Tras señalar que Estados Unidos no ha enviado a ninguna persona en extradición pedida por México desde 2018, mediante 269 requerimientos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, aseguró que pedir más pruebas para sustentar las peticiones que dicho país hace al gobierno mexicano, como el caso de Rubén Rocha Moya, es una práctica “legal y convencional”.
“Nuestra postura es legal y convencional, es recíproca y es previsible porque es la forma en la que hemos actuado ambos gobiernos y es naturalmente garante del debido proceso. Estamos comprometidos con la cooperación internacional en materia de justicia con apego al derecho, con respeto a la soberanía”, sostuvo Roberto Velasco durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum.
Roberto Velasco expuso que el fundamento legal para que México pida elementos y pruebas cuando recibe solicitudes de detención con fines de extradición reside en el propio acuerdo que ambos países sostienen en la materia.
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“Ese tratado, obviamente, se tiene que analizar de manera integral y va de la mano del artículo 11, que habla de la detención provisional. ¿Cuál es la conclusión jurídica que el artículo 11 y 12 al ir de la mano? Permiten a los gobiernos pedir en cualquier momento del proceso que tiene varias fases mayor información sobre las solicitudes de extradición”, señaló Roberto Velasco este martes en Palacio Nacional.
Roberto Velasco ahondó en que el artículo 9 de tal documento aborda los casos de solicitudes respecto a nacionales, en donde México tiene la obligación de realizar una investigación exhaustiva antes de entregar a la persona.
Roberto Velasco comentó que el Artículo 17 de la Ley de Extradición igualmente apunta que se deben acreditar la manifestación de existir una orden de aprehensión y la expresión del delito, la cual debe ser lo suficientemente clara y precisa. En caso de que sea vaga, se puede solicitar mayor información.
Roberto Velasco resaltó que el estándar aplicado en estas situaciones ha sido solicitar información complementaria para proceder con las solicitudes de detención provisional, lo cual también ha hecho Estados Unidos.
“En el caso de Estados Unidos, cuando hay delitos complejos, como es el caso de corrupción, de desaparición forzada, las autoridades estadounidenses nos solicitan sistemáticamente información complementaria estableciendo un alto estándar de revisión, incluso para proceder sobre la solicitud de detención provisional. Esta es la práctica que hemos seguido en ambos países”, dijo.
Bajo esta dinámica es que Estados Unidos no ha atendido con entregas ninguno de los 269 requerimientos hechos por México entre el 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026.
De estos, 36 ya fueron negados por EU y 233 permanecen pendientes, de los cuales 183 corresponden a peticiones formales de extradición y los otros 50 a solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
En 47 de las últimas 50, Estados Unidos requirió a México presentar información adicional.
Por ello, Roberto Velasco subrayó que el pedir pruebas adicionales que fundamenten las solicitudes es una práctica que se ha aplicado desde años anteriores entre ambos países.
“Es una práctica común entre los dos países que se requieren elementos adicionales. No es algo que nunca haya ocurrido o que esté fuera del tratado, como han sugerido algunas personas en la prensa mexicana”, dijo Roberto Velasco.
Entre los casos de las solicitudes varadas en el gobierno estadounidense está el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien es acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
También Víctor Manuel Álvarez, señalado por desfalco en la Secretaría de Gobernación y también se le vincula con el crimen organizado.
Otro solicitado es el juez José Ulises, requerido por el caso Ayotzinapa.
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FGR
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