La Fiscalía General de la República (FGR) asestó un golpe a la que consideró “la más grande red de contrabando de combustible detectada hasta el momento”, un entramado que operó mediante ferrocarriles, empresas, agencias aduanales y cuentas bancarias.
La investigación permitió obtener órdenes de aprehensión contra 25 objetivos, entre ellos Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y fundador de una compañía vinculada con el inicio de este esquema.
El rastreo financiero reveló movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos en cerca de 80 cuentas nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. La organización habría causado un daño mayor a 4 mil millones de pesos a la Hacienda pública mediante importaciones irregulares y evasión fiscal.
Elementos del gabinete de seguridad capturaron al ex mandatario en Ensenada junto con otras cuatro personas. La fiscal general, Ernestina Godoy, informó que las autoridades trabajan para ejecutar el resto de los mandamientos judiciales contra socios, operadores logísticos, agentes aduanales y servidores públicos.
De acuerdo con la funcionaria, la organización realizó 4 mil 238 operaciones de importación entre enero y julio de 2025 por Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa. El análisis permitió calcular un posible perjuicio superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda pública por la entrada irregular de combustibles y la omisión de contribuciones.
A partir del aseguramiento de 33 ferrotanques en julio del año pasado, en Ramos Arizpe, Coahuila, los investigadores reconstruyeron el origen, traslado y destino del producto. En esa acción participaron las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la FGR, Petróleos Mexicanos, Protección Civil y la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Según el mensaje, el esquema comenzó mediante una empresa fundada por Ruffo Appel y vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de terminales. Las compañías relacionadas importaban derivados del petróleo desde refinerías de Texas y los distribuían principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
“Declaraban sólo el 10% de la capacidad real de cada carro tanque”, señaló Godoy. Los documentos reportaban cerca de 10 mil litros por unidad, aunque el volumen transportado alcanzaba hasta 110 mil. La estructura también registraba productos distintos a los movilizados con el propósito de evadir impuestos.
Cómo funcionaba la presunta red criminal
Con ese mecanismo, el combustible ingresaba sin las revisiones aduaneras correspondientes y llegaba a vías de conexión ferroviaria. Ahí, operadores lo transferían a pipas y tractocamiones para su comercialización en diferentes regiones del país, sin los permisos de la autoridad reguladora del sector energético.
Para los cargamentos investigados, la Fiscalía determinó que 15 millones 299 mil 830 litros no aparecieron en las declaraciones oficiales. La red habría empleado 162 carros tanque y generado una evasión de 88.5 millones de pesos por el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), además de 18.2 millones correspondientes al del Valor Agregado (IVA).
Mediante el rastreo financiero, la institución localizó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos en cerca de 80 cuentas nacionales, así como operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares. Los recursos entraban y salían casi de inmediato, mientras los saldos permanecían en niveles mínimos.
También se detectaron importaciones de diésel equivalentes a más de diez veces el volumen autorizado. En el caso de la gasolina regular, las compañías introdujeron una cantidad 3.5 veces mayor a la permitida.
Respecto del alcance de las investigaciones contra el contrabando, Godoy indicó que la FGR llevó a proceso a 407 personas entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 por redes que operaban mediante rutas marítimas, ferroviarias y terrestres.
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MSL
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