La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de reforma judicial para aplazar la segunda elección de jueces y magistrados, programada originalmente para 2027, hasta el 1 de junio de 2028, además de reducir el número de candidatos en las boletas y modificar el proceso de selección de aspirantes.
La propuesta fue entregada por la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde. De inmediato fue turnada a la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados prevén discutirla y votarla la próxima semana.
La titular de Segob afirmó que la propuesta busca consolidar la enmienda judicial: “Defender la reforma significa reconocerla como una conquista democrática, no de un partido ni de un gobierno, sino de la gente que exigió un Poder Judicial más justo y transparente”.
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Rodríguez Velázquez defendió la reforma judicial impulsada por el oficialismo y aseguró que el cambio “era y sigue siendo indispensable para cerrar el paso a diversas formas de injusticia, corrupción, delincuencia organizada, delincuencia de cuello blanco, para que no haya impunidad”.
La consejera jurídica señaló que la elección judicial del 1 de junio de 2025, en la que participaron alrededor de 13 millones de personas, permitió identificar áreas que deben ajustarse: “También nos mostró formas de poder hacerlo más eficiente, más claro y, sobre todo, más accesible para la ciudadanía”.
El coordinador de los diputado federales de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que el cambio responde a solicitudes hechas después del proceso de 2025: “Era una petición casi unánime de órganos electorales, Tribunal Electoral, politólogos, partidos políticos y distintos actores de la vida social”.
Asimismo, detalló la ruta legislativa que seguirá la propuesta: “Tenemos cinco días para que las comisiones se reúnan, reflexionen y el martes próximo se convocará a la Comisión de Puntos Constitucionales para la votación del dictamen”.
El zacatecan añadió que la discusión en el pleno de San Lázaro iniciaría el miércoles y podría prolongarse hasta el jueves, para posteriormente enviar la minuta al Senado, como cámara revisora, que se reunirá jueves y ese día podría terminar el proceso y enviar la minuta a los estados para su aval.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) estimó que, de avanzar sin cambios, la reforma podría entrar en vigor entre el 2 y el 3 de junio, luego de su declaratoria de constitucionalidad y publicación oficial.
La iniciativa modifica siete artículos de la Constitución: 35, 94, 96, 98, 100, 116 y 122. Uno de los cambios principales es la reducción del número de candidaturas que aparecerán en las boletas. Actualmente, los Comités de Evaluación pueden integrar listas de hasta 10 aspirantes para ministros de la Suprema Corte y hasta seis para magistraturas y juzgados, lo que derivó en boletas con más de 20 nombres en algunos casos.
La reforma plantea que cada comité seleccione únicamente a cuatro perfiles y, mediante insaculación, deje dos candidaturas finales: una mujer y un hombre. Así, cada Poder de la Unión presentaría dos candidatos por cargo y las boletas tendrían seis nombres en total.
También propone crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres Comités de Evaluación, que tendría facultades para homologar criterios, revisar requisitos legales y coordinar los procesos de evaluación y exámenes de conocimientos.
Otro de los cambios incluidos es permitir que la revocación de mandato se realice el mismo día de elecciones federales o locales, incluida la judicial de 2028. Actualmente, la Constitución prohíbe que coincida con una jornada electoral.
