La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó atraer el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien desde hace siete años busca justicia tras sobrevivir a un ataque con ácido.
Sin discusión pública y con mayoría de votos, el pleno del máximo tribunal decidió no estudiar los amparos promovidos por los presuntos responsables, entre ellos el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal.
Durante la sesión también fueron rechazadas solicitudes para atraer asuntos relacionados con las indemnizaciones a víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro y una nueva revisión del feminicidio de Sandra Camacho Aguilar.
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En el caso de María Elena Ríos, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó tiempo atrás que la Corte revisara seis amparos promovidos por los acusados, quienes buscan anular los procesos penales en su contra.
El punto que se pretendía que fuera analizado era si una jueza sustituta podía invalidar un juicio oral y dejar sin efectos una absolución, luego de que el juez original fuera suspendido antes de emitir la sentencia escrita.
Sin embargo, la propuesta fue desechada por mayoría de cinco votos. La ministra Sara Irene Herrerías se excusó de participar debido a que anteriormente intervino en el caso como titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR.
Horas antes de la resolución, María Elena Ríos difundió una carta pública en la que expresó su esperanza de que la Corte asumiera el caso. “En todo este tiempo no he podido acceder a la justicia, debido a la corrupción que impera en el estado de Oaxaca”, denunció.
La saxofonista acusó además a Vera Carrizal de utilizar “su poder político y económico” para influir en el proceso penal y evadir la cárcel mediante supuestos problemas de salud. “Ha usado sus influencias para salir de prisión fingiendo enfermedades”, refirió.
Además, sostuvo que su caso refleja un problema más amplio de violencia de género en México.
Recordó que, de acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, durante 2025 se documentaron al menos 336 casos relacionados con amenazas y ataques por violencia ácida.
En la misma sesión, la SCJN rechazó atraer el caso relacionado con las reparaciones para víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro, tragedia ocurrida el 3 de mayo de 2021 que dejó 26 muertos y cerca de 100 heridos.
La propuesta buscaba definir criterios sobre reparación integral del daño e indemnizaciones justas para las víctimas.
Asimismo, el pleno desechó revisar el cumplimiento de la sentencia emitida en el caso del feminicidio de Sandra Camacho Aguilar, en el que previamente la Corte anuló una condena de 50 años y ordenó emitir una nueva resolución con perspectiva de género.
En contraste, los ministros sí aceptaron atraer otro asunto relacionado con posibles violaciones a derechos humanos. Entre ellos el caso de Diego Fernando Bonilla, para determinar si procede el amparo indirecto inmediato en el caso ante la negativa del Ministerio Público de incorporar el dictamen conforme al Protocolo de Estambul
