En México, enfermarse cuesta cada vez más. Entre 2018 y 2025, el gasto de bolsillo en salud de los hogares aumentó 41.4 por ciento, al pasar de mil 135 a mil 605 pesos trimestrales, según datos de México Evalúa, que agregan que más de 40 millones de personas carecen de acceso a servicios médicos, más del doble que hace seis años. En este contexto, especifica que siete de cada 10 mexicanos optan por atenderse fuera del sistema público.
Detrás de estas cifras hay una realidad preocupante: el acceso a la salud depende cada vez más de la capacidad de pago. Mientras el sistema público enfrenta rezagos, millones de personas recurren a consultorios privados, farmacias o la automedicación para resolver sus problemas de salud.
- El Dato: Tras la publicación del decreto presidencial del Servicio Universal de Salud, el Gobierno inició en marzo el registro de la credencialización para todos los mexicanos.
El incremento de costos reflejado en el análisis de México Evalúa, basado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), también indica que las afectaciones a la población llegan de manera diferenciada. Los hogares más pobres han resentido el mayor impacto: el gasto en salud en el primer decil de ingresos creció 83 por ciento en el mismo periodo, al pasar de 355 a 651 pesos trimestrales. En contraste, el aumento para el 10 por ciento más rico fue de 34 por ciento.
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El problema va más allá de los montos absolutos. Al analizar la proporción del ingreso que se destina a la salud, se observa un patrón regresivo: los hogares más pobres llegan a destinar hasta 5.9 por ciento de sus ingresos disponibles —eso, sin considerar los apoyos sociales—, mientras que los más ricos apenas el 2.1 por ciento.
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El deterioro del sistema público también se refleja en el acceso. En 2025, 44.5 millones de personas reportaron que no cuentan con afiliación o acceso a servicios médicos, más del doble que los 20.1 millones registrados en 2018.
Para quienes sí tienen acceso, las condiciones tampoco son alentadoras. Los largos tiempos de espera —hasta tres veces mayores que en servicios privados— desincentivan el uso del sistema público. Esto empuja incluso a los derechohabientes a buscar atención privada, aunque ello implique un mayor gasto.
En el peor de los casos, la falta de opciones deriva en la decisión de no atenderse.
El debilitamiento institucional también se traduce en una reducción en la atención. En 2024, el sistema de salud otorgó 235 millones de consultas, 20 por ciento menos que en 2018. La caída es más pronunciada entre las personas sin seguridad social.
El economista en salud, Miguel Torres, advirtió en entrevista sobre las consecuencias: “Cuando una familia tiene que destinar casi el 6 por ciento de sus ingresos disponibles a salud, estamos hablando de un riesgo real de empobrecimiento. La enfermedad se convierte en un factor de desigualdad”. Asimismo, comentó que, desde la perspectiva de la gestión pública, el problema también radica en el uso de los recursos.
“Mi hijo se enfermó de las vías respiratorias y en el centro de salud no había citas hasta dentro de una semana”, relató María López, madre de familia en el Estado de México, quien dijo: “Terminé llevándolo a un consultorio de farmacia. Entre la consulta y los médicos, me gasté mil pesos, con lo que comemos en tres días. No todos tenemos un bolsillo desahogado”.
La Presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Servicio Universal de Salud (SUS) del Gobierno de México: “Como mecanismo obligatorio de coordinación e integración operativa entre las instituciones públicas federales”.
Forman parte del SUS los Hospitales Federales de Referencia (HFR), los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y los servicios de salud de las entidades federativas adheridas.
La finalidad del SUS, precisada en ese decreto, “es garantizar el derecho a los servicios de salud del pueblo de México e impulsar el acceso universal, progresivo, efectivo, oportuno, continuo, de calidad y sin discriminación alguna a todas las personas, considerando el nivel de atención médica que requieran, así como la capacidad instalada, financiera y presupuestaria de cada institución que lo integre”.
El pasado 6 de julio, la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) firmaron la Estrategia de Cooperación de País con México 2026-2030, un acuerdo que busca fortalecer el sistema nacional de salud, ampliar el acceso equitativo a servicios médicos de calidad y avanzar hacia la cobertura universal.
Durante la ceremonia, el secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que el instrumento permitirá alinear las prioridades nacionales con la cooperación técnica de la OPS/OMS para consolidar el SUS, fortalecer la atención primaria, impulsar la prevención y responder a los principales desafíos sanitarios del país.
El funcionario señaló que la estrategia se encuentra alineada con el Programa Sectorial de Salud, la Agenda de Salud Sostenible para las Américas y el Plan Estratégico de la OPS, además de contribuir a la transformación del Sistema Nacional de Salud mediante acciones enfocadas en sistemas y servicios médicos, enfermedades transmisibles y crónicas, salud mental, inmunización y preparación ante emergencias sanitarias.
“En el fondo de estas prioridades late una convicción compartida: la salud es un derecho, la desigualdad es inaceptable, la cooperación internacional agrega valor y las respuestas más sólidas son aquellas que se construyen en común”, concluyó.
El caso Tulum
