La cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos abrió un nuevo frente jurídico, después de que la defensa de 13 presuntos narcotraficantes pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) intervenir para que los acusados regresen al país y enfrenten sus procesos ante tribunales nacionales.
El reclamo alcanza a una parte de las 92 personas trasladadas por México a territorio estadounidense entre 2025 y 2026, dentro de una estrategia que el Gobierno federal defendió como parte de la relación bilateral en materia de justicia y combate al crimen organizado.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo en su conferencia matutina que México ha detenido a más de 50 mil personas vinculadas con delitos relacionados con la delincuencia organizada.
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La mandataria también afirmó que el Consejo Nacional de Seguridad avaló el envío de 92 requeridos por Estados Unidos con fines de extradición.
Marco Antonio Avilés Huerta, abogado de los 13 solicitantes, acudió el 3 de junio a la Cancillería para pedir asistencia consular. Su argumento central apunta a que los traslados no siguieron el debido proceso ni los procedimientos previstos en tratados internacionales. “Estamos denunciando que el Gobierno mexicano permitió ese intervencionismo que ahora tanto alardean que no debemos permitir”, declaró el litigante al salir de la SRE.
La lista conocida incluye a seis hombres señalados como presuntos integrantes o colaboradores de estructuras vinculadas con Los Zetas y el Cártel del Noreste. Entre ellos figuran Jesús Alberto Galaviz Vega, Juan Pedro Saldívar Farías, Miguel Ángel Rodríguez Díaz, Ramiro Pérez Moreno, Ricardo González Sauceda y Carlos Alberto Monsivais Treviño.
De acuerdo con la defensa, la Cancillería tiene margen para actuar porque no participó en la decisión operativa de trasladar a los detenidos. Avilés Huerta sostuvo que el caso corresponde ahora al ámbito consular, debido a que sus representados ya se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses.
La solicitud también apunta al trato jurídico que recibieron sus clientes frente a otros casos de mexicanos bajo investigaciones relacionadas con Estados Unidos, específicamente a los funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa señalados por vínculos con el Cártel de Sinaloa. El litigante acusó una aplicación desigual del debido proceso y advirtió que acudirá al Poder Judicial si la SRE no responde o rechaza el planteamiento.
La ruta anunciada por Avilés Huerta contempla un amparo en México y, después, recursos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La petición busca que los 13 presuntos narcotraficantes regresen al país, no que queden fuera de proceso.
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MSL
