El acceso a un acta de nacimiento acorde con la identidad de género autodeterminada puede obtenerse según el lugar donde la persona nació, vive o se traslada.
En México, cada entidad regula sus propios procedimientos civiles y registrales; por eso, el cambio de nombre y de género en documentos oficiales no avanza de la misma manera en todo el país, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó, desde 2019, que el reconocimiento de identidad debe realizarse mediante un trámite administrativo, sencillo, privado y expedito.
Fernando, hombre trans nacido en Puebla, pidió ayuda a dos amigas en la Ciudad de México cuando todavía no encontraba una vía clara para modificar su identidad en su estado. Necesitaba una identificación que coincidiera con su nombre, su imagen y la forma en que ya vivía ante su familia, su trabajo y sus amistades.
PAN presume avance en las preferencias
- El Dato: La Ley Agnes permite que las personas trans realicen cambios en sus actas de nacimiento para modificar su nombre y sexo, sin acreditar tratamientos hormonales o cirugías.
“No quería explicar mi vida cada vez que mostraba una credencial. Quería hacer un trámite, no defender mi existencia”, relata en este caso reconstruido.
Para personas que tienen la necesidad de modificar la información de su identidad, la capital del país abrió una ruta que otras entidades adoptaron años después. La Ciudad de México incorporó, desde hace más de una década, un procedimiento administrativo para el cambio de género para mayores de edad y, en 2021, amplió el acceso al trámite para adolescentes a partir de los 12 años.
El portal oficial capitalino establece que las personas mexicanas mayores de edad pueden iniciar el trámite en línea, presentar copia certificada del acta primigenia e identificación vigente, sin costo.
Puebla incorporó el reconocimiento legal de la identidad de género en 2021 mediante reformas al Código Civil y al Reglamento del Registro Civil. Antes de ese cambio, las personas que buscaban modificar su acta enfrentaban obstáculos mayores o miraban hacia entidades con una ruta más clara, como la Ciudad de México.
Human Rights Watch identifica procedimientos administrativos o vías equivalentes en poco más de 20 entidades del país, pero otras como Querétaro, Tabasco o Chiapas no cuentan con una reforma local que armonice con la legislación federal o que se refiera de forma específica a este tipo de trámites.
El tiempo de respuesta marca una enorme diferencia a nivel nacional. En el Estado de México, el Registro Civil informa un plazo máximo de dos días hábiles para resolver el reconocimiento de identidad; en Coahuila, el plazo máximo llega a 10 días hábiles, con costo para el trámite y para la copia certificada; en Zacatecas capital, la ficha municipal marca 20 días.
La modificación del acta de nacimiento no actualiza de forma automática el resto de los documentos. Después del trámite ante el Registro Civil, la persona debe gestionar la corrección de la Clave Única de Registro de Población (CURP), la credencial para votar, certificados escolares, expedientes laborales, cuentas bancarias y registros médicos ante cada institución. Ese segundo recorrido puede prolongar el proceso de reconocimiento legal, aun cuando el cambio registral ya haya concluido.
Patricia llegó a México después de salir de Brasil por amenazas ligadas a su identidad de género. No nació aquí, así que su caso no pasó por la misma ruta registral que la de una persona mexicana. Su primer alivio, según su testimonio, llegó cuando pudo presentarse con su nombre ante organizaciones de apoyo y autoridades migratorias. “En mi país, mi nombre me ponía en riesgo. En México, al menos pude decirlo en voz alta sin sentir que firmaba una sentencia”, expresó.
La dimensión migratoria suma otro dato. La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha registrado en México al menos seis mil casos de personas solicitantes de refugio que revelaron pertenecer a la población LGBTIQ+ entre 2017 y 2025. La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político reconoce la persecución por género o pertenencia a determinado grupo social como motivo para solicitar protección.
Esta problemática rebasa los casos individuales. La Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) identificó a 908 mil 600 personas de 15 años y más con una identidad de género Trans+, casi un millón de habitantes para quienes un acta, una CURP o una credencial para votar pueden definir el acceso a trámites, empleo, servicios de salud, escuela y seguridad cotidiana.
Teresa Peña, abogada penalista y experta en derechos humanos, advirtió que el reconocimiento legal no se agota con la reforma de una ley, porque el verdadero acceso al derecho se mide en la ventanilla.
“México ya cuenta con un piso constitucional y criterios judiciales que ordenan procedimientos administrativos sin requisitos médicos, psicológicos o quirúrgicos. El problema está en la distancia entre ese estándar y la experiencia diaria, marcada por oficinas, costos, plazos y criterios locales. Para miles de personas, el derecho a un nombre no termina cuando una ley cambia; empieza cuando el documento llega a sus manos”, señaló la experta.
La diferencia entre contar o no con documentos acordes alcanza escenas cotidianas. Fernando la resume desde una ventanilla bancaria. “La persona veía mi credencial, luego mi cara y después me llamaba por un nombre que ya no usaba. No era una confusión pequeña. Era una forma de quedar atrapado en un papel viejo”.
Para Patricia, la identificación también marcó el acceso al trabajo y a la renta de un cuarto. “No pedía trato especial. Pedía que no me cerraran la puerta antes de escuchar mi historia”, dice. Su caso muestra cómo la identidad legal puede determinar si una persona encuentra protección o vuelve a quedar expuesta.
Mujeres trans enfrentan el mayor riesgo de violencia
| Por Elizabeth Hernández |
MÉXICO LLEGA al Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia con un saldo que coloca a las mujeres trans en el centro de la violencia letal contra la población LGBT. Durante el año pasado, reportes periodísticos documentaron, al menos, 60 homicidios presuntamente asociados con la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas; 35 correspondieron a mujeres trans, casi 60 por ciento.
La dimensión del riesgo crece al medirlo por tasa poblacional: la organización calculó 23.7 asesinatos por cada 100 mil para este grupo, una proporción diez veces mayor a la estimada entre mujeres.
El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBT visualiza la violencia más allá de los homicidios. En 2024 documentó 148 agresiones extremas contra integrantes de la diversidad sexual y de género, con 97 asesinatos, 47 desapariciones y cuatro indagatorias.
- 148 agresiones contra personas de la diversidad sexual en 2024
El análisis de Letra S apunta hacia el mismo foco de riesgo. Las mujeres trans no aparecen como un grupo más dentro de la estadística, sino como el rostro más golpeado por la violencia letal contra la población LGBT en el país. En 2024, 55 de los 80 homicidios documentados por la organización corresponden a ellas; en 2023 fueron 43 de 66, y un año antes, el registro fue de 48 de 87.
Para esta organización, la falta de datos oficiales impide confirmar si la baja de casos del año pasado refleja una reducción real de la violencia o sólo un subregistro.
En el mapa global de la violencia antitrans, México cuenta con una población LGBT de cinco millones de personas de 15 años y más, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En ese universo, 909 mil personas declararon una identidad diferente a su sexo al nacer.
El Observatorio de Personas Trans Asesinadas, de la organización internacional Trans Género Europa (TGEU), documentó 281 crímenes contra personas trans y de género diverso entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre del año pasado.
