La promesa de abrir las puertas de una institución pública mediante dinero, influencias o documentos falsos cuenta con varios antecedentes penales en México. Durante más de dos décadas, la antigua Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General de la República (FGR) recibieron denuncias relacionadas con el acceso irregular a escuelas, la alteración de expedientes académicos y el uso de constancias apócrifas dentro de procesos de selección a la educación superior.
El caso más cercano a un fraude directo contra aspirantes surgió en 2003. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunció a personas que ofrecían lugares en esa casa de estudios y en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a cambio de dos mil pesos. Los responsables aseguraban que podían eludir el examen y solicitaban información vinculada con el registro de los interesados. La PGR abrió la averiguación previa 1353 DDDF/2003 en su delegación del entonces Distrito Federal.
- El Dato: Los trámites de inscripción estaban programados para este 27 de julio, pero la UNAM suspendió provisionalmente la entrega de documentos para la investigación.
A diferencia de una irregularidad cometida dentro del sistema universitario, aquel esquema operaba desde el exterior. Los implicados explotaban la competencia por un espacio, cobraban antes de la publicación de resultados y desaparecían después del depósito. La institución sostuvo que ninguna gestión particular sustituía al concurso de selección. La información pública disponible acredita la denuncia, aunque no permite establecer si el expediente concluyó con una consignación o sentencia.
Doce años más tarde, el problema adquirió otra dimensión en el IPN. Autoridades de esa institución reconocieron en 2015 que cerca de 10 por ciento de los espacios de educación superior llegaron a distribuirse mediante recomendaciones. Entre los beneficiarios aparecían personas respaldadas por gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas, antiguos funcionarios, organizaciones estudiantiles, grupos de egresados y representaciones sindicales. Algunos aspirantes ni siquiera habían presentado la prueba correspondiente.
- 158 mil pruebas aplicó la UNAM en este examen
Pero las investigaciones penales conocidas no apuntaron directamente contra quienes otorgaron esos accesos. En agosto de 2016, el IPN presentó tres denuncias ante la PGR contra 13 trabajadores que cerraron instalaciones para exigir 40 lugares destinados a sus hijos, quienes no superaron el examen. Las querellas señalaron posibles amenazas, violencia y actos dirigidos a obligar a las autoridades a modificar una decisión. El episodio mostró cómo la disputa por la matrícula podía pasar de la gestión política a la presión sobre los planteles, sin que ambas conductas constituyeran el mismo delito.
La manipulación también alcanzó los registros académicos. En 2017, el Politécnico presentó siete denuncias ante la Procuraduría después de detectar intentos de alterar calificaciones dentro del Sistema de Administración Escolar. La revisión abarcó a 624 alumnos de 28 planteles y colocó bajo investigación interna a 10 trabajadores. Estudiantes también reportaron ofertas en redes sociales y escuelas, con cobros de entre mil y cuatro mil pesos por modificar resultados.
Otro frente surgió con los certificados apócrifos. Ese mismo año, la PGR ejecutó órdenes de aprehensión por el uso de documentos de bachillerato falsos ante autoridades educativas. Los expedientes no correspondían necesariamente a la compra de una matrícula, pero mostraron la intervención federal cuando el engaño involucraba papeles públicos destinados a acreditar estudios inexistentes.
Con la FGR ya en funciones, las denuncias alcanzaron los procesos de incorporación de personal educativo. En 2022, la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) localizó 24 sitios o perfiles que vendían constancias falsas de cursos extracurriculares. Los documentos utilizaban distintivos de la Secretaría de Educación Pública y servían para obtener puntos dentro del procedimiento de admisión docente. Este caso fue expuesto ante el Ministerio Público federal.
En conjunto, los expedientes no describen una sola red ni un mecanismo uniforme. Unos partieron del engaño a familias, otros involucraron influencias, protestas para obtener espacios, cambios en historiales o papeles falsificados. Sin embargo, todos tocaron el mismo punto sensible, la posibilidad de convertir una evaluación académica en una mercancía o en una decisión sujeta a intermediarios.
La revisión de estos expedientes también revela un vacío. La presentación de una denuncia o la apertura de una investigación no equivale a una responsabilidad penal ni asegura una sentencia para quienes convirtieron el acceso a la educación en un negocio.
Atajos
Algunos fraudes educativos registrados.
- 2003. Denuncian a personas que ofrecían lugares en la UNAM y el IPN por 2 mil pesos, y que podían eludir el examen.
- 2015. Autoridades reconocen que en el IPN 10% de los lugares de nivel superior llegaron a distribuirse mediante recomendaciones.
- 2016. El IPN denuncia a 13 empleados que cerraron instalaciones para exigir 40 lugares para sus hijos, quienes no pasaron el examen.
- 2017. El Politécnico presenta 7 denuncias tras detectar intentos de alterar calificaciones que involucraban a trabajadores.
- 2017. La PGR ejecutó órdenes de aprehensión por el uso de documentos de bachillerato falsos ante autoridades educativas.
Abren puerta a que acudan a la FGR
| Por Yulia Bonilla |
LA PRESIDENTAClaudia Sheinbaum Pardo comentó que si las presuntas trampas que generaron los resultados atípicamente altos en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvieron que ver con la comisión de un delito, entonces se debe acudir ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Consultada nuevamente sobre el conflicto que enfrenta la máxima casa de estudios, la mandataria federal reiteró que ella no intervendrá porque es una institución autónoma que encontrará la solución por sus propios medios; sin embargo, afirmó que se mantendrá el apoyo cuando así lo requiera.
- El Tip: Entre las irregularidades señaladas durante la presentación del examen están la suplantación de identidad, la ayuda de terceros y el uso de Inteligencia Artificial.
“Apoyo siempre puede haber, pero, en todo caso, si hay la comisión de un delito, es en todo caso la Fiscalía. Yo creo que la UNAM tiene que resolver dos temas, dentro de su autonomía. 1. Cómo va a resolver el problema del propio examen: si el examen no va a ser válido, si sí va a ser válido, si va a aplicar un nuevo examen; si los que obtuvieron la calificación aprobatoria, unos entrarán y otros no entrarán. Ese tema lo tienen que resolver ellos”, dijo Sheinbaum Pardo.
En su conferencia de prensa mañanera, reiteró su expectativa sobre que la universidad pueda resolver el asunto en el corto plazo, con el fin de garantizar certeza a los jóvenes que se prepararon para presentar la prueba.
“¿Qué va a pasar con ese examen que se aplicó a distancia y que encontraron que tuvo irregularidades? Ése es un tema que tienen que resolver por los jóvenes, porque los jóvenes siempre se preparan para el examen de admisión y quieren tener certeza de qué va a pasar ahora que se entre a clases. Entonces, tienen que resolver esa parte. Y eso sólo lo pueden resolver ellos, porque es una institución autónoma académicamente y también en términos de su forma de gobierno. Y ojalá lo puedan resolver pronto para que pueda haber certeza para todos los estudiantes que quieren entrar”, dijo.
El otro tema que debe resolver, sostuvo la mandataria, “tiene que ver con cómo se cometió este fraude: si participó la empresa que contrataron para hacer el examen; si fue más bien que cada quien individualmente, algunos estudiantes utilizaron la Inteligencia Artificial”.
En este contexto, también señaló que la UNAM decidirá si solicita el apoyo de otras áreas del gobierno o de la misma fiscalía respecto a la empresa a la que había contratado para la operación del sistema.
“Ésa investigación, pues más que la propia agencia, aunque se puede dar asesoría, pues tendrían que revisar ellos con quién hacen esa investigación o si requieren de la Fiscalía para realizar este tipo de investigaciones. Y si resulta eso: si van a poner una denuncia o no van a poner una denuncia. Así lo veo yo desde nuestra perspectiva”, declaró.
UNAM apura salida entre exigencia de anular... y también amagos de amparos
