La oposición panista colocó las reformas electorales de Morena en el centro de su rechazo al periodo extraordinario del Congreso, al advertir que el paquete legislativo abre una ruta para judicializar comicios, modificar la elección del Poder Judicial y crear filtros de candidaturas sin sanciones suficientes contra partidos que postulen perfiles ligados al crimen organizado. La discusión incluye iniciativas sobre:
- Elección judicial
- Nulidad de elecciones por intervención extranjera
- Integridad de candidaturas.
Desde la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera afirmó que su partido no respaldará las propuestas del oficialismo si Morena no incorpora los cambios planteados por la oposición. “No hay ni la más mínima posibilidad de acompañarlos”, sostuvo al responder sobre el periodo extraordinario.
El primer choque se concentró en la reforma judicial, que plantea ajustes al modelo de elección de jueces, magistrados y ministros. Morena ha defendido que la propuesta busca aplazar parte del calendario a 2028, reducir candidaturas, aplicar exámenes, simplificar boletas, homologar criterios de evaluación y fortalecer la capacitación permanente de personas juzgadoras.
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Para el PAN, esos cambios no resuelven el problema de fondo. Romero sostuvo que la modificación sólo separa la elección judicial de 2027, pero mantiene la concurrencia en procesos posteriores. “No es verdad, va a seguir el caos electoral”, dijo al acusar que la reforma permite empatar la elección judicial de 2028 con una eventual revocación de mandato.
Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, coordinador de las y los senadores panistas, afirmó que su bancada votará contra la reforma en materia de elección judicial. “Es importante entender que hay una enorme trampa y que es una reforma con gato encerrado”, declaró durante la conferencia.
A juicio del senador, la reducción de nombres en la boleta no representa una simplificación neutral, sino un mecanismo para acotar quién puede aparecer ante el electorado. Anaya dijo que la propuesta modifica el proceso de selección de perfiles, porque los comités de evaluación ya no escogerían a diez personas mejor calificadas para después sortear tres, sino a cuatro aspirantes para insacular dos.
Que ellos tengan aún más control sobre quién aparece en la boleta y, por lo tanto, quién ejerce un cargo y dicta una sentencia en nuestro paísRicardo Anaya Cortés
Acción Nacional no respalda la intervención externa
Otra parte del debate se centró en la reforma que incorpora la intervención extranjera como causal de nulidad electoral. La propuesta de Morena busca añadir un inciso al artículo 41 constitucional para anular votaciones cuando se compruebe intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con intención de influir en preferencias o resultados electorales.
Romero dijo que Acción Nacional no respalda la intervención externa en procesos mexicanos, pero cuestionó la falta de definición jurídica del término. “Nadie está a favor de la injerencia extranjera en México”, afirmó antes de señalar que el concepto podría abrir espacio a interpretaciones amplias por parte de autoridades electorales.
El dirigente panista sostuvo que la reforma no distingue con claridad entre intervención, cobertura periodística, opiniones emitidas desde el extranjero o investigaciones incómodas para un gobierno. “Intervención es un término no normado, no definido, no explicado”, dijo.
Anaya elevó la crítica al advertir que el texto abre la puerta a invalidaciones por actos de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros. El senador mencionó que esa amplitud podría alcanzar a organismos internacionales, medios de comunicación o instituciones extranjeras si alguna autoridad considera que sus pronunciamientos afectan una contienda.
Esto es en realidad una ley mordaza para que nadie fuera de México pueda señalar al narcogobierno que representa MorenaRicardo Anaya Cortés
La iniciativa también plantea cambios a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para reconocer la intervención extranjera como irregularidad grave. De acuerdo con la exposición pública de Morena, esa intervención podría manifestarse mediante financiamiento, ciberataques, campañas coordinadas de desinformación o presiones diplomáticas.
Frente a ese planteamiento, Anaya señaló que la redacción secundaria agrava el riesgo porque incluye una cláusula amplia sobre cualquier conducta que comprometa la autenticidad o libertad del sufragio. “Está diseñada la reforma para que puedan anular literalmente la elección que se les pegue la gana”, acusó.
Otro eje del rechazo panista apunta a la autoridad que tendría la última palabra sobre la nulidad. Según Anaya, el Tribunal Electoral resolvería bajo un marco que, desde la visión del PAN, quedaría sujeto a juzgadores electos mediante el nuevo modelo judicial. “Cualquier elección que pierdan con base en esta reforma la podrán anular”, dijo.
Sobre los filtros de candidaturas, Morena plantea una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas integrada por cinco consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Esa instancia podría solicitar información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar posibles vínculos con actividades ilícitas.
El PAN reconoció que comparte la idea de impedir candidaturas vinculadas con el crimen organizado, pero sostuvo que la propuesta se queda en una fase preventiva y no incluye sanciones de fondo contra los partidos. Romero afirmó que el planteamiento oficialista “se queda corta por completo” porque no establece consecuencias suficientes si una fuerza política impulsa de forma deliberada a perfiles relacionados con grupos criminales.
“Un partido que postule deliberadamente a personas con asociación con el crimen organizado pierda su registro”, planteó el dirigente panista como una de las exigencias que Acción Nacional busca incorporar al debate.
Respaldan nulidad por intervención extranjera con condición
Federico Döring, diputado federal del PAN, afirmó que la oposición respaldaría una discusión contra la intervención extranjera, siempre que también se incluya la intervención criminal como causa de nulidad electoral. Para el legislador, el Congreso debe revisar el financiamiento ilegal y el uso de estructuras delictivas en campañas, no sólo los riesgos atribuidos a actores externos.
“No queremos la intervención de nadie en la definición del destino de los mexicanos”, dijo Döring, antes de exigir que el vínculo con grupos criminales también tenga efectos sobre la validez de una elección.
Jorge Romero sostuvo que el PAN ya había propuesto un paquete de blindaje electoral desde febrero. Entre sus puntos incluyó sanciones por participación del crimen organizado en comicios, reglas contra la sobrerrepresentación, límites a servidores públicos en campañas y respeto al artículo 134 constitucional para evitar el uso electoral de programas sociales.
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