La fotografía que traza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su último informe colocó a México ante una doble presión. La mayoría de los ilícitos nunca entran al sistema y los homicidios, aunque bajan en promedio diario, se concentran en una franja de entidades con peso nacional, que se extienden en cinco regiones.
El rezago en la impartición de justicia aparece con mayor claridad al mirar el universo completo. La CIDH retomó datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que estimó un total de 33.5 millones de delitos cometidos durante 2024. De ese total, sólo 0.8 por ciento terminó con recuperación del bien afectado, puesta a disposición judicial de la persona responsable, reparación del daño o perdón otorgado por la víctima.
- El Dato: El documento resaltó la importancia de reconocer a las y los buscadores como defensores de derechos humanos, lo cual implicará atender con oportunidad sus solicitudes.
Para ponerlo en proporción, por cada mil delitos ocurridos en el país, apenas ocho alcanzaron alguna de esas salidas ante el Ministerio Público. Los otros 992 quedaron fuera de ese resultado, ya sea por falta de denuncia, por rezago en la investigación o porque el procedimiento no derivó en una respuesta favorable para la víctima.
A esa escala, la justicia penal opera como un embudo casi cerrado. La encuesta retomada por la Comisión muestra que el primer filtro aparece antes de la carpeta de investigación, cuando la víctima no acude ante la autoridad; el segundo llega dentro del Ministerio Público, donde una resolución útil para quien sufrió el delito constituye la excepción.
Esa cifra negra convive con una reducción en el promedio diario de homicidios dolosos. La información pública citada por la CIDH indicó que los asesinatos pasaron de 86.9 al día en julio de 2024 a 64.9 en el mismo mes del año siguiente. La reducción equivale a 22 víctimas menos cada día, aunque el nivel reportado aún representa, en promedio, tres homicidios dolosos cada hora en México.
La concentración territorial agregó peso al dato. Entre enero y julio de 2025, siete entidades reunieron poco más de la mitad de los homicidios contabilizados por la información citada por la CIDH. Vista en bloque, esa lista dibuja un mapa que cruza Bajío, norte, Pacífico, centro y occidente del país. Esta violencia letal no aparece encerrada en una sola región, sino que reparte sus mayores porcentajes entre estados fronterizos, entidades del centro y territorios del oeste.
México presentó ante la Comisión Interamericana un plan de seguridad que plantea contener la violencia desde sus causas y no sólo a través de la respuesta policial. Esa ruta busca colocar la prevención, investigación y coordinación institucional como ejes de la política pública.
La lectura del informe, no obstante, incorporó una advertencia central. El Centro Prodh señaló que la nueva Ley de la Guardia Nacional (GN), promulgada el 16 de julio de 2025, profundizó el modelo militar en tareas de seguridad ciudadana.
La norma sustituyó la legislación de 2019 y terminó con el esquema híbrido de la corporación, al formalizar su integración plena a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
La dimensión del registro apuntó en esa dirección. La Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública documentó dos mil 881 denuncias por hechos ocurridos entre 2019 y 2024, de las cuales derivaron tres mil 506 víctimas. Visto en proporción, el recuento equivale a más de una persona afectada por cada caso reportado y a casi dos víctimas diarias registradas durante ese periodo.
Frente a esas cifras, el Estado mexicano informó a la CIDH que realizó cinco sesiones del mecanismo encargado de dar seguimiento al Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En estos encuentros participaron 55 personas funcionarias y representantes sociales, como parte de la estrategia nacional en la materia.
El reporte agregó una advertencia de organizaciones civiles. Integrantes del Observatorio contra la Tortura señalaron que el programa nacional apareció hasta el 18 de febrero del 2025, después de siete años de omisión de la Fiscalía General de la República (FGR) y tras una sentencia impulsada por la sociedad civil. Además, el informe indicó que la armonización de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura aún sigue pendiente en la mayoría de las entidades federativas.
Sobre el acceso a la justicia, el informe también recogió inquietudes por la Ley de Amparo. La información recibida por la CIDH apuntó a límites en el interés legítimo y en la suspensión, dos herramientas que pueden marcar la diferencia entre una protección inmediata y un litigio sin efecto práctico.
El riesgo, advirtió el informe de la CIDH, está en que el cambio puede cerrar la puerta a litigios promovidos por la sociedad civil en temas ambientales, derechos humanos, salud, territorio o grupos vulnerables. Además, señaló que la reforma exige requisitos más estrictos para acreditar una “lesión jurídica real y diferenciada”, lo que eleva el umbral para llevar casos colectivos ante un juez.
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