Funcionarios en activo, exservidores públicos y actores políticos de Morelos quedaron bajo investigación federal por una presunta red ligada al Cártel de Sinaloa que no sólo habría operado extorsiones en el oriente del estado, sino también buscado control municipal desde campañas electorales, vínculos con autoridades y homicidios contra adversarios políticos.
El centro del caso es Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, identificado por el Gobierno federal como líder regional de la organización criminal en Morelos. Bajo esa línea, la Fiscalía General de la República (FGR) indaga si la organización logró construir una red de protección pública para operar con margen dentro de al menos ocho ayuntamientos del estado.
- El Dato: El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, denunció el domingo que el crimen extorsiona a habitantes de Huautla, en Tlaquiltenango, “por el simple hecho de vivir ahí”.
Pero la investigación no se limita a los cargos actuales. El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López, afirmó que los homicidios de exalcaldes ocurridos entre 2022 y 2023, así como ataques contra aspirantes y candidatos durante ese proceso electoral, forman parte de las indagatorias sobre la infiltración del Cártel de Sinaloa en gobiernos municipales de Morelos.
Según el también vocero de la Fiscalía, la estructura habría usado financiamiento de campañas, acuerdos con servidores públicos e intimidación contra adversarios para abrirse paso en ayuntamientos. El propósito era “obtener permisividad y libertad para cometer actividades delictivas dentro del estado de Morelos”, dijo el fiscal en un mensaje a medios al explicar el alcance político de las pesquisas.
“(Esta infiltración) se dio por medio del financiamiento de campañas de personas candidatas que hoy fungen como funcionarias o funcionarios públicos, sin dejar atrás que se tiene información de que intimidaban a actores políticos contrarios”, expuso.
La FGR también incorporó al expediente un video difundido en 2025 en el que aparecen autoridades locales, entre ellas dos de los alcaldes detenidos, en una presunta reunión con El Barbas. Para la Fiscalía, ese material forma parte de los indicios sobre los contactos entre la organización criminal y personajes con influencia municipal.
Más allá de Cuautla, Atlatlahucan y Yecapixtla, las autoridades federales ubicaron presencia criminal en por lo menos ocho municipios de Morelos. Esa expansión coincide con la hipótesis de que el grupo no sólo buscó protección después de las elecciones, sino que habría intervenido desde la etapa de campañas para impulsar perfiles afines.
Previamente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que como parte de la Operación Enjambre, fueron detenidas seis personas, entre ellas dos alcaldes —uno en funciones y otro que ya concluyó su mandato—, y cuatro funcionarios municipales, además de que otro edil en funciones está prófugo de la justicia, todos, implicados en la red de extorsión ligada con el Cártel de Sinaloa.
En conferencia de prensa acompañado por el general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, detalló que comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos reportaron cierres de negocios, amenazas y exigencias de pagos ilegales en Cuautla y otros puntos del oriente morelense. Para las autoridades, esos reportes permitieron conectar la presión económica con una presunta red de respaldo institucional.
A partir de esos elementos, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la FGR reunió datos de prueba, a partir de labores de campo y diligencias ministeriales, para solicitar órdenes de aprehensión por delincuencia organizada con finalidad de cometer delitos contra la salud. Un juez de distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, con residencia en Hermosillo, concedió los mandamientos judiciales.
La autorización permitió ejecutar cateos en domicilios de Morelos y Querétaro. La operación incluyó seis intervenciones en la entidad morelense y una más en Huimilpan, como parte del despliegue contra los actores considerados clave dentro de la estructura ligada a El Barbas.
El operativo se extendió a diversos perfiles políticos del oriente de Morelos. Entre los detenidos están Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, quien ganó mediante la alianza PAN-PRI-PRD, así como Redes Sociales Progresistas (RSP); Irving “N”, exalcalde de Yecapixtla (2009-2012), quien llegó bajo las siglas del PAN, y Arisbel Rubí “N”, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan y consejera estatal de Morena.
Derivado de esos cateos, las autoridades detuvieron en Cuautla —señalado como uno de los puntos centrales del expediente— a tres integrantes de la administración municipal señalados por sus presuntos vínculos con la red investigada: Horacio “N”, secretario del Ayuntamiento; Pablo Adrián “N”, oficial mayor, y Jonathan “N”, tesorero. En tanto, el alcalde de ese municipio, Jesús “N”, postulado por el PAN, PRD y PRI, también figura entre los objetivos del caso, aunque no ha sido capturado.
García Harfuch señaló que el refuerzo de seguridad en Morelos inició a mediados de abril por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Desde entonces, dijo, el Gobierno federal amplió las capacidades de inteligencia, investigación y presencia territorial en la entidad.
Añadió que la investigación busca establecer “posibles vínculos, redes de protección, intercambio de información o colaboración con estructuras delictivas”. La autoridad federal atribuye a los detenidos probables nexos con extorsión, tráfico de armas y delincuencia organizada.
“Se tuvo conocimiento de actividades de extorsión en Cuautla y el oriente de Morelos. Afectaban a comerciantes, transportistas, familias y sectores productivos, que enfrentaban amenazas, cobros de cuota y presiones de grupos criminales que buscan imponer control de esta manera. Durante años han afectado la vida social y económica del estado”, expuso.
Al mismo tiempo, el golpe contra la red avanzó por la vía financiera. El titular de la SSPC anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueará a 32 sujetos relacionados con el caso, entre ellos 22 personas físicas y 10 empresas. El listado incluye objetivos principales, familiares, compañías con indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita y al propio líder delictivo.
Con Operación Enjambre van 147 detenidos
| Por Elizabeth Hernández |
La Operación Enjambre dejó atrás su primera etapa y abrió un mapa nacional de capturas de alto perfil dentro de gobiernos municipales. Desde noviembre de 2024, la estrategia acumula 147 servidores públicos detenidos, entre ellos alcaldes, exalcaldes, presidentes municipales electos, directores de seguridad, tesoreros, secretarios de ayuntamiento y titulares de áreas administrativas.
Bajo ese universo, el bloque de mayor perfil suma al menos 22 capturas relevantes en los ayuntamientos del país. El recuento incluye 16 presidentes municipales, exmandatarios locales o alcaldes electos, además de seis funcionarios de primer nivel en áreas de seguridad, catastro, obras públicas, oficialía mayor y secretaría municipal.
Según el recuento elaborado por La Razón, las detenciones de alto perfil se reparten en siete estados. Jalisco y Morelos encabezan la lista con cinco casos cada uno; les siguen el Estado de México y Puebla, con cuatro por entidad; Chiapas suma dos, mientras Oaxaca y Tlaxcala registran uno.
La revisión también permite dimensionar el avance judicial de la estrategia Enjambre. Hasta ahora, tan sólo 20 exservidores públicos municipales de la entidad mexiquense, donde se realizó el primer operativo, acumulan mil 146 años de prisión por homicidio, secuestro, extorsión, desaparición forzada y evasión.
Las sentencias alcanzan a exalcaldes, exdirectores de seguridad, policías municipales y mandos operativos, lo que muestra que la investigación atravesó cargos políticos, áreas de mando y corporaciones locales.
Por rangos, el bloque más amplio de detenciones corresponde a servidores vinculados con seguridad pública. Ahí entran directores, subdirectores, comisarios, mandos operativos y policías municipales señalados por delitos como extorsión, secuestro exprés, homicidio, desaparición forzada y protección a grupos criminales.
La segunda franja de detenciones se concentra en los cargos administrativos. Tesorerías, obras públicas, catastro, oficialías mayores y secretarías de ayuntamiento aparecen como puntos sensibles porque controlan recursos, permisos, padrones, predios, contratos y trámites municipales.
El grupo menos numeroso concentra el mayor peso político del expediente. Ahí aparecen alcaldes, exalcaldes, presidentes municipales electos, síndicos, regidores, tesoreros y secretarios de ayuntamiento, perfiles con poder de decisión sobre policías, recursos, permisos y territorio. Su captura desnuda un problema más profundo al demostrar cómo en algunas localidades, la corrupción no operaba como una desviación aislada, sino como una estructura instalada dentro del gobierno municipal.
A la lista de alcaldes y exediles se suman nombres como Ari Patrick Mendiola Mondragón, expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras; María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco; Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila; Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan, e Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla. En conjunto, esos casos muestran que la operación dejó de tocar únicamente áreas subordinadas y entró al centro de decisiones políticas locales.
Rocha no tiene protección federal: SSPC
