Seis de los 17 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que organizarán las elecciones en 2027 llegarán al arranque del proceso electoral, previsto para la primera semana de septiembre, con mayores recortes y déficits presupuestales.
En este proceso, es a las autoridades electorales locales —y no al Instituto Nacional Electoral (INE)— a quienes corresponde determinar si las giras, recorridos territoriales anticipados y la propaganda digital de aspirantes constituyen actos anticipados de precampaña. Es decir, los organismos con menos recursos son, al mismo tiempo, los que concentran la facultad de vigilar uno de los frentes más sensibles de la elección.
- El Dato: En 2027 también se renuevan 1,802 presidencias municipales, las 16 alcaldías de la CDMX, así como mil 818 divisiones administrativas locales sujetas a renovación de cargos.
En conjunto, los organismos de las 32 entidades locales solicitaron 17 mil dos millones de pesos para 2026, pero los congresos estatales autorizaron únicamente 13 mil 714.4 millones, un boquete de casi tres mil 300 millones de pesos respecto a lo requerido.
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De acuerdo con el Tercer Informe sobre la Situación Presupuestal de los Organismos Públicos Locales, con corte al 10 de julio de 2026, los OPLE de Colima, Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí reportan los recortes más severos, mientras que Querétaro y Zacatecas debieron priorizar su operación institucional y gestionar recursos adicionales para sostener las actividades del proceso electoral.
Colima es el único clasificado en semáforo rojo (riesgo alto) entre los 32 OPLE del país, aunado a que no le autorizaron recursos para el inicio del proceso electoral del siguiente año; los de Guerrero, Nuevo León y San Luis Potosí están en amarillo (riesgo moderado).
Por entidad, el organismo de Nuevo León tuvo el mayor recorte, con 32.92 por ciento, con un déficit cercano al 51 por ciento. Le sigue San Luis Potosí (31.69 por ciento de recorte, déficit superior al 54), Colima (30.62 por ciento, el nivel de riesgo más alto del país) y Guerrero (30.57 por ciento, déficit cercano al 42).
El de Colima, además, enfrentó negativas a solicitudes de ampliación presupuestal y promovió medios de impugnación por la insuficiencia de recursos.
En total, 15 organismos electorales locales solicitaron ampliaciones presupuestales para cumplir con sus atribuciones constitucionales; algunos siguen en espera y otros ya recibieron una negativa.
La consejera Carla Humphrey explicó dónde termina la facultad del INE: “Las únicas autoridades que pueden determinar si son actos de precampaña o de campaña anticipados son las autoridades locales. Nosotros, en esta ocasión, solamente tenemos a nuestro cargo la organización de la elección de la Cámara de Diputados”.
Según explicó, el INE no puede intervenir en esos procedimientos mientras las autoridades locales no determinen que existe un acto anticipado de campaña o precampaña. Y citó el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): “La Sala Superior ya también ha dicho que ésos son recursos ordinarios, salvo que alguna autoridad local determine que son actos anticipados de campaña o de precampaña y entonces esta autoridad los fiscalizará”.
Ese reparto de competencias está previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que asigna a los OPLE la organización de las elecciones de gobernador y la atención, en primera instancia, de las denuncias por posibles actos anticipados.
La propia Sala Superior del TEPJF lo reforzó al resolver, en 2023, que los llamados “procesos políticos internos” de los partidos no constituyen por sí mismos precampañas, por lo que sus gastos pueden registrarse inicialmente como gasto ordinario, salvo que la autoridad competente determine lo contrario.
Bajo ese esquema, el recorte presupuestal no afecta directo a la fiscalización de los recursos de los partidos, facultad que sigue siendo del INE una vez que existe una determinación local, sino la capacidad operativa de las áreas jurídicas y de quejas de los organismos locales, que son las responsables de detectar, integrar expedientes y resolver actos anticipados.
El analista electoral Jorge Aljovín cuestionó trasladar la carga de fiscalizar las precampañas a los OPLE, y recordó que el modelo centralizado se estableció en la reforma electoral de 2014, para evitar que los institutos locales “cooptados por los propios gobernadores”, dijo, ejercieran una “fiscalización a modo”.
Su crítica apunta directo al punto que las cifras presupuestales confirman: si un OPLE no tiene capacidad operativa para integrar expedientes, la facultad legal de vigilar actos anticipados se vuelve, en los hechos, letra muerta.
A esa fragilidad se suma un vacío normativo: hasta ahora no existen lineamientos específicos para fiscalizar las precampañas, cuya aprobación ha sido aplazada dos veces por el Consejo General del INE.
El Consejo General sesionará hoy y se prevé que retome esa discusión, aunque todavía está por verse si se aprueban y cuál sería su alcance y sentido final, a menos de 40 días de que arranque formalmente el proceso electoral 2026-2027.
VA POR MÁS RECURSOS. El INE perfila solicitar un presupuesto total de 36 mil 119 millones 143 mil 896 pesos para el ejercicio fiscal 2027, de los cuales 13 mil 453 millones de pesos se destinarían a la organización de la elección federal en la que se renovará la Cámara de Diputados.
El proyecto plantea un presupuesto integrado por tres grandes rubros: 14 mil 36 millones 192 mil 356 pesos para el Presupuesto Base; 17 mil 395 millones 695 mil 444 pesos para la Cartera Institucional de Proyectos (CIP) y cuatro mil 687 millones 256 mil 96 pesos como Presupuesto Precautorio, previsto únicamente en caso de que se convoque a una consulta popular o un proceso de revocación de mandato.
En la Cartera Institucional de Proyectos destaca una asignación de 13 mil 453 millones para organizar el proceso electoral de 2027, recursos que se destinarían a la instalación de casillas, capacitación, producción de materiales electorales y actividades necesarias para la jornada electoral.
Asimismo, se contemplan 474.3 millones de pesos para la organización de procesos electorales locales; 775.8 millones para iniciar la organización de la elección judicial de 2028 y 33 millones para la coordinación del Sistema Nacional Electoral.
INE PONE FRENO A ALITO MORENO
Por Tania Gómez
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó procedente la adopción de medidas cautelares en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, tras analizar una queja presentada por Morena por presuntas expresiones calumniosas difundidas en redes sociales.
La sesión, de carácter extraordinario, urgente y privado, abordó una solicitud de medidas cautelares promovida por Morena en contra de Alito Moreno y del tricolor por la publicación de mensajes en los que se le vinculó al partido con los términos “narcogobierno”, “narcopropagandista”, “narcopolíticos”, “narcodictadura”, “Cartel de Morena” y “narcopartido”.
De acuerdo con Morena, dichas expresiones le atribuyen falsamente nexos con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Tras el análisis correspondiente, la comisión resolvió procedente la adopción de medidas cautelares respecto de cinco publicaciones realizadas desde cuentas de redes sociales de Alejandro Moreno y cuatro publicaciones o reposteos difundidos por la cuenta oficial del PRI.
Estimó que dichos contenidos podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos en perjuicio de Morena, al asociarlo con actividades relacionadas con el narcotráfico sin sustento que lo acredite.
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