La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si es constitucional que un juez ordene la creación de una Comisión de la Verdad como mecanismo extraordinario para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El Pleno resolvió atraer diversos recursos de revisión promovidos por la Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con el propósito de que la Corte defina la validez de una sentencia de amparo que instruyó la conformación de ese mecanismo especial de investigación.
Durante la sesión, el secretario general de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, explicó que el tema a resolver consiste en determinar: “En una sentencia dictada en un juicio de amparo en el que se reclamó un auto de formal prisión por el delito de desaparición forzada de personas, ¿es válido que también se ordene la creación de una comisión de la verdad como mecanismo extraordinario de investigación o ello vulnera los principios de relatividad y división de poderes?”.
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El debate de la Suprema Corte se centrará en establecer si un juez de amparo tiene atribuciones para ordenar la creación de una Comisión de la Verdad o si una decisión de ese tipo invade competencias de otros poderes del Estado y contraviene el principio de que las sentencias de amparo sólo producen efectos para las partes involucradas.
Durante la discusión, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra se declaró impedida para participar en el asunto al señalar que previamente estuvo vinculada con las investigaciones del caso Ayotzinapa.
“La investigación penal que tiene que ver con esta solicitud está radicada en la actual Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, adscrita a la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la que yo fui titular”, expuso la ministra al justificar su excusa.
Pendiente, otra solicitud de atracción relacionada con Ayotzinapa
La solicitud de atracción fue respaldada por el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, así como por las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos González, y los ministros Giovanni Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Arístides Guerrero García.
Además de este expediente, permanece pendiente otra solicitud de atracción relacionada con el caso Ayotzinapa, en la que se busca que la Suprema Corte determine si las víctimas indirectas de desaparición forzada pueden ser reconocidas como parte interesada en los juicios de amparo promovidos por las personas imputadas.
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