustentar el proceso.
También habló del efecto que esta nueva presión puede tener sobre la cooperación bilateral, y advirtió que existe una línea delicada entre una acción que fortalece la colaboración y otra que puede dañar la relación entre ambos gobiernos. “Demasiada presión o cosas que el pueblo mexicano no puede aceptar, no va a prosperar y no va a mejorar la situación entre los dos países”, sostuvo.
Aun con la tensión política, aseguró que “la cooperación a nivel operativo o de personal técnico continúa” entre ambos países, y añadió los dos buscan evitar una ruptura en materia de seguridad.
Para la exembajadora, ambas naciones dependen una de la otra ante organizaciones criminales con operaciones más allá de la frontera común. “En el tema de seguridad entre México y Estados Unidos, ninguno puede hacerlo solo, necesita uno del otro, porque esas organizaciones son realmente multilaterales, no binacionales y también globales”, afirmó.
Agregó que existe una forma de cooperación compatible con la soberanía de cada país, siempre que permita avanzar en beneficio de ambas sociedades. En ese punto, consideró que los gobiernos no quieren llevar la tensión hasta un punto que frene los canales operativos.