Autoridades federales de Estados Unidos desarticularon en Arizona una red de 21 personas acusadas de abastecer armas a compradores en México mediante prestanombres, compras divididas y enlaces de contrabando. El expediente reúne 158 cargos y concentra cuatro pesquisas que durante dos años rastrearon operaciones en Phoenix relacionadas con más de 100 armas y 125 mil cartuchos.
El mecanismo comenzaba con el reclutamiento de terceros. Según el escrito judicial, Fernando Daniel Castro ofrecía dinero a personas que acudían a establecimientos autorizados y se presentaban como los compradores reales, aunque adquirían el armamento por encargo. Esa simulación permitía ocultar la identidad de quien financiaba y recibiría las piezas.
- El Dato: Una condena por traficar armas en EU conlleva una pena de 15 años de cárcel y/o una multa de 250 mil dólares.
Para reducir sospechas, el grupo dividía las operaciones entre distintos comercios del condado de Maricopa y otras zonas de Arizona. Los intermediarios compraban pistolas, rifles y municiones en transacciones separadas. Después entregaban el material a Fernando Daniel, quien lo revendía con ganancias pese a saber, o tener motivos para creer, que saldría de EU.
Entre las piezas colocadas mediante ese esquema figuraban pistolas Glock 19 y rifles tipo AK. Los fiscales atribuyen a los involucrados conspiración para adquirir y revender armas sin licencia, declaraciones falsas y tráfico ilegal.
Ese reparto de funciones buscaba fragmentar una cadena en actos aparentemente independientes. Tras la venta legal, distintas personas acercaban las armas a la frontera. “Esta red intentó ser sofisticada y dividir sus compras”, explicó Albert J. Gibes, responsable de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) en Phoenix.
J. Gibes no identificó a la organización que recibía este armamento, debido a una investigación en curso, pero puntualizó que opera en territorio mexicano.
Entre los acusados aparecen Cruz Rafael Castro, Marque J’von Rogers, Taquan Antonio M. Carter, Zaccheus Faith Baselt y Juan Manuel Torres, junto con otros 15 implicados. El fiscal federal Timothy Courchaine informó que todos quedaron bajo custodia de EU. Algunos se encontraban en México antes de su detención, aunque ninguno llegó mediante extradición.
Los establecimientos con licencia resultaron decisivos para detectar operaciones fuera de lo habitual.
Courchaine explicó que los comerciantes alertaban a la autoridad ante pagos cuantiosos en efectivo o pedidos de armamento poco común.
El funcionario rechazó que la operación repitiera el modelo de Rápido y Furioso, investigación en la cual autoridades perdieron el control de armas que cruzaron la frontera. “Las armas de fuego no se perdieron durante el proceso y quiero ser claro al respecto”, declaró.
Otros procesos muestran la dimensión del flujo investigado. Emmanual Rabena-Velderrain admitió que intentó cruzar a México con 42 rifles tipo AK y 42 cargadores. Amairany Guadalupe Armendáriz Álvarez recibió 24 meses de prisión después de reconocer que recogió en Phoenix tres fusiles M249 y una pistola Colt para su posterior traslado clandestino.
Las causas todavía tienen resoluciones pendientes. Los delitos más graves contemplan penas máximas de 15 años de prisión. El contrabando alcanza hasta una década y las demás conductas, cinco años. Cada cargo también puede implicar multas de 250 mil dólares.
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