El gobierno de Donald Trump colocó a México en el centro operativo de su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, con una línea de cooperación condicionada a resultados concretos contra cárteles designados como organizaciones terroristas.
El documento plantea que la asistencia de Estados Unidos dependerá de medidas como arrestar, procesar y extraditar a líderes de células delictivas, además de desmantelar laboratorios de drogas sintéticas en territorio mexicano.
- El Dato: El documento consta de 192 hojas de análisis sobre el control de estupefacientes elaborado cada 2 años por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de EU.
El plan atribuye a la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de EU, la conducción del esfuerzo diplomático y judicial con México. La coordinación incluye al Departamento de Justicia y apoyo del Departamento de Guerra, según la denominación usada en el informe, con tareas de capacitación para fuerzas de seguridad mexicanas, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y respaldo a operaciones conjuntas.
La frontera con México aparece como el principal corredor de las drogas ilícitas que más amenazan a Estados Unidos, en especial fentanilo y metanfetamina, producidos y traficados por cárteles mexicanos. El informe, además, eleva el tono al señalar que la Orden Ejecutiva 14367 designa al fentanilo como “arma de destrucción masiva”, lo que permite activar una respuesta de seguridad nacional contra cárteles, proveedores químicos, redes extranjeras y estructuras financieras vinculadas con esa sustancia.
El frente financiero ocupa un lugar específico en la estrategia hacia México. El informe asigna a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN, por sus siglas en inglés), como la encargada de combatir delitos financieros, tareas de análisis de inteligencia, coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana y uso de “medidas especiales” bajo la Ley de Secreto Bancario.
Ese marco permite a Washington rastrear operaciones, exigir información a instituciones financieras y seguir flujos de dinero ligados a organizaciones criminales, redes de lavado y proveedores vinculados con la cadena del fentanilo.
La medida también incorpora el tráfico de armas como una prioridad bilateral. El informe sostiene que cortar el flujo de armamento de origen estadounidense hacia las organizaciones criminales en México representa un elemento crítico del control fronterizo, porque esas redes lo usan para proteger cargamentos, sostener operaciones y expandir territorio mediante la violencia.
La ejecución del proyecto quedará en manos de las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional, una nueva fuerza de seguridad interagencial que concentra inteligencia, investigaciones y capacidades operativas contra cárteles y redes criminales. En el documento, aparecen como el brazo encargado de coordinar acciones contra organizaciones designadas como terroristas, con énfasis en la frontera sur.
Aunque México concentra el capítulo de la frontera suroeste, el informe extiende la preocupación hacia Canadá. La estrategia de frontera norte menciona la presencia de organizaciones mexicanas con base operativa en ese país y advierte sobre laboratorios de síntesis de fentanilo y nitazenos destinados a reducir la cadena de producción de estas sustancias.
