En su primer mensaje como titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde Luján remarcó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no presentó las pruebas necesarias que acreditaran la urgencia de detener al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado, junto a nueve personas, de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.
Durante la conferencia presidencial de este lunes, la exdirigente de Morena expuso que hay diferencias entre una solicitud formal de extradición y una solicitud de detención provisional con fines de extradición, al ser, ésta última, la que la oficina norteamericana hizo llegar al Gobierno de México.
- El Dato: una vez fundamentada la captura a Rocha Moya, primero se debe solicitar a la Cámara de Diputados que inicie un procedimiento para retirarle el fuero como gobernador.
Aunque ambos procesos están regulados por el Tratado de Extradición entre México y EU, radican en artículos distintos, en los cuales se establece que el arresto provisional es el primer paso para la solicitud de extradición y se determina para casos urgentes donde exista riesgo de sustracción u obstaculización del proceso legal.
Para esto, se deben contar con elementos probatorios para sostener que es urgente aprehender a un señalado y, en caso de que esto se corrobore, se abre un periodo de 60 días para, entonces sí, presentar la solicitud de extradición.
En el caso del exgobernador de Sinaloa, la consejera jurídica comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una opinión ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con la que determinó que no hay las pruebas suficientes para proceder con la captura.
“No existe, al momento, o no se aportó, ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no se encuentra debidamente fundamentada y es necesario solicitar información adicional, para que se acredite la urgencia”, subrayó.
Alcalde remarcó que esto no significa que la Cancillería y la FGR hayan emitido algún juicio sobre si Rocha Moya es o no responsable de lo que se le acusa, sino que únicamente no han recibido las pruebas que fundamenten la urgencia para detener al sinaloense y, lo que ahora se pide, es que se presenten las evidencias.
En caso de que se reciban las pruebas requeridas y se considere que hay tal urgencia, detalló que será un juez de control el que valore la situación para girar la orden de captura correspondiente.
“Entonces, el momento procesal exacto en el que estamos es en que la Fiscalía emite la opinión a la SRE. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores, dado que no existe hasta este momento elementos para determinar la urgencia, necesita pedirle al país requiriente que aporte estos elementos para poderlo presentar, entonces sí, ante un juez. ¿Quién lo va a determinar? El juez de control. No lo va a determinar la Fiscalía, no lo va a determinar la SRE, lo determinaría el juez si se mandaran estos elementos probatorios”, explicó.
Detalló que estos procesos están contenidos en las normas mexicanas, desde el artículo 16, con relación a los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se determina que, para solicitar una orden de aprehensión, se requieren datos de prueba.
Alcalde explicó que los procesos de extradición deben entregarse a la SRE de manera confidencial para conservar el debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que consideró que, para el caso de Rocha Moya, esto no se acató, debido a que no hubo confidencialidad y se desencadenó un “linchamiento mediático”.
Bajo estas circunstancias, Alcalde señaló que la FGR emitió una opinión a la SRE en la que determinó que Estados Unidos no fundamentó correctamente la solicitud de detención y que, además, ahora es necesario pedir que se respete el principio de confidencialidad.
Vicefiscal de Sinaloa, sin inmunidad: FGE
› Por Elizabeth Hernández
LA FISCALÍA General del Estado de Sinaloa (FGE) afirmó que el vicefiscal general, Dámaso Castro Zaavedra, continúa en funciones y puede atender cualquier citación o requerimiento de las autoridades competentes, incluida la Fiscalía General de la República (FGR). El funcionario figura entre los diez servidores públicos señalados por autoridades de Estados Unidos (EU) por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La dependencia estatal centró su postura en la competencia de las autoridades que podrían requerir al vicefiscal. Según el comunicado, Castro Zaavedra se encuentra “en pleno ejercicio de sus atribuciones legales” y deberá atender cualquier citación, solicitud o resolución que emita una instancia facultada para ello, siempre dentro del ámbito jurídico correspondiente.
- El Tip: En dos ocasiones, Dámaso Castro participó en el proceso de selección de fiscal general pero no fue electo. En 2021 fue Sara Quiñonez y en 2024, Claudia Sánchez.
También puntualizó que, de acuerdo al artículo 135 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, la declaratoria de procedencia no opera de manera general para cualquier cargo público. Ese mecanismo sólo aplica en los casos expresamente previstos por la norma local y, de acuerdo con la dependencia, la figura de vicefiscal general no aparece dentro de esa lista, por lo que Castro Zaavedra no requeriría un trámite previo ante el Congreso estatal para atender acciones legales o requerimientos de la autoridad.
El comunicado también invoca el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fiscalía estatal para reforzar que las vicefiscalías forman parte del diseño administrativo interno, no de un régimen con privilegios procesales. Bajo esa lectura, el cargo de Dámaso Castro no tendría una protección extraordinaria ante requerimientos ministeriales o resoluciones judiciales, por lo que la institución “cierra la puerta a un trato especial” frente a una eventual actuación judicial por los cargos que enfrenta en Estados Unidos.
Reacomoda gabinete de Sinaloa en áreas clave
› Por Elizabeth Hernández
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Velarde, movió las primeras piezas de su gabinete a tan sólo dos días de su llegada al despacho estatal, con ajustes en la Secretaría General de Gobierno y en la Jefatura de la Oficina de la Gobernadora, dos áreas clave en la operación política y administrativa del Ejecutivo.
Este lunes, la mandataria estatal tomó protesta a Pablo Francisco Bedoya Bañuelos como encargado del despacho de la Secretaría General de Gobierno, y a José Ismael Inzunza Sosa como titular de la Jefatura de la Oficina de la Gobernadora.
Ambos nombramientos ocurren al inicio del interinato de Yeraldine Bonilla, quien exhortó a los nuevos funcionarios a dar continuidad al trabajo en sus respectivas dependencias “priorizando el sentido social que ha caracterizado la administración estatal”.
“Confío en que, con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, fortalecerán el trabajo en favor de las y los sinaloenses”, expresó la gobernadora interina.
Yeraldine Bonilla Valverde fue nombrada gobernadora interina de Sinaloa, luego de la separación temporal de Rubén Rocha Moya para enfrentar las acusaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Más temprano, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC),Omar García Harfuch, junto con integrantes del Gabinete de Seguridad, viajó a Culiacán para reunirse con la mandataria.
En conferencia de prensa, el García Harfuch respaldó a Yeraldine Bonilla y garantizó que continuará la presencia de fuerzas federales, así como las acciones de seguridad “para construir la paz que Sinaloa merece”.
“El gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días por la seguridad de las familias sinaloenses, reforzando las acciones que haya que reforzar y corrigiendo lo que se tenga que corregir. Venimos a garantizar que se mantendrá la coordinación permanente con las autoridades del estado, y que la gobernadora tendrá todo el apoyo del gobierno de México”, expresó.
El funcionario federal destacó que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de abril de 2026:
La GN da protección a Rocha Moya; está en Sinaloa y sin fuero: Harfuch
› Por Yulia Bonilla y Elizabeth Hernández
La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes, en su conferencia matutina, que elementos de la Guardia Nacional (GN) dan protección a Rubén Rocha Moya, luego de que el mandatario sinaloense solicitó apoyo a la federación al separarse temporalmente del cargo y que el Gabinete de Seguridad revisó el caso conforme al protocolo aplicable a funcionarios, legisladores o ciudadanos considerados con algún riesgo personal.
“Sí, normalmente en estos casos, como cualquier otro, sea para un gobernador, un gobernador con licencia, de cualquier estado de la República, un diputado, un senador, incluso, un ciudadano que tenga alguna condición de riesgo, solicita a la Guardia Nacional o al Gabinete de Seguridad apoyo”, afirmó.
- EL Dato EU dice que Rubén Rocha tiene presuntos vínculos con Los Chapitos, ya que logró la gubernatura en 2021 con su apoyo a cambio de operar con impunidad en la entidad.
La mandataria dijo que el análisis derivó en un esquema a cargo de la Federación: “Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da seguridad y, en este momento, tiene la seguridad dada según la condición que estableció el Gabinete”.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, amplió la información y señaló que Rocha Moya permanece en Sinaloa y que la protección federal asignada no surgió de una petición directa del exmandatario, sino de la recomendación del Servicio de Protección Federal (SPF).
La precisión se dio en la conferencia del Gabinete de Seguridad en Culiacán, donde Harfuch explicó que el SPF realiza evaluaciones de riesgo a funcionarios, gobernadores y exmandatarios, y que, en este caso, la medida obedeció exclusivamente a ese mecanismo.
También explicó que la recomendación de seguridad se relaciona con su condición de exfuncionario de una entidad con episodios de violencia. El funcionario federal informó que Sinaloa ha tenido jornadas sin homicidios, pero también días “muy lamentables”, con asesinatos recientes en Mazatlán, Navolato y Culiacán.
A diferencia de otros esquemas de resguardo, describió la protección al mandatario como limitada: “No es ningún dispositivo grande, son pocos elementos”. Ante la solicitud de conocer cuántas escoltas tiene el exgobernador, García Harfuch evitó dar la cifra por confidencialidad.
- 15 mil elementos de las Fuerzas Armadas están asignados en Sinaloa desde 2024
El funcionario descartó que el Gobierno federal cuente con datos sobre una posible agresión contra el gobernador con licencia: “No tenemos ningún indicio ni ningún dato de que pueda ser atacado o siquiera de que tenga alguna amenaza”.
Al ser cuestionado sobre si la protección federal confirmaba que Rocha Moya seguía en México, el titular de la SSPC respondió con cautela: “Sinceramente no tengo conocimiento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa”.
Sobre el estatus legal del gobernador con licencia, García Harfuch dejó la definición en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Aun así, apuntó que, hasta donde tenía entendido, Rocha Moya no conserva protección procesal tras separarse del cargo: “Quien tiene fuero es un senador, los demás no”.
Harfuch precisó que el sinaloense fue el único de los funcionarios señalados que recibió protección federal. Al responder sobre el resto de los implicados, aclaró que ninguno solicitó un esquema de seguridad. La aclaración incluyó al senador Enrique Inzunza, mencionado por la prensa, sobre quien descartó algún resguardo oficial del Gobierno: “ninguno”.
Respecto a las acusaciones de EU, el funcionario indicó que la solicitud llegó por medio de la SRE y que la Cancillería la turnó a la Fiscalía donde se deberá desarrollar la investigación formal.
El secretario negó que el Gabinete de Seguridad tuviera indicios previos contra Rocha Moya y afirmó que no detectaron obstáculos desde el gobierno estatal para realizar operativos en el estado.
Geraldine Bonilla, gobernadora interina, mantuvo un mensaje de continuidad institucional tras la licencia temporal de Rocha Moya. Dijo que asumió el cargo después de la decisión del Congreso local y que mantendrá coordinación con la Presidenta Sheinbaum y el Gobierno federal para atender la seguridad en la entidad.
Oposición cuestiona custodia federal
› Por Claudia Arellano
EL DIRIGENTE nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, acusó al Gobierno federal de otorgar protección de la Guardia Nacional al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En redes, el senador del tricolor cuestionó que, tras solicitar licencia a su cargo, Rocha Moya cuente con seguridad federal mientras la violencia afecta a la población en el estado: “Mientras la violencia golpea Sinaloa y a todo México, el gobierno decidió asignarle seguridad federal, como si la víctima fuera él y no las familias que viven atrapadas entre balas”.
Calificó como “grave” que, pese a los señalamientos, incluidos algunos provenientes de autoridades de EU, se destinen recursos públicos para su protección.
Asimismo, cuestionó los motivos de esta decisión: “¿Por qué lo están cuidando y de qué lo están cuidando?”, planteó, al advertir que el uso de fuerzas del Estado es para resguardar a funcionarios bajo investigación, lo que envía un mensaje equivocado a la ciudadanía.
Moreno Cárdenas sostuvo que el país no debe normalizar que la fuerza pública se utilice para “blindar” a actores políticos y demandó que cualquier investigación avance conforme a derecho.
“El PRI exige que la ley se aplique sin privilegios. La seguridad debe estar con la gente, no como escudo de quienes deberían rendir cuentas”, concluyó.
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara baja, Kenia López, sostuvo que “Sinaloa es una oportunidad si se optara por evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima”.
Y sentenció que en la conducción de los trabajos de la Comisión Permanente no quitará la palabra a ningún debatiente, ya que cerrarle el micrófono a un legislador no termina con la delincuencia.
“Que tú quieras callar a un legislador, eso no vuelve a los delincuentes buenos; que tú quieras cerrarle el micrófono a un legislador, eso no hace que el crimen organizado deje de mandar, lamentablemente, en muchos territorios de nuestro país. Para que lo malo se acabe, para que lo positivo, lo bueno, la prosperidad y la legalidad florezcan en este país, se necesita escuchar a todas y a todos. Respetarnos entre todas y entre todos”, afirmó.
Respecto a la acusación en contra de 10 políticos y funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador de Sinaloa con licencia la diputada presidenta señaló que la ley debe aplicarse sin excepción, privilegios ni cálculos políticos.
“Si frente a los señalamientos se optara por encubrir, minimizar o evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima de impunidad y ante un daño de credibilidad de nuestras instituciones ante todo el mundo”, aseveró López Rabadán al pedir justicia y transparencia.
“La Presidenta no agacha la cabeza” ante presiones
› Por Yulia Bonilla
Tras afirmar que Estados Unidos ha buscado tener injerencia en México en varias ocasiones desde sexenios pasados, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no agacha la cabeza” ahora que se enfrentan controversias con el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y aseveró que se actuará con justicia, pero protegiendo la soberanía nacional.
“El pueblo de México tiene que tener la certeza: Primero, que la Presidenta no agacha la cabeza. De que su Presidenta va a defender la soberanía por encima de todo. Y que también vamos a actuar con justicia, como lo hemos hecho hasta ahora. Que hay cosas que nos corresponden a nosotros, hay cosas que le corresponden a la Fiscalía, hay cosas que le corresponden al Poder Judicial”, dijo.
Además, la mandataria criticó las voces que aseguran que ella se encuentra en una disyuntiva entre “entregar” a miembros de Morena o dejar abiertas las condiciones a que Estados Unidos invada el país.
Negó que desde su administración se cubra a alguien que resulte involucrado en actos ilícitos, pero, para proceder, dijo, deben presentarse las pruebas que acrediten la responsabilidad de los señalados.
Subrayó que esto también es un tema de la defensa de la soberanía del país, por lo que aseguró que si se tratara del gobernador emanado de otro partido político que no congenia con la 4T, también se procedería de la misma manera, pues, además, llama la atención que es la primera vez que Estados Unidos solicita la aprehensión de un gobernador con urgencia.
“Nosotros no cubrimos a nadie, pero, por favor, pruebas… Un principio que no es negociable bajo ninguna circunstancia es la soberanía. Es más, si Estados Unidos acusara a un gobernador de otro partido, el principio: la soberanía. Porque es México, por encima de todo. Nunca en la historia habían pedido con urgencia una orden de aprehensión contra un gobernador en funciones, nunca”, declaró.
La jefa del Ejecutivo remarcó que el trato que se debe procurar entre ambas naciones es el de iguales, porque siempre se ha puesto sobre la mesa la cooperación, sin subordinación ni injerencias.
Sheinbaum Pardo descalificó los rumores que circularon para asegurar que aprovechó su visita al estado de Tabasco, para reunirse en Palenque con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Para empezar, no tendría nada de malo que me reuniera con el presidente López Obrador, no tendría nada de malo. Ah, no, pero —no me reuní—… Ah, no, pero ‘ya fue a pedir línea, ya desde Palenque están orientando la política nacional’. Tiene mucho rasgo de misoginia, la verdad”, declaró la mandataria.
Por la tarde, Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con las y los integrantes de su Gabinete legal y ampliado, a quienes pidió esforzarse más en las tareas que cada uno tiene a cargo al frente de las dependencias correspondientes.
A su salida, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, compartió que durante el encuentro se abordaron asuntos generales, pero en sí la mandataria enfatizó el llamado a que los funcionarios no sólo cumplan con sus responsabilidades, sino que se esmeren.
“Yo creo que nuestra Presidenta siempre nos hace un llamado para coordinarse, para trabajar siempre pensando en el bienestar de nuestros pueblos… Sí, (pidió echarle más ganas) y en particular, obra pública y nosotros venimos siempre a escuchar, a tomar nota”, declaró.
PT rechaza injerencismo; llama a la unidad nacional
› Por Claudia Arellano
El coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, expresó el respaldo de su bancada a la Presidenta Claudia Sheinbaum y llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional ante lo que calificó como intentos de injerencismo.
El legislador afirmó que México enfrenta un momento que exige “altura de miras y unidad nacional”, en coincidencia con la postura de la mandataria, al tiempo que criticó a la oposición por, según dijo, caer en la “tentación del intervencionismo”.Lo anterior, señaló, tras permitir acciones que vulneran la soberanía del país, como las registradas en el estado de Chihuahua.
Recordó que las intervenciones extranjeras, en cualquiera de sus formas, no han significado prosperidad para México, sino que han derivado en episodios de subordinación, desigualdad y debilitamiento institucional. En ese sentido, insistió en que no debe normalizarse ningún tipo de intromisión en asuntos que corresponden exclusivamente a las y los mexicanos.
- 4 elementos de EU presuntamente participaron en un operativo en Chihuahua
“El momento actual demanda responsabilidad política y compromiso con la Nación, dejando de lado intereses particulares o cálculos partidistas que pongan en riesgo la estabilidad del país. La historia nos ha enseñado que la soberanía no se negocia ni se comparte”, puntualizó.
Finalmente, el coordinador parlamentario reiteró que la bancada del PT mantendrá su respaldo a la presidenta Sheinbaum, acompañando las acciones que fortalezcan la soberanía nacional y defendiendo, desde el Poder Legislativo, el derecho del pueblo de México a decidir su propio destino.
Hace una semana el Partido del Trabajo (PT) se dijo en disposición de construir una alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) rumbo a las elecciones del 2027 en el estado de Michoacán, pero planteó que la definición de candidaturas deberá pasar por mediciones y por una revisión de los perfiles, más allá de la popularidad de los aspirantes.
