La Operación Enjambre dejó atrás su primera etapa y abrió un mapa nacional de capturas de alto perfil dentro de gobiernos municipales. Desde noviembre de 2024, la estrategia acumula 147 servidores públicos detenidos, entre ellos alcaldes, exalcaldes, presidentes municipales electos, directores de seguridad, tesoreros, secretarios de ayuntamiento y titulares de áreas administrativas.
Bajo ese universo, el bloque de mayor perfil suma al menos 22 capturas relevantes en los ayuntamientos del país. El recuento incluye 16 presidentes municipales, exmandatarios locales o alcaldes electos, además de seis funcionarios de primer nivel en áreas de seguridad, catastro, obras públicas, oficialía mayor y secretaría municipal.
- El Dato: Ante la inminencia de su captura, el edil de Atlatlahucan promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión, pero fue desechada de manera parcial.
Según el recuento elaborado por La Razón, las detenciones de alto perfil se reparten en siete estados. Jalisco y Morelos encabezan la lista con cinco casos cada uno; les siguen el Estado de México y Puebla, con cuatro por entidad; Chiapas suma dos, mientras Oaxaca y Tlaxcala registran uno.
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La revisión también permite dimensionar el avance judicial de la estrategia Enjambre. Hasta ahora, tan sólo 20 exservidores públicos municipales de la entidad mexiquense, donde se realizó el primer operativo, acumulan mil 146 años de prisión por homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada y evasión.
Las sentencias alcanzan a exalcaldes, exdirectores de seguridad, policías municipales y mandos operativos, lo que muestra que la investigación atravesó cargos políticos, áreas de mando y corporaciones locales.
Por rangos, el bloque más amplio de detenciones corresponde a servidores vinculados con seguridad pública. Ahí entran directores, subdirectores, comisarios, mandos operativos y policías municipales señalados por delitos como extorsión, secuestro exprés, homicidio, desaparición forzada y protección a
grupos criminales.
La segunda franja de detenciones se concentra en los cargos administrativos. Tesorerías, obras públicas, catastro, oficialías mayores y secretarías de ayuntamiento aparecen como puntos sensibles porque controlan recursos, permisos, padrones, predios, contratos y trámites municipales.
El grupo menos numeroso concentra el mayor peso político del expediente. Ahí aparecen alcaldes, exalcaldes, presidentes municipales electos, síndicos, regidores, tesoreros y secretarios de ayuntamiento, perfiles con poder de decisión sobre policías, recursos, permisos y territorio. Su captura desnuda un problema más profundo al demostrar cómo en algunas localidades, la corrupción no operaba como una desviación aislada, sino como una estructura instalada dentro del gobierno municipal.
A la lista de alcaldes y exediles se suman nombres como Ari Patrick Mendiola Mondragón, expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras; María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco; Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila; Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla. En conjunto, esos casos muestran que la operación dejó de tocar únicamente áreas subordinadas y entró al centro de decisiones políticas locales.
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