El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó en entrevista con News Nation que el Departamento de Justicia puede presentar nuevos cargos contra otros funcionarios mexicanos relacionados con cárteles del narcotráfico. La declaración ocurre una semana después de que el Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
“Ya hemos acusado formalmente a varios funcionarios del Gobierno de México… y a un juez recientemente también. Y eso es algo que va a continuar”, dijo al ser cuestionado sobre nuevas señalamientos contra servidores públicos mexicanos.
- 10 funcionarios mexicanos fueron acusados por EU
El fiscal interino vinculó esa ruta con la posible cooperación de líderes de cárteles trasladados a territorio estadounidense.
“Una consecuencia de haber traído aquí a muchos líderes de algunos de estos cárteles durante el último año, en cooperación con el Gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar, y eso podría derivar en cargos adicionales”, señaló.
Blanche afirmó que la cooperación con México es clave para la estrategia estadounidense en control fronterizo y combate a los cárteles: “No quiero sugerir que nuestra relación sea mala. Al contrario, tenemos una relación muy positiva con buena parte del Gobierno en México en este momento”.
Afirmó que la estrategia busca cambiar la percepción de seguridad de los líderes criminales fuera de EU. Según el funcionario, antes “podían sentirse protegidos donde vivían, que podían evitar el arresto, el procesamiento y la extradición. No creo que ahora se sientan así”.
Sobre una eventual presencia militar estadounidense en México, Blanche descartó que ese escenario forme parte de las decisiones actuales de su Departamento, y aclaró que una medida así corresponde al presidente Donald Trump: “No creo que eso sea una realidad en absoluto”.
Sostuvo que ambos gobiernos comparten el objetivo de frenar el narcotráfico: “Todos quieren detener el flujo de drogas. Sé que México quiere eso, igual que nosotros”. Mencionó que Washington mantiene una “muy buena relación” con el Gobierno mexicano, pese a que la agenda bilateral se concentra en asuntos sensibles como migración, tráfico de drogas y procesos penales contra integrantes de redes criminales.
Si México no hace la tarea contra los cárteles, nosotros lo haremos: Trump
› Por Elizabeth Hernández
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de su ofensiva antidrogas hacia México al advertir que su país actuará si otros gobiernos no adoptan las medidas que exige su administración contra el narcotráfico. Durante un acto por el Día de las Madres Militares, el mandatario presentó una nueva fase terrestre de su estrategia y dirigió el mensaje a autoridades que rechacen ese avance.
“Ahora hemos iniciado la fase terrestre, la cual es mucho más fácil. Escucharán algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros lugares. Si ellos no van a hacer la tarea, nosotros la haremos, y ellos entienden eso”, dijo.
El mandatario sostuvo que Washing-ton mantendrá su ruta frente a las organizaciones criminales que, según su gobierno, trasladan narcóticos hacia territorio estadounidense.
- El Dato: La embajada de EU informó que los titulares de la Oficina de Contraterrorismo y de Inteligencia Nacional visitaron la frontera para coordinar acciones contra los cárteles.
A la par, Trump presentó su ofensiva terrestre como el siguiente paso tras la reducción del tráfico marítimo. El presidente afirmó que su administración primero cerró la ruta por el agua debido al volumen de narcóticos que, según él, entraba por ese medio. “Tuvimos que hacer primero el mar. No tenían idea de cuánto entraba por esa vía”, dijo.
De acuerdo con el mandatario, el ingreso de droga por mar cayó 97 por ciento y “casi nada” entra ahora por esa ruta. Bajo ese argumento, señaló que el nuevo objetivo corresponde a las fronteras terrestres, un terreno que calificó como menos complejo frente al combate marítimo. También afirmó que las personas que aún intentan cruzar cargamentos por el mar deben ser “las más valientes del mundo”, porque enfrentan una respuesta armada de Estados Unidos. El mandatario aseguró que destruirlas puede ser una imagen fuerte, pero que “esas embarcaciones, sólo un par de ellas, matan a 25 mil personas”.
La advertencia de Trump coincide con la nueva Estrategia Antiterrorista de EU 2026, que difundió la Casa Blanca este miércoles. El documento ubica a esas redes entre las principales amenazas contra el país, dentro de un frente de “narcoterroristas y pandillas transnacionales”, junto con grupos islamistas tradicionales y extremistas violentos de izquierda.
En el prólogo presidencial, Trump lanzó una frase directa contra los cárteles, pandillas y grupos terroristas: “Los encontraremos y los mataremos”, señala el texto, al presentar el plan como un retorno a la política de “paz a través de la fuerza”.
La estrategia sostiene que esas organizaciones “han envenenado a millones de estadounidenses” y plantea una ofensiva con recursos militares, financieros, diplomáticos y de inteligencia.
Según el documento, Washington busca neutralizar amenazas del hemisferio mediante la reducción de operaciones de los cárteles hasta impedir el traslado de drogas, inmigrantes y víctimas de trata hacia Estados Unidos. El plan también contempla localizar y expulsar a miembros de esas estructuras dentro del país, además de usar las designaciones terroristas para afectar sus redes comerciales, logísticas y financieras.
Otro punto central aparece en el capítulo regional. La Casa Blanca afirma que continuará campañas militares y policiales contra los cárteles designados, golpeará sus finanzas y rutas de suministro de precursores químicos, y trabajará con autoridades locales cuando exista disposición de cooperación. Si un gobierno “no puede o no quiere” colaborar, Estados Unidos tomará “la acción necesaria” para proteger su territorio.
La estrategia de 2026 también conecta el combate al fentanilo con una categoría de amenaza superior. El plan plantea tratar esa droga y sus precursores químicos como un riesgo vinculado con armas de destrucción masiva, al atribuir a cárteles y organizaciones designadas responsabilidad por las muertes por sobredosis en Estados Unidos.
CSP rechaza ofensiva de EU por caso Rocha
› Por Yulia Bonilla
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que la indagatoria y solicitud de la detención del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea parte de una ofensiva contra el Gobierno de México.
Al hablar de que se mantendrá la defensa a la soberanía nacional, la mandataria federal comentó que el proceso en el que se ha involucrado al exmandatario morenista es sólo un asunto de las autoridades estadounidenses y, por lo tanto, descartó que las imputaciones tengan como objetivo atentar contra el país.
- El Dato: México cuestionó que autoridades de EU difundieran una acusación contra funcionarios de Sinaloa, que por tratados internacionales, debían permanecer confidenciales.
“Yo digo que es un tema de la Oficina del Departamento de Justicia del Sur de Nueva York, hasta ahora. No es un tema, desde mi punto de vista, por cómo ha venido la relación de una cosa así… de ofensiva contra México”, señaló.
La Presidenta subrayó que, ante este tipo de sucesos, se debe de actuar con la cabeza fría y comentó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió ayer una nota diplomática con la que se le pide a las autoridades estadounidenses presentar las pruebas que justifiquen la solicitud de detención de Rocha Moya con fines de extradición.
“Dennos pruebas, porque no hay pruebas. Ayer, la SER mandó la nota diplomática diciendo: ‘De acuerdo con la consulta que hice con la Fiscalía, nuestros propios jurídicos, pues lo que le pedimos a esta oficina del Departamento de Justicia de EU, es que mande las pruebas’”, explicó.
Remarcó que su Gobierno no encubrirá a ninguna persona, sin importar el partido político al que pertenezca, y se procederá legalmente con las indagatorias y procesos correspondientes.
“Entonces, el pueblo de México tiene que tener claro: Primero, que la Presidenta no cubre a nadie. A nadie… no importa el partido político al que sea. Que la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones porque es la institución a la que le corresponde. Si solicita apoyo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), porque hay un Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, están los esquemas jurídicos para que se pueda hacer”.
Al insistir en que se deben presentar las evidencias que sustenten las acusaciones, subrayó que el país cuenta con un sistema penal basado en el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, por lo cual no se puede ejecutar una aprehensión sin contar con las pruebas que sustenten la orden judicial.
“Pero también tiene que haber pruebas, no dichos, no inventos. En México hay un Sistema Penal Acusatorio que es muy garantista y, para poder detener a alguien, tiene que haber pruebas. Entonces, ya todos son aquí analistas políticos de lo que debe hacer la Presidenta. ¿Saben qué debe hacer la Presidenta? Cumplir con la ley, cumplir con la Constitución y debe defender la soberanía, eso es lo que debe hacer la Presidenta”, declaró.
En ese marco, la mandataria recalcó que la atención a este tipo de asuntos no se hace desde una visión política, sino con apego a la ley: “No, discúlpenme, no es político, es la ley. Claro que, si no hay pruebas de lo que están diciendo, pues el objetivo es el injerencismo; de por sí”.
Los acusados
Funcionarios de Sinaloa señalados por EU por presuntos vínculos con el CDS.
1. Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa.
2. Enrique Inzunza Cázarez, senador.
3. Enrique Alfonso Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
4. Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal con licencia de la Fiscalía General del Estado.
5. Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
6. Alberto Jorge Contreras Núñez, El Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
7. Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.
8. José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
9. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia.
10. Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.
Inzunza falta al Senado y evita un “espectáculo”
› Por Claudia Arellano
El senador sinaloense de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, informó que no asistiría a la sesión de la Comisión Permanente, convocada para este miércoles al argumentar que su presencia podría ser utilizada por la oposición para generar confrontaciones en el recinto legislativo, después de que fue incluido —junto a otros nueve políticos mexicanos— en una acusación en EU por vínculos con el Cártel de Sinaloa.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador señaló que su decisión respondió a evitar lo que calificó como un “espectáculo indigno” en el Senado mexicano.
- El Dato: De no asistir a la Comisión Permanente, el senador será sancionado con el descuento de la dieta del día y, en faltas reiteradas, una amonestación de la presidencia del Senado.
“Mi rectitud y mi veracidad me imponen comunicar que no acudiré este día a la sesión de la Comisión Permanente”, dijo.
Inzunza Cázarez añadió que no dará “ocasión a personeros de la derecha conservadora” para que, bajo cualquier pretexto, alteren el desarrollo de la sesión.
El morenista sostuvo que este tipo de prácticas han sido recurrentes entre figuras de la oposición mexicana, a quienes acusó de convertir los espacios legislativos en escenarios de confrontación.
Frente a esta circunstancia, indicó que permanecerá en su natal Sinaloa, cercano a la ciudadanía. “Estoy en mi tierra, a ras de suelo y con la frente en alto, con las y los nuestros”, escribió.
Enrique Inzunza no se ha presentado en el recinto legislativo del Senado desde el pasado 29 de abril, cuando el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, lo señaló por conspirar con líderes del CDS con protección e información a cambio de apoyo y sobornos.
Además de Inzunza Cázarez, destacó al hoy gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien pidió licencia al cargo; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien también se separó del cargo, y varios altos cargos de seguridad, de la fiscalía y de la policía local.
- El Tip: los legisladores tienen un plazo, generalmente 5 días hábiles, para presentar una justificación válida ante la mesa directiva del Senado.
RECHAZAN GOLPE AL PARTIDO. Este miércoles, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, declaró que esa fuerza política cuenta con el respaldo del pueblo y rechazó que el movimiento sea objeto de señalamientos sin sustento.
“Tenemos el respaldo del pueblo de México, tenemos su confianza, estamos en contra de la impunidad, pero no vamos a convertir a nuestro movimiento en el payaso de las cachetadas”, expresó Ignacio Mier, al ser cuestionado sobre el caso del gobernador con licencia de Sinaloa y sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
En rueda de prensa, el legislador también se refirió a la ausencia del senador Enrique Inzunza, quien, aseguró, no fue convocado formalmente a la asamblea, ya que la integración de la Comisión Permanente responde a la proporción de cada grupo parlamentario.
“Cada grupo parlamentario propone un número de senadores conforme al peso que tiene. En el caso de Morena, son 18 senadores los que integran esta Comisión”, detalló el presidente de la Junto de Coordinación política en el Senado.
Cuestionado sobre si respaldaría plenamente tanto a Rocha Moya como a Inzunza, el coordinador evitó emitir un juicio.
“No puedo asegurar nada porque no soy juez y no juzgo delitos. Y no me considero, de ninguna manera, divino para perdonar pecados”, sostuvo Mier.
VEN INTROMISIÓN DE EU. Luego de que el presidente Donald Trump advirtió que si México no combate al narcotráfico como él lo solicita lo hará Estados Unidos, legisladores y dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) pidieron a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no relajarse ni ser tapadera de nadie porque se correría el riesgo de una intromisión territorial estadounidense.
El coordinador de los senadores, Clemente Castañeda, señaló que lo dicho por Trump este miércoles no sólo es alarmante, sino que es una presión más sobre la procuración de justicia de este país.
“La declaración que acaba de hace Donald Trump debe alarmarnos muchísimo y debe obligar a las autoridades mexicanas a hacer su trabajo. Es un elemento más de presión que hay sobre la procuración de justicia de este país, y cuando decía yo que sería gravísimo esperar a que alguien más hiciera justicia es porque, por supuesto que corremos el riesgo de una intromisión territorial del gobierno de EU en este país”, dijo.
Castañeda dijo que es sorprendente que, pese a las acusaciones que se han ventilado en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más del gobierno sinaloense, el Gobierno federal mantenga una posición “más de justificación, más de tapadera”, en lugar de asumir con decisión el asunto.
Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, expresó el rechazo de su bancada a cualquier forma de injerencia o intervención extranjera en México, al advertir que permitir la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EU en operativos nacionales constituye una violación a la soberanía.
“Rechazamos cualquier injerencia hacia nuestra patria. Somos antiimperialistas y solidarios con los pueblos del mundo”, afirmó durante su participación en el foro Agenda Política Verdad y Justicia.
Momentos después, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, afirmó que México enfrenta un momento decisivo ante las acusaciones de EU contra políticos por presuntos vínculos con el narcotráfico, porque el país debe definirse entre la legalidad o el acompañamiento al crimen organizado.
En entrevista en el Senado, la legisladora subrayó que el reto es “elemental” y que las instituciones deberán demostrar si están a la altura de las circunstancias.
Asimismo, advirtió que cada instancia de gobierno —incluidas fiscalías, jueces y autoridades— serán responsables de sus decisiones en este proceso.
En este sentido, la diputada presidenta de la Cámara baja consideró que los servidores públicos que han sido señalados deben dar la cara y responder con responsabilidad ante la ciudadanía, pues la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para fortalecer la confianza pública en medio de estos señalamientos.
Exmando de Sinaloa evade extradición a EU
Por Redacción
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, uno de los 10 funcionarios señalados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, obtuvo un amparo por parte del Juzgado Tercero de Distrito en Michoacán para impedir cualquier intento de captura en su contra con fines de extradición a Estados Unidos.
La resolución protege al también general en retiro de órdenes de detención provisional, localización o aseguramiento, al menos hasta que se resuelva un juicio de garantías en la audiencia programada para su caso el próximo 1 de junio.
- 15 meses encabezó la Secretaría de Seguridad
“Se suspende de plano y de oficio la extradición del quejoso Gerardo Mérida Sánchez o cualquier acto tendiente a ejecutar alguna orden de detención provisional”, se lee en el documento emitido por el juzgado federal con sede en Morelia, Michoacán.
Mérida Sánchez fue señalado en la Corte de Nueva York por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” durante su gestión al frente de la seguridad de Sinaloa, entre septiembre de 2023 y diciembre de 2024.
Las autoridades estadounidenses sostienen que recibió sobornos de 100 mil dólares al mes, a cambio de advertir a la organización delictiva sobre redadas en laboratorios de drogas, de tal forma que sus integrantes pudieran evitar el arresto.
El documento judicial señala que en 2023, el exfuncionario alertó con anticipación sobre al menos 10 redadas a laboratorios de droga.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó al exjefe de la policía sinaloense delitos de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armamento de alto poder, por los que podría alcanzar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión o cadena perpetua.
En diciembre de 2024, Gerardo Mérida Sánchez renunció la Secretaría de Seguridad estatal tras más de 100 días de violencia, derivada de enfrentamientos entre grupos criminales en varios municipios de la entidad.
La gestión de Mérida en Sinaloa inició el 4 de septiembre de 2023, cuando el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya —también señalado por Estados Unidos— le tomó protesta como parte de un relevo en el gabinete de seguridad estatal, con el compromiso de reducir los índices delictivos; sin embargo, su periodo terminó marcado por la violencia desatada tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López cerca de El Paso, Texas.
Desde 2022, Mérida Sánchez es general de División en retiro, tiene formación en administración militar y derecho, cuenta con una maestría en Seguridad y Defensa Nacional. En la milicia, se desempeñó como comandante de la 25 Zona Militar en Puebla y ocupó distintos mandos castrenses en Tamaulipas y Michoacán.
CSP rechaza ofensiva de EU por caso Rocha
