La Fiscalía General de la República (FGR) integró dos carpetas clave a la investigación que realiza contra funcionarios estatales señalados en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Esta decisión reactiva tanto las denuncias penales por la supuesta injerencia del narcotráfico en la elección estatal de hace cinco años, así como la del homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Respecto al asesinato de Cuén Ojeda, las fuentes consultadas no precisaron el avance de la investigación, ni confirmaron si la FGR citará a funcionarios de la Fiscalía General del Estado (FGE) para aclarar el presunto montaje alrededor del homicidio del exrector. El caso quedó bajo revisión federal tras detectar inconsistencias entre la versión inicial que ofrecieron las autoridades locales y la que relató Ismael El Mayo Zambada días después.
- 26 por ciento de los votos obtuvo Cuén en la elección realizada en 2016
La fecha del crimen colocó el caso Cuén dentro de una trama mayor. Ese 25 de julio también fueron detenidos en EU Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Lo que en un principio parecían hechos aislados, terminaron conectados por una carta difundida por la defensa del líder histórico del Cártel de Sinaloa, en la que aseguró que el académico había acudido a una reunión en la que también esperaba ver al hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Fuentes federales precisaron que Guzmán López no cuenta con orden de aprehensión vigente en México. Por ello, hasta ahora no existe una solicitud judicial contra el hijo de El Chapo. A partir del 16 de octubre de 2024, El Chapito dejó de aparecer bajo custodia directa del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos en el registro público del BOP. Antes de esa fecha permanecía como prisionero del Centro Correccional Metropolitano de Chicago.
La segunda ruta que retomó la FGR apunta al proceso electoral de 2021 en Sinaloa. Fuentes federales confirmaron que el expediente incluye dos denuncias penales presentadas por organismos civiles, en las que se acusa una presunta intervención del crimen organizado en favor de la candidatura de Rubén Rocha Moya, quien obtuvo la gubernatura en aquella contienda.
Hasta ahora, las fuentes consultadas no detallaron si esa investigación derivará en citatorios, solicitudes de información adicionales o nuevas diligencias sobre funcionarios en activo o exservidores públicos. Tampoco precisaron si las carpetas vinculadas con la elección de Rocha Moya y el caso Cuén tendrán una ruta procesal conjunta o separada. Las fuentes federales también confirmaron que, hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha entregado información adicional ni pruebas sólidas que puedan sumarse a la investigación principal que la FGR ha abierto sobre este caso.
Sobre los otros funcionarios señalados, las fuentes consultadas precisaron que la FGR no tiene conocimiento exacto del paradero de siete de los 10 mencionados en el expediente. Sin embargo, la dependencia cuenta con información de que permanecen en México, pues no existe registro de que hayan salido del país.
“Supimos días antes de la orden contra Rocha”
› Por Yulia Bonilla
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que su Gobierno tuvo conocimiento días antes de la solicitud de aprehensión con fines de extradición que Estados Unidos presentó contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas, respecto de las cuales hasta ahora no se han presentado las pruebas sobre sus supuestos vínculos con el crimen organizado.
Aunque no lo mencionó directamente, la mandataria federal comentó que, antes de que la solicitud llegara, se conocía de la misma, pero fue hasta que llegó el documento cuando se tuvo certeza de lo que ocurría. Enfatizó en que desde ese momento se fijó la postura de que la petición estaba basada en pruebas y éstas tenían que presentarse.
“De hecho, la reciente solicitud de extradición urgente, o de detención urgente más bien, con fines de extradición nosotros la conocimos unos días antes, de que había una orden de aprehensión. Hasta que no llegaron los papeles, no tuvimos conocimiento pleno.
“Sabíamos, porque nos informaron, de que era probable que venía una orden de aprehensión, a lo que nosotros siempre dijimos: ‘Presenten las pruebas’. Cuando llegaron las órdenes de detención urgente, no teníamos conocimiento de esas órdenes de detención urgente, hasta que no se presentaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”, comentó.
El canciller, Roberto Velasco, afirmó que EU no ha presentado ninguna prueba que acredite las acusaciones.
Respecto a los señalamientos que han comenzado a surgir contra el expresidente Felipe Calderón por supuestamente proteger a Los Zetas durante su sexenio, Sheinbaum Pardo dijo no conocer tal señalamiento. Reiteró que se insistirá en solicitar pruebas contra cualquier persona a la que se acuse, sin importar el partido al que pertenezca.
Remarcó que el Estado mexicano siempre procederá con apego al marco constitucional y jurídico del país, por lo que cuando se solicite la captura de cualquier ciudadano, se tienen que tener elementos que lo justifiquen.
“No tenemos conocimiento de otras investigaciones que haya en contra de políticos o gobernadores o representantes populares en funciones. Y en cualquiera de los casos, sean de Morena, sean del PAN, sean del PRI, sean de MC, sean independientes, nuestra posición va a ser la misma: pruebas, siempre”, remarcó.
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