La Presidenta Claudia Sheinbaum firmó la mañana de este miércoles en Palacio Nacional la iniciativa de ley general de feminicidios para la homologación del tipo penal en las 32 entidades de la República, la cual será enviada al Congreso de la Unión para su aprobación.
Durante la conferencia de prensa matutina, Claudia Sheinbaum recordó que en mayo se reformó la Constitución, para que este delito pudiera investigarse de la misma manera en todo el país por medio de una ley general.
“Lo que tenemos que garantizar para eliminar, para erradicar el feminicidio en nuestro país es por un lado la prevención, la atención, el conocimiento, la educación, la formación a través del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres y el trato digno entre las personas y la no discriminación, y no al machismo como también la cero impunidad frente al delito de feminicidio”.
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“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaja igual el delito de feminicidio, evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio, evitar al máximo que si se conoce la presunción del culpable de quien cometió este delito que lamentablemente en la mayoría de los casos es un familiar (...) Esta ley general garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.
La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que como la primera mujer Presidenta asumió la responsabilidad de proteger a las mujeres contra la violencia, por lo que se llevó a la Constitución los derechos de las mujeres: la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencia y la eliminación de la brecha salarial.
Además, expuso que el delito de feminicidio registra a la fecha una disminución de 36 por ciento respecto a 2021; sin embargo, señaló que el objetivo es que no haya ni un solo feminicidio en el país.
La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, detalló que la iniciativa de ley homologa el tipo penal en todo el país, estableciendo textualmente que: “comete el delito de feminicidio la persona que prive de la vida a una mujer por razones de género”.
Asimismo, establece 10 razones, como, por ejemplo: signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, delito motivado por estereotipos o prejuicios, contextos de asimetría de poder, entre otros. Se indica una pena de 50 a 70 años de prisión. Se establecen 19 agravantes que aumentan la pena en una mitad: la víctima esté embarazada o viva con discapacidad; sea periodista, defensora de los derechos humanos o migrante; se cometa por una persona funcionaria pública y la víctima presenta signos de violencia como ataques con ácido o sustancias inflamables.
Además de la pena privativa de libertad, el responsable también: perderá derechos sucesorios, perderá la tutela, curatela, guarda y custodia; perderá la patria potestad; será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público. Se prohíben excusas absolutorias o atenuantes por el delito de feminicidio; el delito, su sanción y la reparación de daño son imprescriptibles, no proceden criterios de oportunidad, conmutación de pena, libertad condicionada, ni amnistías.
La titular de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Maribel Bojorges Beltrán, destacó que esta iniciativa parte de la premisa fundamental de investigar con la debida diligencia el feminicidio que deberá de realizarse con perspectiva de género, la debida diligencia reforzada, los análisis de contexto de violencia, la preservación adecuada de indicios y una coordinación entre instituciones de seguridad, procuración de justicia y, sobre todo, la atención a víctimas.
Se establece que la Unidad o Fiscalía Especializada que hubiera iniciado la investigación, así como el Ministerio Público adscrito a la misma, deberán intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal desde su inicio y hasta la ejecución de las sanciones para garantizar la debida diligencia, la continuidad procesal y la protección integral de los derechos de las víctimas. Además, la ley dispone derechos de las víctimas a la reparación integral del daño, el establecimiento de coordinación institucional y el establecimiento de políticas públicas.
La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, puntualizó que la ley también reconoce los derechos de las víctimas, como lo son: acceso a la verdad y la justicia, atención médica y psicológica de urgencia para sobrevivientes y víctimas indirectas, asistencia jurídica especializada y gratuita, atención integral para niñas, niños y adolescentes en orfandad, restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida, servicios de traducción e interpretación.
Destacó que se contempla la reparación integral del daño, la cual deberá ser transformadora, adecuada, efectiva, rápida y proporcional, además: la Federación y entidades federativas son responsables de implementar acciones de bienestar integral con énfasis en hijos e hijas de víctimas; las personas, medios de comunicación y plataformas digitales, deberán respetar la dignidad de las víctimas directas e indirectas; y todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar el derecho a la verdad.
Agregó que se implementan una serie de políticas públicas articuladas por el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia, que tiene por objeto verificar y promover que, en todos los estados, existan los elementos institucionales, normativos y estructurales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia feminicida. Además, se implementarán campañas de concientización e información para prevenir el delito de feminicidio, se crearán grupos técnicos de apoyo y el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, se actualizarán los registros de feminicidios a nivel nacional y se establecen Planes Integrales de Protección para víctimas sobrevivientes.
Recordó que el Gobierno de México tiene multiservicios en apoyo a las mujeres: mil Centros LIBRES, 85 Centros de Justicia, 99 espacios de refugio, la línea 079 opción 1 y mil 200 mujeres que conforman la red de Abogadas de las mujeres en todo el país.
Aunque feminicidios van a la baja, varios permanecen sin sanción, reconoce CSP
Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, a pesar de que los feminicidios en México han disminuido, varios permanecen sin una sanción aplicada, contexto en el cual recordó que uno de sus compromisos al tomar el máximo cargo del país se comprometió a proteger a las mujeres contra la violencia y por ello envía la iniciativa para crear una ley que atienda los crímenes que atentan contra este sector de la población.
“Como primera mujer presidenta asumí la responsabilidad de proteger a las mujeres frente a la violencia, contra la violencia. Y para ello lo primero que hicimos fue llevar a la Constitución los derechos de las mujeres, que no estaban plenamente establecidos”, comentó Claudia Sheinbaum.
La mandataria comentó que el peor delito contra la mujer es cuando se le arrebata la vida por el hecho de ser mujer y, en ese contexto es que se han insertado las diversas reformas y políticas adoptadas en su gobierno para robustecer el combate a esta forma de la violencia.
“El peor delito de violencia contra las mujeres, la peor forma de discriminación de trato indigno hacia una mujer, pues es la muerte, el feminicidio, que significa asesinar, quitarle la vida a una mujer por el solo hecho de ser mujer. Es un delito de odio asociado a ser mujer. En nuestro país, aun y cuando van disminuyendo los feminicidios, todavía se cometen feminicidios, y muchos de ellos lamentablemente siguen sin sanción”, dijo.
Por ello enfatizó que es importante igualar en todos los estados los protocolos con los que se investigan estos crímenes, ya que hay fiscalìas en donde las muertes violentas de mujeres son catalogadas como suicidios, a pesar de que se cuenta con los indicios para aprehender a los responsables.
“En algunas fiscalías se sigue catalogando la muerte violenta de una mujer como suicidio, o la muerte violenta de una mujer, aun y cuando todos los indicios tienen que ver con un familiar directo, se tardan mucho en reconocer la exposición de los familiares respecto a la violencia que pudiera haber vivido la mujer previamente. Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”, dijo.
Comentó que en la mayoría de los casos, los feminicidios son cometidos por familiares directos de la víctima e aunque haya antecedentes expresados de violencia, hay veces en las que las fiscalías no actúan con oportunidad.
“Y muchas veces, aunque la familia le diga a la fiscalía que vivía violencia, difícilmente puede eh reconocerse o se dice, “¿Por qué no lo denunció previamente la mujer?” Cuando muchas veces no lo denunció por miedo. Esta Ley General garantiza que todo eso pueda disminuirse al máximo y que realmente tengamos cero impunidad frente a los feminicidios”, dijo.
Con información de Yulia Bonilla
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