Más del 95 por ciento de los delitos en México corresponde al fuero común, por lo que la reducción de feminicidios exige fiscalías locales más fuertes, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
El funcionario federal sostuvo durante una entrevista radiofónica que el Gobierno de México puede apoyar a las entidades, pero advirtió que el primer contacto con las víctimas ocurre en las instituciones estatales de procuración de justicia.
“Si queremos disminuir los feminicidios, se tienen que fortalecer las fiscalías locales”, dijo García Harfuch al explicar que la atención inicial de estos casos recae en autoridades de cada estado.
Para el secretario de SSCP, la Federación tiene margen para respaldar investigaciones, reforzar capacidades y coordinar acciones, aunque el impacto directo sobre ese delito depende en gran parte del trabajo local.
“Difícilmente desde el Gobierno federal va a poder tener un impacto mucho mayor en este delito. Se apoya, sí, pero cuál es el primer contacto con las víctimas de este delito: la fiscalía local”, señaló.
El planteamiento formó parte de una explicación más amplia sobre los retos que deberá enfrentar la estrategia de seguridad al cierre del sexenio. García Harfuch indicó que una meta central será dejar instituciones federales y estatales con mayor capacidad operativa.
La coordinación con gobernadores, fiscales y secretarios de seguridad estatales también forma parte de esa ruta, de acuerdo con el funcionario. En ese esquema, las reuniones encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum buscan revisar los puntos críticos de cada entidad sin reducir el análisis a señalamientos políticos.
A partir de esa revisión, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana consideró que los gobiernos estatales tienen seis años para mejorar policías y fiscalías. Ese avance, dijo, puede medirse a partir de capacidades institucionales, resultados en investigación y atención directa a la ciudadanía.
Para García Harfuch, el fortalecimiento local no sólo impactaría en feminicidios, sino en la mayoría de los delitos que afectan a la población. Al estar dentro del fuero común, esos casos requieren corporaciones estatales con personal, investigación y coordinación suficientes.
El secretario vinculó esa meta con la necesidad de dejar una estructura de seguridad más sólida. El objetivo, afirmó, no se limita al Gobierno federal, ya que también implica elevar la capacidad de respuesta de las instituciones estatales ante los delitos que llegan primero a sus manos.
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MSL
